De parias políticos a cinco elecciones en un año

Como barilochenses, el ejercicio de los derechos políticos municipales arrancó en 1930 y se vio rápidamente interrumpido por el golpe de septiembre. Como rionegrinos, fuimos ciudadanos de segunda hasta 1955 aunque recién se pudo votar cuando retornó la democracia.

El próximo domingo (1ro de septiembre) las y los barilochenses concurriremos una vez más a las urnas para decidir en quiénes depositar los destinos de la ciudad a partir del 10 de diciembre de 2019. Elecciones municipales. Como no hace tanto que concurrimos a las escuelas para participar en las PASO y en octubre haremos otro tanto para definir la situación nacional, no faltan las quejas: ¡otra vez a votar! Antes aún, habíamos elegido autoridades provinciales, así que si hay balotaje, pueden sumar cinco los comicios. ¡Felizmente!

El ejercicio de la democracia representativa que parece provocar tedio en algunos no siempre se gozó. No nos referimos sólo a las dictaduras, sino también a los tiempos de Río Negro como Territorio Nacional, cuando el gobernador se designaba desde Buenos Aires y la vida política municipal estaba restringida. Para acceder a derechos que hoy parecen naturalizados, hubo que transitar largos y problemáticos trechos.

Hay que traer a colación que en 1884, la zona que hoy consideramos genéricamente como el sur argentino se dividió en cinco territorios: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces quedó disuelta la Gobernación de la Patagonia, cuya existencia se había limitado entre 1878 y aquel año. Según escribió Martha Ruffini en 2007, la medida “puso punto final a un ensayo político transicional que abarcaba una vasta extensión, una gobernación erigida con el fin de construir una ´cabeza de puente´ para facilitar la conquista militar y demostrar que el Estado Nacional podía gobernar –a pesar de la distancia- los espacios que se iban conquistando por las armas”.

Añade el texto de la historiadora que “la creación de los territorios nacionales implicaba el diseño de una estructura política y administrativa centralizada, con una población que fue estigmatizada por los legisladores nacionales como portadora involuntaria de incapacidad y minoridad constitutiva. ‘De este modo y por casi setenta años, los territorios nacionales se convirtieron en cenicientas de la República, espacios cuasi coloniales o como expresó en 1916 el diputado nacional Víctor Molina verdaderos parias del sistema político”. De esa condición política marginal venimos los rionegrinos en general y barilochenses en particular.

Habitantes antes que ciudadanos

Según la autora, “esta presunta inmadurez política implicó que la población de los territorios nacionales fuera vista más en su condición de habitantes que como ciudadanos de derechos políticos plenos”. Sin embargo, hubo matices. En esa heterogeneidad “se destacó el Territorio Nacional de Río Negro (1884-1955). No sólo porque la margen sur del río Negro constituyó la única zona de la Patagonia ocupada en forma permanente desde la creación del Fuerte El Carmen en 1779, sino también porque representó el límite efectivo del dominio efectivo del dominio ejercido por la provincia de Buenos Aires entre 1820 y 1878, frontera que según la constitución provincial de 1854 abarcaba hasta el Cabo de Hornos”.

A los efectos de nuestro relato, completa el recuento de Ruffini que “en Río Negro y a diferencia de los restantes territorios patagónicos, se cumplieron taxativamente las prescripciones de la ley Nro. 1532 de 1884, que determinaba la constitución de instituciones electivas en las localidades territoriales que superaran los mil habitantes. En este sentido los primeros gobernadores de Río Negro, tanto militares como civiles, autorizaron los comicios y crearon municipios electivos en Coronel Pringles (actual Guardia Mitre) en 1886, General Roca (1889), General Conesa (1891) y Buena Parada –contigua al actual Río Colorado- en 1901”. En Bariloche, la historia democrática municipal arrancó bastante más tarde.

El estudio que utilizamos como fuente hasta aquí lleva como título “Un territorio patagónico peculiar: Río Negro, espacio de antiguo poblamiento y temprana experiencia política” y se publicó en “Horizontes en perspectiva. Contribuciones para la historia de Río Negro. 1884-1955. Volumen I” (Fundación Ameghino – Legislatura de Río Negro).

Si bien la ciudad adquirió existencia formal en 1902 a través de un decreto, los barilochenses demorarían 28 años en elegir por primera vez autoridades municipales. La compulsa enfrentó a los vecinos más caracterizados de entonces y la campaña adquirió tanta intensidad que desmiente la imagen idílica que, en general, tenemos del pasado del “pueblo”. Por cuatro bancas en el flamante Concejo Municipal, afloraron múltiples conflictos, según estableció por su parte, Laura Méndez en “Estados, frontera y turismo. Historia de San Carlos de Bariloche” (Prometeo Libros – 2010).

Dos listas

Recién el 6 de septiembre de 1929, el Ministerio del Interior de la Nación había autorizado el funcionamiento de un Concejo Municipal en San Carlos de Bariloche. Por entonces, gobernaba el radicalismo a nivel nacional y, para administrar el proceso electoral, se conformó una Comisión Electoral que se integró con representantes de los tres sectores en pugna. La votación iría a realizarse el 2 de marzo y el proceso previo no estuvo exento de problemas.

Julio Comesaña, Benito Crespo, Roberto Lamuniere y Gustavo Boiza formaban parte del Comité “Pablo Torelo”, que agrupaba a los radicales yrigoyenistas. Un sector que se proclamaba independiente tenía como rostros visibles a José de García, Rubén Fernández y Evaristo Gallardo. Por su parte, Miguel Penna, Pedro Longareti y Bernardo Bock se asumían como “capraristas”, es decir, seguidores de Primo Capraro.

Primo Capraro, concejal electo que saludó el golpe del 30

Pero más allá de esos alineamientos originales, sólo fueron dos las listas que presentaron candidatos: una llevaba a Fernández a la cabeza y la otra a Capraro. El primero se había desempeñado como jefe de Correos y Telégrafos y también como juez de Paz. Como se sabe, el segundo fue figura central en la todopoderosa Compañía Comercial y Ganadera Chile Argentina. Para la coyuntura, venía de protagonizar un fuerte enfrentamiento con la Liga Patriótica.

El clima electoral se veía reflejado en El Mosquito, periódico barilochense que también circulaba en Esquel, fundado por Pablo Mange ese mismo año, con la inclusión de noticias políticas del ámbito local y nacional. A mediados de enero, arribó a Bariloche monseñor Miguel de Andrea, militante de la Liga Patriótica, quien recibió a varios de los “vecinos caracterizados” en el hotel Suizo.

Ninguna de las dos listas presentó programa electoral y hasta cierto punto, resultaba comprensible porque por entonces, se conocían todos... No hacían falta las promesas y mensajes grandilocuentes. En definitiva, fueron 428 electores los que votaron el 2 de marzo de 1930. Cabe recordar que, por entonces, las mujeres estaban marginadas de la vida política porque no gozaban de derechos políticos, omisión que se subsanó recién con la llegada del peronismo.

Pasaron a integrar la primera composición del Concejo Municipal Rubén Fernández (235 votos), Benito Crespo (234 votos) y Evaristo Gallardo (233 votos). Por la minoría, ingresó Primo Capraro (192 votos). La lista perdidosa quedó a apenas 43 votos del triunfo, cifra que hay que considerar porque 100 votantes “extranjeros” denunciaron que no se los dejó votar por no contar con su certificado de vecino.

Como contrapartida, el diario “La Nación” informó que se tomaron como válidos 132 votos que debieron impugnarse, ya que no fueron incluidos en sobres (no fueron secretos) o bien, fueron emitidos por personas que residían habitualmente en Comallo o en Las Bayas. Si bien eran argentinos, no vivían en la localidad y debían quedar fuera de la elección, según los alcances de la Ley 1.532. Sin embargo, hay que traer a colación que el corresponsal del diario capitalino en Bariloche era… Primo Capraro.

El primer gobierno barilochense que surgiera del voto popular tuvo vida efímera: el 6 de septiembre de ese año, se produjo el golpe militar contra el presidente Yrigoyen, primera asonada de una larga lista. Asumió la gobernación del Territorio Nacional el coronel Federico Uriburu y, curiosamente, si bien Capraro había adherido al Comité “Pedro Oyhanarte”, saludó a los principios del golpe, al que definió como un hecho “trascendental” y “memorable”. El próximo domingo, otra vez a votar. ¡En buena hora!

Quién podía votar y quién no

En los 30 el centro de deportes invernales en Catedral no existía, la basura que se generaba estaba lejos de convertirse en problema político y la crisis que caracterizaría a la década todavía no llegaba a estos confines. En la coyuntura electoral iniciática, muy enérgicas fueron las discusiones que versaron sobre la cantidad de años que debían poseer los residentes extranjeros para funcionar como electores.

Los sectores en pugna también se enfrentaron a la hora de establecer qué autoridad debía otorgar el certificado de “vecino” a los interesados en votar. Ante la indefinición, Primo Capraro reclamó una definición a la gobernación del Territorio Nacional. Puede imaginarse la adrenalina: recién el 27 de febrero, el gobernador autorizó a la Comisión Electoral a emitir certificados de vecindad y confeccionar el padrón. Faltaban tres días para los comicios.

Los trabajos preelectorales debieron acometerse más que febrilmente, pero no todos los integrantes del cuerpo asumieron la tarea con prontitud. Para acceder al certificado, era necesario contar con el voto mayoritario de los integrantes de la Comisión, requisito que provocó la protesta airada de Capraro porque ésta tenía dificultades para constituirse, ya que algunos de sus miembros argumentaban “no tener tiempo” para desempeñar la tarea.

Concretamente, el gobernador Quaglia recibió un número considerable de telegramas sin firma, con acusaciones hacia Julio Comezaña y Benito Book, quienes obstaculizaban la inclusión de extranjeros en el registro electoral. Ante la situación, el secretario de la gobernación estableció que el comisario podía emitir los benditos certificados y así pareció zanjarse la cuestión. Pero fueron muchas las protestas a posteriori.

Adrián Moyano