Estafas con viviendas en Bariloche: quiénes son los cuatro imputados
La Justicia formuló cargos contra cuatro personas acusadas de integrar una maniobra que habría perjudicado a nueve grupos familiares mediante la comercialización de viviendas modulares construidas con contenedores marítimos que nunca llegaron a entregarse.
Los imputados son Nicolás Ruival, Damián Soto, Marina Silvia Rojas y Sofía Ellera Moyano, quienes, según la teoría presentada por la Fiscalía, actuaban de manera coordinada dentro de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares.
De acuerdo con la acusación, cada uno de ellos habría desempeñado distintos roles vinculados con la administración, comercialización, cobro y seguimiento de los proyectos ofrecidos a los clientes.
La investigación sostiene que entre 2022 y 2025 ofrecieron viviendas familiares bajo la modalidad “llave en mano”, promocionando plazos de ejecución considerablemente más breves que los de una construcción tradicional. Para concretar las operaciones, celebraban contratos de obra y percibían importantes adelantos en dólares.
Según la Fiscalía, una vez firmados los acuerdos, los clientes recibían información que indicaba que las viviendas avanzaban conforme a lo pactado. En algunos casos, incluso se habrían exhibido contenedores supuestamente destinados a determinadas obras, colocado carteles con los nombres de los compradores y ofrecido mejoras adicionales por las que también se cobraban sumas extra.
La acusación sostiene que las personas imputadas no contaban con la capacidad técnica, financiera ni operativa necesaria para cumplir con los compromisos asumidos. A pesar de ello, habrían continuado celebrando contratos, recibiendo pagos y solicitando prórrogas mientras aseguraban que las obras seguían en marcha.
La maniobra investigada habría afectado a nueve grupos familiares que contrataron viviendas entre 2022 y 2024. Según la causa, la mayoría de las víctimas abonó cerca del 90% del valor total de las construcciones sin recibir las viviendas comprometidas.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencia denuncias de personas damnificadas, contratos de obra, comprobantes de pago, conversaciones por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, cartas documento, documentación societaria, informes comerciales y financieros, además de elementos secuestrados en allanamientos.
Entre los objetos incautados se encuentran siete teléfonos celulares, cuatro computadoras de escritorio, nueve notebooks y tablets, dispositivos de almacenamiento digital, un sistema electrónico de cobro y documentación comercial que será sometida a peritajes especializados.
La investigación también analiza la creación posterior de otra sociedad comercial vinculada al mismo rubro de la construcción modular, que según la acusación comenzó a operar durante 2025 ofreciendo servicios similares.
Atento a la cantidad de personas imputadas, los nueve hechos investigados y el importante volumen de prueba documental, informática y contable pendiente de análisis, la Fiscalía solicitó que el expediente sea tramitado como causa compleja.
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por nueve hechos de estafa en concurso real, atribuidos a Nicolás Ruival, Damián Soto, Marina Silvia Rojas y Sofía Ellera Moyano en carácter de coautores. Además, declaró la investigación como asunto complejo y fijó como plazo para la investigación preparatoria el 2 de junio de 2027.
Asimismo, dispuso la prohibición de salida del país para los cuatro imputados, la inhibición general de bienes de las personas y sociedades alcanzadas por la investigación, la obligación de fijar domicilio y la de permanecer a derecho mientras avance el proceso judicial.