Dos directivos de una Cooperativa fueron declarados responsables por estafas y defraudaciones

Dos directivos de la Cooperativa de Viviendas Quimey Ruca, fueron declarados responsables por treinta y cuatro hechos de estafa simple y cuatro hechos de defraudaciones, en el marco de un proyecto destinado a satisfacer las necesidades habitacionales de varias familias. Otros tres integrantes del consejo directivo de la organización, resultaron absueltos. El 21 de este mes discutirán qué pena les corresponde cumplir.

Los exresponsables de la cooperativa Quimey Ruca, Alberto Fernández y Juan Carlos Montivero, resultaron declarados responsables por treinta y cuatro hechos de estafa simple y otros cuatro de defraudación por administración fraudulenta. En cambio, Milton Hernán Mansilla, Joaquín Pérez y Héctor Pardo, resultaron absueltos de los mismos delitos.

Todos los nombrados fueron investigados y sometidos a juicio como presuntos autores de los delitos mencionados, en el marco de la venta de lotes destinados a socios de esa entidad, que pagaron pero no accedieron a la tierra.

Al inicio del juicio, los acusados habían negado los hechos atribuidos y explicaron que nunca tuvieron ánimo de defraudar a los asociados, siendo su única intención la de dar respuesta a una demanda social de viviendas.

Destacaron que el proyecto por el que los socios de la entidad habían empezado a pagar, se cayó por las denuncias que hizo el Consejo de Administración de la cooperativa que asumió a finales de junio de 2012. El proyecto en cuestión estaría ubicado al costado del río Ñirihuau.

Durante el proceso tuvieron intervención el fiscal Sergio Pichetto, el defensor particular Nelson Vigueras y los abogados querellantes Rodolfo y María Rodrigo.

Según pudo determinar el juez Ricardo Calcagno, confirmando la acusación, Fernández en su carácter de presidente de la entidad, había firmado el 5 de agosto de 2011 un documento de opción de compra con los dueños de una fracción, con el objeto de celebrar una futura compraventa de una parte indivisa de 198.000 metros cuadrados.

Entonces pactaron un precio total de compra de 3.168.000 dólares, abonando un adelanto de 50 mil dólares. En el compromiso firmado, se había estipulado otro pago de poco menos de un millón y medio de dólares, dejando el saldo restante en un total de 36 cuotas. En la acusación que confirmó la sentencia, el proyecto se cayó porque nunca se concretó el pago de ese compromiso. Pese a ello, los directivos de la entidad continuaron cobrándole a los asociados exorbitantes sumas de dinero.

La lectura del fallo redactado por el juez Ricardo Calcagno, se dio de manera parcial algunos días atrás en los tribunales locales. El magistrado aseguró que existió un despojo patrimonial voluntario hacia los damnificados y además una administración fraudulenta de la organización cooperativa.

El fallo completo se dará a conocer el martes 12, mientras que el 21, también de este mes, se realizará una audiencia de cesura, en la que las partes requerirán las penas que crean que les corresponden a los dos sujetos declarados responsables.

Mariano Colombo