JUDICIAL
FISU: la Justicia exige un plan al Gobierno para que termine las obras en barrios populares
La Justicia federal ha puesto en el centro del debate una problemática que afecta a miles de familias en situacion de vulnerabilidad a lo largo y a lo ancho de Argentina. El juez federal Andrés Heim emitió un fallo que obliga al Estado nacional a reactivar las actividades del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyos fondos fueron suspendidos tras la llegada al poder de la gestión de Javier Milei.
Esta acción judicial surge a raíz de una medida cautelar promovida por habitantes de 40 barrios populares ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut. Estas comunidades se han visto gravemente afectadas por la paralización de obras que son imprescindibles para proveer servicios básicos en sus hogares. En una decisión contundente, el juez Heim exige al Gobierno que, en un plazo no mayor de tres meses, presente un enfoque concreto y detallado para continuar con estas iniciativas, consideradas de vital importancia para mejorar la calidad de vida de numerosos ciudadanos.
El FISU se concibió como un instrumento esencial para la integración socio urbana de los barrios populares. Se trataba de una estructura financiera alimentada por aportes significativos tanto del Impuesto PAÍS como del Impuesto a las Grandes Fortunas, y su suspensión ha significado que un sinfín de proyectos quedaron en el aire justo cuando más se necesitan.
Durante su operación, FISU desempeñó un papel crucial al apoyar la creación de nuevo loteo con servicios y la mejora de conexiones intradomiciliarias para garantizar agua, electricidad y gas.
La orden judicial llega en un momento de notable incidencia, ya que el fallo explica no solo la relevancia de las políticas de integración urbana sino también la eficacia que han tenido estas acciones en diferentes administraciones gubernamentales, inclusive aquellas de Sebastian Pareja y del aclamado manejo por Fernanda Miño.
Los comentarios públicos en torno a la gestión del FISU revelan una percepción positiva por parte de diversas entidades. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con prestigiosas instituciones académicas, reconocieron los logros alcanzados, atribuyendo a la ejecución del programa palabras como 'ejemplar'. Lamentablemente, el cambio de dirección política significó un abrupto freno del financiamiento. Fernanda Miño enfrenta además las repercusiones del cambio no solo dentro del ámbito profesional sino también personal, siendo blanco de una escalofriante persecución.
Activistas sociales y eclesiásticos, como Juan Grabois y el Padre Toto, han manifestado su deseo de que el Estado asuma un compromiso genuino con este objetivo, en tanto que esperan una colaboración plural de todas las partes políticas y sociales a nivel nacional para que las obras continúen y los derechos fundamentales de los ciudadanos vuelvan a ser respetados en interés puro del público y no de facciones partidarias.