Caso Ángel: piden la detención de la madre y el padrastro del niño por homicidio agravado

El caso judicial de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años que falleció el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, ha dado un giro decisivo tras la reciente acción legal emprendida por su padre, quien pide que su madre y su padrastro sean arrestados inmediatamente bajo el cargo de homicidio agravado. Esta solicitud ha puesto en el centro del debate no solo a los acusados, sino también a las instituciones que supuestamente fallaron en proteger al menor.

Luís Armando López, padre de la víctima, junto con su abogado, el Dr. Roberto Castillo, ha tomado acciones legales significativas al acusar formalmente a Maicol González y Mariela Beatriz Altamirano de homicidio agravado combinado con abandono de persona seguido de muerte. Según el padre y su representación legal, la muerte de Ángel no fue un hecho accidental. Afirman que fue el resultado previsible y trágico de una serie de actos de violencia física y abandono prolongado que, conforme al criterio expuesto, las autoridades no supieron detectar oportunamente.

Un elemento crucial dentro de esta ampliación de acusación es el informe de la autopsia preliminar. Los resultados han determinado que el niño presentaba severas lesiones en la cabeza, incompatibles tanto con una muerte natural como accidental, sugiriendo en cambio un contexto de extrema violencia. A dichas evidencias se sumaron los testimonios de vecinos quienes declararon haber sido testigos de gritos y discusiones intensas. Testimonios como el de una madre recriminando aparentemente que: “¡Vos le pegás al mío!” han complicado la situación de los imputados.

Ante la gravedad de los hechos, la solicitud de arresto inmediato es respaldada por preocupaciones procesales bien definidas. Según el escrito del Dr. Castillo, se acusa a González y Altamirano de intentar destruir pruebas claves al haber, presuntamente, quemado ropa del menor el mismo día de su muerte para borrar rastros de evidencia biológica. Más aún, existe la alerta sobre un supuesto intento de fuga a El Dorado, Misiones, lo que suma a la urgencia del pedido de detención.

Por otro lado, el caso ha desencadenado severas críticas al sistema judicial y sus procedimientos laborales, enfocándose particularmente en algunas autoridades. Dentro de la presentación, se tacha de negligencia al juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva del Servicio de Protección de Derechos, alegando que su mal proceder creó un vacío de protección para el menor.

El documento legal ofrecido por la querella detalla alarmantes fallas en una serie de decisiones judiciales pasadas. En primer lugar, resalta cómo el sistema negó el pedido en tres ocasiones para devolver el niño a su madre biológica bajo el argumento de que no ofrecía un ambiente adecuado. Posteriormente, en una audiencia realizada en febrero, el menor manifestó preferir la compañía de su madre adoptiva, Lorena Andrade, sin mencionar a Altamirano como referente emocional, a pesar de que no se tomaron acciones protectoras.

Finalmente, se remarca una inquietante decisión en marzo en la cual se dictaminó una restricción perimetral que alejó al niño de su familia paterna y su madre de crianza. Esto lo dejó en una situación vulnerable al estar solo con quienes hoy afrontan severas acusaciones. Castillo, quien lleva la representación legal, ha comparado estas decisiones con el caso Lucio Dupuy, sugiriendo que hubo incumplimientos de los deberes estipulados en la Ley 27.709, conocida como la Ley Lucio, lo que incluye fallos en la detección y protección infantil tempranas.