El hombre elegido para presidir el CODECI dije que le encomendaron retomar el diálogo con la provincia

Newen Loncoman, en la oficina del Consejo de Comunidades Indígenas (CODECI), cuenta que nació en Bariloche y tiene treinta y tres años

“Mi mamá viene de la comunidad Arencón Grande, que queda a unos doscientos kilómetros de Bariloche. Ellos provenían de Azul, y, en la época de la Conquista del Desierto, los trasladaron y los pusieron en esa reserva. En vez de ser un centro de concentración, como el que hubo en Valcheta, los dejaban ahí, arrinconados, en un lugar poco productivo, para ver si sobrevivían. Venían de lugares fértiles, y los ponían en ese sitio, donde era todo pedrerío, con poca posibilidad de desarrollarse. Así y todo, igual la comunidad se desarrolló”, narra.

En cuanto a su papá, dice: “Es de la comunidad Pulan Lafken, en Laguna Blanca. Nació en el paraje Cabestro Quemado”.

Así, quien fue designado por el último Parlamento de pueblos originarios rionegrinos como presidente del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) aprecia: “Fui creciendo en un ámbito de ceremonias mapuches, de relacionarme con gente que venía de ahí”.

Por ejemplo, recuerda que la comunidad Arencón Grande es una de las que mantiene una ceremonia ancestral llamada camaruco, donde, según indica, “se reúnen a agradecer todo lo que fue el año de producción”.

“Se le habla a la tierra, por lo general a una energía predominante en el lugar. Nosotros no creemos en un dios superior, sino en las fuerzas, en los ngen, como los llamamos”, apunta.

“Así me crié, y pasé en la infancia el proceso de identidad”, sigue.

También está la parte negativa, lo que hoy definirían como bullying.

“En la escuela había mucha discriminación. Cuando decía que venía de un camaruco, una ceremonia mapuche, muchos compañeritos se reían de mí”, expresa.

De esa manera, el escuchar que lo llamaban “indio de mierda” se había vuelto una triste rutina.

“Pero luego comprendí que incluso el que me decía así también era mapuche, pero desconocía su identidad”, manifiesta, y lo dice para que se  interprete de manera literal, ya que había un compañerito que lo maltrataba verbalmente a diario, por lo que le contó a su madre lo que sucedía, ante lo que la mujer le consultó: “¿Cómo se llama ese nene, cuál es el apellido?”. Newen se lo dijo, y la mamá entonces le reveló que aquel niño también era indígena.

“Me di cuenta que había un proceso en gente que era mapuche, que venía del mismo lado que yo, pero que no lo sabían porque sus padres no se reconocían como tales”, expone.

Newen viene de una familia que luchó activamente por los derechos indígenas, entonces siente que él participó activamente siempre en la causa.

El referente más importante del sector en la provincia, el werken (vocero) de su órgano político, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, lo define como “un ‘peñi’”, es decir como un hermano, y destaca justamente que Newen “prácticamente se creó dentro de la organización, porque su mamá y su papá ayudaron a construirla”.

“Posee formación política, ideas nuevas, y representa un recambio generacional”, advierte.

Orlando Carriqueo.

“Tiene mucha participación y conocimiento del territorio en la zona andina”, añade, para luego precisar que ofrece una mirada innovadora “respecto a una perspectiva política que ha cambiado”. 

“No era lo mismo discutir políticas indígenas hace treinta, veinte o cinco años que hacerlo en la actualidad”, referencia.

“En la construcción colectiva hay que tener una idea de trabajo, él la tiene, y yo eso lo valoro mucho”, sostiene Carriqueo, quien, además, pone sobre la mesa una cuestión sobre la que no siempre se presta atención: “el sostén familiar”.

Newen tiene una compañera, un hijo de ocho años y mellizas que todavía no cumplieron los dos.

Carriqueo concluye: “Lo conozco hace tiempo y lo respeto mucho, más allá de que a veces discutimos puntos de vista con respecto a alguna situación puntual”.

Newen, en tanto, en el cubículo estrecho que le ha tocado en suerte el CODECI en el Centro Administrativo, explica que el organismo “es de cogestión entre las comunidades, la organización, que es la Coordinadora del Parlamento Mapuche, y el Ministerio de Gobierno y Comunidad”. 

“Hay cuatro consejeros que las comunidades eligen en un parlamento, y dos gubernamentales, que pone el Estado. La presidencia, en tanto, está a cargo de los mapuches”, desarrolla.

Si bien fue designado por sus pares como presidente, aguarda que llegue “el decreto gubernamental” que lo certifique como tal.

Calcula que eso puede demorar unos treinta días, y puntualiza que para poder cumplir con las funciones de titular del organismo tiene que aguardar a que arribe esa acción administrativa.

Sobre su designación, considera: “Es un orgullo, y es parte de lo que venían haciendo mi abuela, mi madre, mi padre… Soy producto de la lucha que ellos iniciaron, por eso me siento muy orgulloso”.

Newen revela que, en el Parlamento donde se lo designó, se remarcó que se debe tratar de reanudar un contacto con el Estado provincial que, según su parecer, por el momento está quebrado.

“A los nuevos referentes, se nos indicó que retomáramos el diálogo con la provincia, y que insistamos en ello. Si bien no estamos siendo escuchados, que persistamos. Es el principal objetivo”, detalla.

Hay que recordar que la gobernadora, Arabela Carreras, anunció un proyecto para entregar títulos comunitarios, pero, para involucrarse en la tarea, también expuso que se erigiría una Dirección de Pueblos Originarios, lo que, desde un gran sector mapuche, se observa como un desplazamiento del CODECI, aunque ella ha dicho que no es así.

Así, a la espera del decreto que termine de habilitarlo en el nuevo cargo, Newen Loncoman se presta a un diálogo sin agenda previa.

–¿Cómo tomó el anuncio de la gobernadora sobre los títulos de propiedad comunitaria?

–Primero, lo hizo en la Sociedad Rural de Bariloche. Eso ya es chocante, porque sabemos que esa entidad fue parte del despojo territorial de las comunidades mapuches. Así que, en principio, no fue nada grato para las comunidades. Nosotros hacemos hincapié en aplicar el derecho indígena, y ella no hizo la consulta previa, establecida por el Estado nacional. Somos reiterativos en este punto, pero es una obligación.

–La gobernadora dijo que no era un requisito constitucional que se les informara.

–El Estado argentino adhirió al Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales), que dice que las comunidades deben ser informadas y consultadas sobre situaciones como esta, que es de carácter administrativa, porque si se va a crear algo se debe hacer por algún tipo de resolución, dictamen o decreto. El anuncio de la Dirección de Pueblos Originarios también nos hizo un poco de ruido. Creemos que esas funciones ya las cumple el CODECI. Si hay que trabajar en una propiedad comunitaria, en la regularización de tierras, en el abordaje de conflictos territoriales, todo eso ya lo hacemos en el CODECI, nos ocupamos del tema.

–¿Qué intención piensa que tiene el anuncio?

–Creemos que, por un lado, se quiere dejar a un lado al CODECI, superponiendo funciones; por otra parte, nos parece que no hay que crear otra cosa, sino fortalecer el CODECI, que es un organismo desfinanciado, con un vacío técnico y sin recurso humano; ni siquiera contamos con movilidad. Ahora, por ejemplo, estoy solo en la oficina, cuando las demás instituciones (en el Centro Administrativo) poseen mesa de entrada, equipos técnicos… A mí me toca abordar desde conflictos territoriales –con terceros o entre comunidades–, situaciones con las infancias y adolescencias dentro de una comunidad, cuestiones de género, y no tengo un equipo de abordaje.

–¿Y eso debería cederlo la provincia?

–La provincia tendría que nutrir con designaciones de técnicos especializados. En el CODECI no contamos con un área de tierras, por ejemplo. 

–Más allá de la creación de una Dirección de Pueblos Originarios, que ustedes consideran que chocaría con el CODECI, ¿cómo recibieron que se haya decidió entregar títulos comunitarios?

–Que se entreguen títulos de propiedad comunitaria es bienvenido, pero las formas se tienen que pensar entre todos, especialmente con las comunidades indígenas. No se puede entregar títulos de propiedad sin haber estudiado los procesos de despojo, porque ¿sobre qué vamos a obtener la propiedad comunitaria? Sobre lo que nos despojaron. Nunca hubo un trabajo fuerte acerca de cómo las grandes estancias de Río Negro se hicieron de tierras; y las comunidades saben cómo fue… Entonces, si ese proceso no se da…

–Para ustedes, entonces, lo que haría falta es sentarse a hablar.

–En realidad, antes de la pandemia, hace dos años, tuvimos una mesa de trabajo con la gobernadora y parte de los ministerios, entre ellos Educación y Gobierno, en Maquinchao. Ahí acordamos una serie de ejes sobre los que ocuparse, entre ellos estaba la propiedad comunitaria, la implementación de la ley 26.160, la reglamentación de la ley provincial 2.287 –porque aproximadamente hay veinte artículos reglamentados, pero son más de sesenta–, la educación intercultural bilingüe…

–¿Y qué pasó?

–Se cerró el diálogo. Vino la pandemia, que destapó un montón de situaciones de conflictividad con la tierra, particularmente en esta zona, con Buenuleo, la Lafken Winkul Mapu, Calfú Gallardo… A partir de ahí, ya no hubo conversación.

–¿La situación de conflictos territoriales quebró el diálogo?

–Sí… Básicamente porque la Coordinadora Mapuche tiene una postura muy clara con respecto a la tierra; para nosotros, se trata de reivindicarla para los usos tradicionales: la productividad, la cultura, el desarrollo de una cosmovisión… Pero, también, han existido, por parte del Estado, situaciones de violencia muy fuertes hasta hace poco, con lo que sucedió en Cuesta del Ternero…

–Supongo que la referencia es a la muerte de Elías Garay, ¿dónde ve la responsabilidad del Estado en ese caso?

–Nos sorprendió que había más de ochenta efectivos de un grupo especial, por decisión del gobierno, y no se podían ingresar alimentos ni nada, donde no podíamos pasar ni un paquete de arroz, pero sí lograron atravesar dos personas armadas con fusiles y matar a Elías.

–En cuanto al conflicto de Villa Mascardi, con la Lafken Winkul Mapu, ¿qué solución concreta imagina?

–Reconocerles la tierra. Creo que con eso se bajaría la tensión en ese lugar. Hemos hechos intentos, pero hubo boicoteos de otras partes, como por ejemplo los vecinos de Mascardi, con una figura muy particular que anda dando vueltas por el lugar, que organizó los banderazos patrióticos, llamó a la gente a ir ahí…

–¿Se refiere a Diego Frutos?

–Sí.

–Que esas partes estén en desacuerdo, e incluso que, por algún motivo, esa persona no les pueda agradar, los hechos de violencia hacia él deberían haberse evitado, ¿coincide?

–Me pongo en el lugar de esa gente a la que le mataron un ser querido y, cuando se cumplen años de ese fallecimiento, viene alguien a provocar… Pero no vemos bien ningún grado de violencia. Hay situaciones con las que uno no puede coincidir para nada. No aceptamos la violencia como una forma de resolver los conflictos, no creemos que sea el modo. De hecho, siempre estamos abiertos al diálogo. Justamente, en el último Parlamento que se hizo nos indicaron que retomáramos el diálogo con la provincia.

–Con el gobierno nacional, ¿qué tipo de relación hay?

–Hace tres años hubo un mecanismo iniciado por el Estado, a partir de la conflictividad en el sur y en algunas partes del norte, con una mesa de resolución alternativa de conflictos, interministerial. Una de las primeras intervenciones se produjo acá, por una petición nuestra, con Buenuleo, Solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al de Seguridad y al de Ambiente, que estaban dentro de esa mesa, que abordaran el tema, porque parte de las tierras se encuentran dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y también había una cuestión en relación a la seguridad, que no se estaba garantizando, además de las temáticas administrativas relacionadas con resolver el conflicto. Después se quiso abordar el tema de Lafken Winkul Mapu, donde vinieron de los mismos ministerios, pero no se prosperó, porque faltaban decisiones políticas del Estado nacional para solucionar el problema. Ahora, prácticamente no tenemos diálogo.

–Entonces, en este momento no hay relación, ni buena ni mala…

–Exacto.

–¿Y particularmente en lo que hace al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)?

–En los últimos años no hemos tenido mucha agenda de trabajo. Queremos hacer hincapié es en la aplicación de la ley 26.160, porque vemos que provincias vecinas, como Neuquén y Chubut, firmaron los convenios, mientras que acá observamos una situación donde los mapuches quedamos en el medio, que tiene que ver con una cuestión política.

–¿Se refiere a que existe un enfrentamiento entre Magdalena Odarda (titular del INAI) y la gobernadora?

–Sí. No sé cuándo se saldrá de esa situación. La semana pasada llegó parte del equipo del INAI para ver si podía empezar a trabajar en relación a la 26.160… Nosotros hace años pedimos que eso se haga.

–Con Odarda, ¿están en contacto?

–En el último tiempo no hemos tenido mucho diálogo. Por ahí nos comunicamos cuando hay alguna situación con tierras federales, pero tampoco hemos tenido demasiadas respuestas. Si bien podemos conversar, no obtuvimos grandes soluciones.

–Si le digo Facundo Jones Huala, ¿qué dice?

–Mucho no puedo decir. Ha pasado por un proceso identitario y tiene maneras distintas de abordar cuestiones políticas, pero no desconocemos ningún proceso de gente mapuche. Él es mapuche, tiene ideas diferentes, pero es lo que hace a la diversidad del pueblo.

–¿Lo conoce personalmente?

–Sí. Hace muchos años que no hablamos, porque no es parte de nuestra organización (la Coordinadora del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, ya que la comunidad de Jones Huala se encuentra en Chubut).