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06/05/2026

Levantaron el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa por presunta irregularidad patrimonial

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo durante la gestión de Milei para investigar el origen de fondos en viajes de lujo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. La justicia busca determinar el origen del dinero utilizado para costear costosos viajes familiares al exterior, dado que los gastos y deudas declarados por el funcionario no coincidirían con los ingresos percibidos durante su labor pública.

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La investigación puso la lupa sobre el crecimiento patrimonial del funcionario desde que asumió en el Gobierno Nacional. Testigos aportaron facturas y tickets que acreditarían compras de propiedades en el barrio de Caballito y en un exclusivo country en Exaltación de la Cruz, adquisiciones que se habrían concretado en paralelo a su ascenso político dentro de la estructura oficial.

Además del seguimiento fiscal, el magistrado ordenó peritar las comunicaciones de Marcelo Grandio, periodista y amigo personal de Adorni. Grandio acompañó al funcionario en un reciente vuelo privado a Punta del Este, un movimiento que despertó sospechas sobre posibles dádivas y vínculos comerciales estrechos entre ambos en el marco de la gestión estatal.

La sospecha judicial se extiende a la productora ImHouse, vinculada a Grandio, la cual cerró contratos con la Televisión Pública. Al ser un área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete, Lijo busca establecer si existió un conflicto de intereses o tráfico de influencias en la adjudicación de estas pautas y acuerdos comerciales durante la actual administración.

Finalmente, la justicia ordenó revisar los contactos de Grandio no solo con Adorni, sino también con Horacio Silva, titular de la productora mencionada. Esta batería de medidas busca esclarecer si el patrimonio del jefe de Gabinete sufrió inconsistencias graves y si el uso de aviones privados y la compra de inmuebles están debidamente justificados por sus ingresos legales.