Había sido acusado por apuñalar a otro sujeto pero cumplió las pautas y resultó sobreseído

Jonathan Gonzálo Pérez (33) resultó sobreseído luego de que la fiscalía diera por cerrado el caso ante el cumplimiento de las pautas de conducta que habían acordado las partes en el marco de una suspensión del juicio a prueba. La víctima nunca más apareció, ni siquiera para hacerse del dinero que las partes acordaron como compensación económica por los daños ocasionados, y el dinero fue donado a una entidad de bien público.

En febrero del año 2019, Jonathan Pérez había sido imputado por el delito de lesiones graves, por un hecho ocurrido un año antes. Según la acusación, el hecho ocurrió en una galería del edificio 12 del barrio Nicolás Levalle, donde Pérez había sorprendido a la víctima, Ricardo Ulloa, asestándole tres puñaladas en el torso que pusieron en serio riesgo su vida y lo imposibilitaron para desempeñar sus labores habituales por más de un mes.

Pero a medida que avanzó la investigación, fiscalía y defensa lograron encontrar una vía alternativa para resolver el conflicto: aplicaron al caso una suspensión del juicio a prueba por el término de un año, imponiendo al acusado una serie de pautas de conducta, entre las que se destacó la obligación de fijar y mantener el domicilio informado, una prohibición de acercamiento y contacto para con la víctima, como así también la obligación de abonar diez mil pesos a la víctima en concepto de reparación de los daños ocasionados y la realización de tareas comunitarias no remuneradas por un total de cuarenta horas.

Avanzado el plazo de la suspensión, ante la imposibilidad que alegó el acusado de realizar el trabajo a favor de la comunidad, se conmutó esa pauta por el pago de seis mil seiscientos pesos.

Lo anecdótico del caso es que el acusado dio cumplimiento a todas las pautas fijadas pero desde el Poder Judicial nunca pudieron encontrar a la víctima para entregarle el dinero que se había acordado como compensación económica, por lo que el dinero terminó siendo donado a una institución de bien público.

La fiscala Fernanda Orticelli verificó el cumplimiento de las pautas e instó el sobreseimiento del acusado, dando por cerrada la pretensión penal del Ministerio Público Fiscal, posición que obviamente fue acompañada por la defensora oficial Mónica Goye. Ante la falta de controversias y siendo el fiscal el titular de la acción penal, el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, estuvo obligado a dictar el sobreseimiento del acusado, con la expresa mención de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del que gozaba antes del inicio del legajo judicial.