La defensa impugnó la condena por hostigar y amenazar a la jueza Pájaro

El defensor particular Rodolfo Rodrigo planteó ayer una impugnación formal de la sentencia que le impuso a Sebastián Escalada, una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por amenazas reiteradas y desobediencia a una orden judicial. El Tribunal de Impugnaciones de la provincia escuchó los argumentos de las  partes en relación a la sentencia y dictará su veredicto en veinte días hábiles.

Apenas semanas atrás el juez Marcos Burgos consideró que los hechos reprochados a Escalada habían sido acreditados con certeza y declaró responsable al sujeto por los delitos de amenazas reiteradas (dos hechos) y desobediencia a una orden judicial.  En consecuencia le impuso una pena de prisión en suspenso, sujeta a una serie de pautas de conducta que el sujeto deberá respetar si quiere permanecer en libertad y no convertir la pena en una de cumplimiento efectivo.

Ahora, el defensor particular Rodolfo Rodrigo planteó una impugnación de la sentencia y ayer tuvo oportunidad de expresarse ante los jueces Miguel Cardella, Adrián Zimmermann y Carlos Mussi, reclamando en definitiva que el fallo sea anulado, cuestionando duramente cada tramo de la investigación, diversas acciones que ocurrieron durante el trámite del legajo judicial y finalmente la sentencia condenatoria.

El caso comenzó en el año 2017, cuando la madre de las dos hijas del acusado retiró a las niñas del establecimiento educativo al que asistían y se trasladó a los Estados Unidos de Norteamérica con un permiso de viaje por 90 días y sin derecho a cambio de radicación. No obstante lo anterior y las distintas intervenciones de las autoridades argentinas, las niñas se afincaron junto a su madre y Escalada jamás volvió a verlas.

En ese escenario, el acusado protagonizó diversos hechos que involucraron directamente a la entonces jueza de Familia, María Marcela Pájaro, quien, de acuerdo al criterio del juez Burgos, fue víctima de un acoso y hostigamiento de parte de Escalada.

Burgos consideró que todos los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, en el que Escalada se reunía con otros hombres para realizar diversas manifestaciones y hostigar a la jueza, lo que consideró, colocó a Pájaro en una situación de desprotección, vulnerabilidad y desigualdad frente a quienes llevaban a cabo las protestas.

El primero de los hechos reprochados importó el delito de amenazas y ocurrió un día que la magistrada se presentaría en un local de la UnTER para brindar una charla en un panel. Pero en la previa, Escalada llegó al lugar, dialogó con varias personas y autoridades del gremio docente y se mostró amenazante, según lo determinó Burgos. De acuerdo a los testimonios recogidos, el día del hecho, ante la falta de respuestas, Escalada se preguntó “¿Qué tengo que hacer, matar a la jueza para que me escuchen?”.

De acuerdo a lo relatado por la propia Pájaro, tras el robo de sus hijas, Escalada iba muy frecuentemente al Juzgado de Familia a buscar ayuda, pero se presentaba muy ofuscado. La jueza empezó a sentir miedo, sufrió problemas de hipertensión, modificó sus rutinas, requirió custodia policial, presentó una licencia psiquiátrica y atravesó situaciones de pánico.

Escalada, en paralelo, radicó diversas denuncias contra Pájaro en el Consejo de la Magistratura, aunque todas fueron desestimadas. Sin las respuestas que buscaba, comenzó distintas campañas en redes sociales y sitios web, ploteó un vehículo con inscripciones que describían su caso y logró reunir adhesiones de otras personas que también sufrieron por el impedimento de contacto con sus hijos.

En ese contexto se produjo una convocatoria en la puerta del Juzgado de Familia que dirigía Pájaro, cuando un puñado de padres se presentó para reclamar por cada una de sus causas. Pero cuando Escalada quiso acercarse al edificio, fue abordado por personal de seguridad y visiblemente alterado preguntó “¿Qué tengo que hacer para que me atiendan, volar el edificio?”.

Tanto en el caso del hecho ocurrido en un salón de la UnTER como en aquel ocurrido en las puertas del Juzgado, para el juez Marcos Burgos, las dos expresiones tuvieron entidad y seriedad suficientes para inducir al miedo a Pájaro, por lo que consideró probados ambos hechos bajo la figura de amenazas reiteradas (dos hechos).

Pero además, lo encontró responsable de un tercer suceso, ocurrido a partir de la prohibición de acercamiento y de cualquier acto de hostigamiento hacia la jueza Pájaro, que el juez Pichetto le impuso a Escalada. Según Burgos, el hecho de haber circulado a bordo de un vehículo ploteado con inscripciones dirigidas hacia la magistrada, terminó verificando el incumplimiento a aquella orden judicial y por tanto cometió el delito de desobediencia.