Acusaciones cruzadas entre Municipio y Fiscalía mientras se consolida usurpación en el Otto

Desde el mes de febrero hay documentación que certifica la instalación de cabañas y otras construcciones en tierras municipales ubicadas en la ladera norte del cerro Otto, por encima de la cota 900. Se desarrollaron allanamientos y el Municipio requirió medidas cautelares, pero el asentamiento avanza cada vez más, mientras el legajo judicial todavía está en instancia de averiguación preliminar. Desde el Municipio acusan cierta pereza judicial con la tramitación del legajo y desde la justicia contestan que el municipio sabía lo que ocurría y lo denunció varios meses después.

Según confiaron diversas fuentes consultadas a El Cordillerano, personal del área de Obras Particulares detectó en febrero pasado una serie de construcciones irregulares en la ladera norte del cerro Otto, procediendo a inspeccionar el lugar.

Tras los trámites de rigor se labró un expediente ante el Juzgado de Faltas municipal y se infraccionó a los responsables de aquellas obras desarrolladas sobre un área de extrema vulnerabilidad, sobre la que además está prohibido construir.

Pero hay más, porque tras un trabajo de mensura se constató que el terreno ocupado por aquellas construcciones irregulares era municipal, por lo que el Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social planteó una denuncia formal ante la fiscalía y requirió la aplicación de una serie de medidas cautelares.

Según el Instituto, las personas que allí se afincaron cometieron los delitos de usurpación, daño, por la enorme tala de árboles que desplegaron en ese sitio, y además estrago, puesto que las cabañas y construcciones allí edificadas están muy por encima de la cota 900, un nivel de altitud que hace años se encuentra restringido para la construcción, debido a su inestabilidad y vulnerabilidad.

Fuentes consultadas dijeron a El Cordillerano que la denuncia y las medidas cautelares solicitadas no avanzaron lo rápido que debieron haberlo hecho, sino que, por el contrario, la cuestión fue demorándose de manera repetida y que incluso una fiscalía temática desestimó intervenir en el caso. Las demoras motivaron que el asentamiento avance y que la denuncia sea ampliada casi de manera permanente por parte del Municipio, que además reiteró las medidas cautelares requeridas oportunamente, que implicaban entre otros aspectos, la declaración de una medida de no innovar y la custodia policial permanente del predio. No obstante, desde la Justicia contestaron que el Municipio sabía de la situación al menos desde el mes de febrero, pero radicó la denuncia penal apenas un mes atrás.

Las fuentes aseguran que el Municipio está en condiciones de pedir la restitución del predio afectado, que se extiende en lo más alto del cerro Otto, tanto en la ladera norte como en la ladera sur y desde el Ministerio Público Fiscal, dejaron ver que podría pedirse una formulación de cargos en lo inmediato y ordenarse todas las medidas cautelares que se requieran.

Fuentes municipales aseveraron que el lugar afectado está muy por encima de la cota 900 -sobre la que rige la prohibición de construir, ante la vulnerabilidad del suelo- y además se trata de una zona de pendiente muy pronunciada.

La información señala que se construyeron ya cuatro cabañas de madera y hay personas viviendo en el lugar. Además han provisto al asentamiento con una conexión de agua, precaria, cuyas mangueras están a la vista y han ubicado en el lugar una serie de grupos electrógenos para abastecer de energía eléctrica a las viviendas.

Desde el Poder Judicial confirmaron que en el lugar debió practicarse un allanamiento con orden judicial porque cuando acudieron las autoridades al sitio para realizar una constatación visual de lo denunciado por el Municipio, las personas allí presentes negaron el ingreso al sitio.

Diversas fuentes consultadas eludieron la posibilidad de declarar abiertamente sobre el asunto, pero dejaron trascender que algunas de las personas allí ubicadas presentaron boletos de compraventa que llevarían la firma de un privado cuyo apellido, histórico en la ciudad, ya se ha visto envuelto en otros conflictos de tierras en ese sector y que incluso mantiene litigios con otros miembros de su familia, también de apellidos ilustres en la ciudad.

De todos modos, según aseguran desde el Municipio, las tierras pertenecen al Estado municipal y ello ya fue constatado en el legajo judicial.

No obstante, señalaron que la falta de reacción del Poder Judicial motivó el ingreso de más personas al asentamiento, que de alguna manera se reimpulsó en los últimos días, con la presencia inclusive de una topadora con la que siguen desmontando criminalmente el lugar y tornando aún más inestable el suelo del sector, muy proclive a los desprendimientos y deslizamientos, ya que la vegetación y especialmente las raíces son las que le dan cierta estabilidad.