Vecinos de Villa Mascardi rechazan entrega de tierras a "los violentos y los usurpadores"

La Mesa de Coordinación en Defensa de vecinos de Villa Mascardi difundió un comunicado de acuerdo a lo transcendido en distintos medios de comunicación respecto a que el Gobierno Nacional estaría evaluando la entrega de tierras "a los violentos y usurpadores de nuestras casas y  terrenos, en el mismo lugar usurpado o en otro lugar de la Provincia de Río Negro a cambio de que cesen la violencia contra los ciudadanos y los bienes". 

En el texto del comunicado indicaron que en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, tramita la causa FGR 26511/17  “Jaramillo, Martha Luciana y otros sobre usurpación”, en la cual están procesados por usurpación y daños varios de los integrantes, asimismo existen en la Justicia Provincial en la Fiscalía a cargo de la Dra. Betiana Cendón más de treinta legajos de investigación respecto a los delitos cometidos por violentos usurpadores que se autodenominan integrantes  del Lof LAlfken Winkul Mapu desde hace tres años, tales como lesiones, daños, tenencia ilegal de armas, atentado a la integridad física de particulares y de funcionarios públicos, tentativa de homicidio, incendio, estragos, despojos violentos, daño ambiental, etc. Por lo tanto, continúan, "cualquier decisión de un funcionario público del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, en cuanto al otorgamiento de tierras a personas procesadas o investigadas por estos delitos, constituiría automáticamente los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos y bienes públicos y que pertenecen al Pueblo Argentino".

Por otra parte, señalaron que "el intento del Gobierno Nacional de forzar una negociación con los usurpadores es incompatible con el Estado de Derecho y que ni el Ministerio de Seguridad ni el Instituto de Asuntos Indígenas tienen facultades para disponer de tierras públicas ni privadas. Tampoco pueden otorgar tierras fiscales o del dominio privado del Estado mediante resoluciones simples a personas que usurpan. Esto los convierte en cómplices y por lo tanto deberían renunciar tanto la señora Magdalena Odarda como el señor Luis Pilquimán, y en su caso serán pasibles de denuncia penal por omisión o complicidad con las tomas de tierras. Lo mismo cabe para el Director de Parques Nacionales señor Somma".

En el tecer punto del comunicado, los vecinos apuntaron que el artículo 181 del Código Penal en su inciso 1º determina que es delito si por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad se despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; en el Inciso 2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterara los límites del mismo; Inciso 3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

"El artículo es claro respecto a que la toma de tierras o inmuebles es ilegal, ahora si siguiéramos el razonamiento de la Ministra de Seguridad Sabina Frederic y el Gobierno Nacional en cuanto a que se requiere una sentencia firme para declarar ilegal una toma, entonces ¿se requiere una sentencia firme también para declarar ilegal un homicidio o una violación?", se preguntaron y continuaron: "La sentencia firme establece la confirmación jurisdiccional sobre la autoría y la materialidad de un hecho delictivo, pero de ningún modo resulta una condición previa para conocer la ilegalidad de un acto. Estamos ante un absurdo peligroso y de consecuencia imprevisibles". 

La Mesa de Coordinación aclaró que "hace responsable al Gobierno Nacional de cualquier situación de violencia o intimidación a los habitantes de Villa Mascardi como así también a los habitantes de Bariloche, toda vez que la pasividad ¿complicidad? de algunos funcionarios del Gobierno Nacional nos pone en peligro a todos y nos desampara frente a bandas criminales organizadas que desconocen al Estado Argentino y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Su actitud permite sospechar que estamos a las puertas de una escalada de violencia y usurpaciones en Río Negro, a través de estos funcionarios que están alimentando el conflicto y el quiebre social en nuestra ciudad".

Por último, solicitaron a las autoridades judiciales que ejerzan su rol sin temor, "apliquen la ley y reestablezcan el orden".