Demolió una casa y robó todo lo que había: dos años y seis meses de prisión en suspenso

La jueza Romina Martini declaró culpable a la expresidenta de la junta vecinal Lago Moreno, de esta ciudad, al confirmar la acusación que sostuvieron las fiscalas Silvia Paolini y Clara Moldes, además del abogado patrocinante de la querellante Marta Graciela Natero, Julián Pacheco. En cambio, el defensor particular Pablo Gabusi, bregó por la absolución. 

La mujer fue acusada por haberse apoderado ilegítimamente de los elementos estructurales de una vivienda ubicada en un terreno del barrio Lago Moreno, así como también de los muebles, electrodomésticos, herramientas, materiales de construcción y diversos elementos habidos en el interior de la misma.

El hecho ocurrió en una fecha que no pudo ser establecida con exactitud pero puede ubicarse entre octubre de 2017 y febrero de 2018.

Según la acusación, confirmada por la sentencia, junto a tres personas no identificadas, la mujer desarmó la vivienda y se apoderó de la totalidad de los elementos que se encontraban en su interior.

En el mismo período de tiempo, la acusada despojó en forma clandestina de la posesión que la víctima venía ejerciendo de forma pacífica y continua. 

De acuerdo a la sentencia, víctima y victimario mantuvieron una relación de amistad durante años y la acusada le había vendido los derechos que poseía sobre el 50% del lote en cuestión a la víctima. 

Los documentos que firmaron como parte del acuerdo fueron desconocidos por la defensa, aunque un perito calígrafo determinó que habían sido firmados por la acusada que se esforzó para automodificar su firma, con el fin ulterior de desconocer los documentos. 

La sentencia sostiene que la víctima ejerció diversos actos posesorios y que su ausencia circunstancial fue aprovechada por la acusada y su familia, para materializar el despojo previsto en la figura penal de usurpación. 

La jueza señaló que se acreditó la materialidad de los hechos acusados y la autoría de Mariana Ramona Matías en su comisión, cuadrando en la figura de usurpación por clandestinidad y robo.

Al momento de la determinación de la pena, la jueza estimó justo imponer dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, accesorias legales y costas, con las pautas de conducta propuestas por las partes por dos años.

Además, dispuso la restitución del inmueble en los términos solicitados por la fiscalía.