Si bien había antecedentes, a partir de 1935 se multiplicaron los desalojos en la jurisdicción del flamante Parque Nacional Nahuel Huapi. En particular, si los vecinos eran de origen chileno o indígena.

El establecimiento de Parques Nacionales en la vieja Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, que incluía a Bariloche, estuvo pleno de conflictos y no pocas injusticias. De golpe y porrazo, se debió pagar el doble de pastaje que antes y, si el poblador no podía afrontar la erogación, corría el riesgo de sufrir desalojo. Además, para la nueva institución eran “intrusos” aquellos de origen indígena o chileno, aunque llevaran décadas de vivir aquí.

En cuanto al pastaje, el encarecimiento arrancó antes de la formalización del Parque Nacional Nahuel Huapi. “En 1930, Jarred Jones envió una nota a la Comisión de Parques para quejarse, porque a partir de ese año el pastaje por veranada debía abonarse a razón de seis meses, en lugar de la veranada de tres meses que se había cobrado hasta la fecha. Jones explica que, por las características de los campos, a mediados de marzo había que empezar a arrear los animales por las fuertes heladas y la necesidad de baño, señalando que la veranada ocupaba en el especio regional solamente los meses de enero, febrero y marzo”.

Consultó las cartas del estadounidense la historiadora Laura Méndez, autora de “Estado, frontera y turismo. Historia de San Carlos de Bariloche” (Prometo Libros – 2010), sesudo estudio sobre el pasado de la microrregión que arranca a fines del siglo XIX y, precisamente, se estira hasta el arribo de Parques Nacionales a la zona. Fue en el marco del plan de modernización que ideó Ezequiel Bustillo, con el beneplácito del gobierno conservador de la Argentina.

“El guardabosque responsable de la región corroboró lo manifestado por Jones y, en reiteradas comunicaciones, informó sobre el descontento manifiesto por la liquidación de pastaje que recibían los pobladores: en general, la consideraban excesiva por cuanto se cobraba por más animales que los que en realidad poseían; en algunas ocasiones el descontento se debía a que el dueño de la hacienda no tenía con qué pagar y, en otros muchos casos, a que el deudor había sido desalojado, por lo que había abandonado el campo. La primera intimación la hacía Parques y, si la gestión de cobro fracasaba, se derivaba el caso a la Policía”, reconstruyó Méndez.

En efecto, hubo antecedentes, pero “la política de expulsión de los ‘intrusos’ en las tierras del Parque Nacional que (…) venía desarrollándose desde hacía más de una década, se acentuó a partir de 1935. Para Bustillo, los intrusos eran los pobladores indígenas y chilenos que ya se encontraban asentados en la zona de Parques antes de su constitución definitiva en 1934, a los que se les adjudicaba un ‘permiso precario de ocupación y pastaje’. Dicho permiso no daba derecho alguno sobre la tierra, pudiendo la Dirección de Parques Nacionales disponer de la misma cuando lo creyere conveniente, previa notificación al interesado, a quien se le otorgaba un plazo de seis meses para el desalojo, sin derecho a indemnización alguna”. La sigla maldita para tantos pobladores y pobladoras: PPOP.

Para agravar más las cosas, desde la perspectiva de los habitantes preexistentes a Parques Nacionales, fueran indígenas o no, “en diciembre de 1935, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de creación de la Policía Forestal, con el propósito de que este cuerpo, a cargo de la Dirección de Tierras, intensificara e hiciera más eficaz el servicio de custodia y defensa de los bosques”.

Además, “otro de los decretos que refrendó el ministro de Agricultura determinó la prohibición de establecimientos -sin autorización expresa de la Dirección de Tierras- en los terrenos de propiedad fiscal que contuvieran bosques, se encontrasen o no mensurados, debiendo ser desalojados los ocupantes que no tuviesen concesiones ni permisos acordados por la repartición mencionada sin más trámite por quien correspondiera”, según la reconstrucción de Méndez.

El modus operandi está documentado. “A mediados de 1934, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Emilio Frey, envió a todos los guardaparques de su jurisdicción un instructivo por el que se detallaba qué pasos debían seguirse para el cumplimiento de sus funciones. Entre la documentación se adjuntaba un texto que el guardaparque debía leer a cada voz a cada uno de los moradores de la zona del Parque. La lectura se consideraba como una notificación para el poblador que, de allí en más, sabría qué estaba permitido y qué no lo estaban en el Parque Nacional”.

Formalidades previas al desalojo. “En este contexto, en septiembre de 1934, el guardabosque Martín Escalona, de lago Traful, informó a Emilio Frey haber detectado dentro de la jurisdicción de Parques una chacra habitada por una familia, la que adujo tener el permiso del jefe de Policía, Domingo Varela, para habitar esa zona. La respuesta de Frey fue categórica: al no tener Salustiano Vázquez permiso para sembrar informó al responsable que ‘Usted no ha de ignorar que es un poblador intruso y debe ser desalojado en un corto plazo’. Notas de desalojo de idéntico tenor fueron una constante durante todo el año de 1935”, estableció la historiadora. ¿Cuántas antiguas familias de la región habrán pasado por el trauma del desalojo?