Tras los datos difundidos por el Gobierno, la UFEM alertó: “Los femicidios se mantienen estables”

En el marco del informe anual emitido por la Corte Suprema sobre los casos de femicidio en Argentina, se ha revelado que, a pesar de registrar una reducción significativa en el año 2025, los datos no son representativos de un cambio de tendencia. Esta situación ha sido destacada por Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal, quien ha subrayado la importancia de las políticas de prevención a largo plazo para enfrentar esta problemática arraigada.

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De acuerdo con el informe, durante 2025 se produjeron 200 femicidios en comparación con 228 en 2024 y 250 en 2023. Esta disminución ha generado expectativas de que podría haber un cambio positivo, sin embargo, Labozzetta aclara que tales cifras deben ser evaluadas con cautela. "El fenómeno del femicidio muestra una estabilidad en el tiempo, y un análisis más detallado es necesario para determinar cualquier influencia positiva de las políticas públicas", señaló Labozzetta.

Un dato relevante es que seis provincias, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, muestraron reducciones notables que han impactado en las cifras nacionales. No obstante, ciertas provincias como Chaco y Misiones continúan teniendo tasas elevadas de femicidios, lo que resalta la necesidad de estrategias adaptadas para cada región específica.

En su detallada evaluación de las políticas de prevención y su efectividad, Labozzetta enfatizó que la violencia de género, a menudo ejerciéndose en el ámbito doméstico por personas del círculo cercano de la víctima, no responde de manera uniforme a medidas de seguridad comunes como el patrullaje policial. Esto demanda un enfoque diferenciado y específico adaptado a los patrones de violencia de cada lugar.

El análisis no solo aboga por una intensa observancia de las políticas de prevención establecidas sino también por una rigurosa recolección y uso de información criminal para orientar las intervenciones judiciales y estatales. La fiscal Labozzetta destacó cómo estas intervenciones han de ser sostenidas de manera coherente y articulada entre las diversas jurisdicciones, para asegurar su eficacia en el tiempo.

Cualquier paso atrás en estos aspectos podría significar un retroceso significativo en la lucha contra los femicidios. Sin una persistente y precisa ejecución de políticas públicas, las reducciones observadas podrían no sostenerse a largo plazo, colocando nuevamente a más mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad.