TODAVÍA NO HAY CONTROL DE ACUSACIÓN
Causa Techo Digno: nuevo planteo defensivo deriva en cuarto intermedio
El juez Marcelo Álvarez Melinger dispuso un cuarto intermedio de 24 horas para resolver el planteo preliminar de atipicidad que realizó el defensor de la exintendenta María Eugenia Martini, Sebastián Arrondo. En consecuencia la fiscalía todavía no pudo controlar la acusación que pretende llevar a juicio oral y público.
El planteo de atipicidad de la conducta atribuida a Martini de parte del defensor Sebastián Arrondo en las preliminares de la audiencia de Control de Acusación en la que la fiscalía pretendía precisar los hechos a ventilar en un eventual juicio oral y público, derivó en un cuarto intermedio de 24 horas en las que el juez interviniente deberá elaborar una resolución fundada.
Arrondo analizó que el caso “tiene que resolverse con un sobreseimiento o absolución” y sostuvo que la conducta de sustraer que le atribuyen a su asistida implica también un ánimo de no restituir el fruto de esa maniobra y que además la operatoria dispuesta por el municipio superó todos los canales de control.
La exintendenta Martini, el ex responsable de Obras del municipio, Alfredo Milano, y el empresario Juan Castelli, de Oriente Construcciones, están acusados por el manejo irregular de los fondos provenientes del programa Techo Digno, mediante el cual el municipio recibía el dinero de Nación, para la construcción de distintos planes de viviendas.
En el caso ya se había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Alberto Usandizaga, titular de la firma Alusa SA, producto de un padecimiento de salud mental que le impide defenderse y enfrentar un proceso judicial en su contra.
De acuerdo a la teoría acusatoria, apoyados en las certificaciones de obra fraguados o sin respaldo con el avance real de las obras, Martini, Milano, Castelli y el propio Usandizaga –ahora sobreseído–, certificaban los trabajos en mayor proporción de lo que se estaban llevando a cabo con obras millonarias –se construían dos planes de 376 y 495 viviendas– y así lograron defraudar al Estado cobrando más de lo que correspondía de acuerdo al avance real de las obras.
El fiscal jefe Martín Lozada pidió rechazar los planteos preliminares del defensor Arrondo y enfatizó que existió un plan doloso con voluntad de sustraer y conocimiento pleno de la antirreglamentariedad de las maniobras desplegadas, al punto que el fraude estuvo dado porque se pagó “mucho más de lo que se debía a las empresas constructoras, por viviendas que inclusive al día de hoy, aún no están terminadas”.
