CUESTA DEL TERNERO

| 06/10/2021

Otra decisión judicial confirma prohibición de ingreso de víveres a ocupantes

Otra decisión judicial confirma prohibición de ingreso de víveres a ocupantes
Foto archivo
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En una audiencia desarrollada en el mediodía de ayer (miércoles 6 de octubre), el juez Bernardo Campana confirmó la formulación de cargos que pesa sobre cuatro personas vinculadas a la ocupación de tierras en Cuesta del Ternero, prolongó la medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la víctima por un mes y rechazó la posibilidad de que las personas que permanecen en la toma reciban alimentos, abrigo y otros artículos esenciales.

En definitiva, Campana desestimó todos y cada uno de los pedidos defensivos e hizo lugar a lo requerido por la fiscalía y la querella.

En horas de la mañana, el juez de Garantías Ricardo Calcagno desestimó la extensión de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y la querella porque ninguno de los cuatro imputados en la usurpación de Cuesta del Ternero se había presentado a la audiencia ante la falta de una notificación certera por parte de la Oficina Judicial.

Apenas horas después, en otra audiencia a cargo del juez de Revisión Bernardo Campana, la defensa apeló la formulación de cargos aprobada semanas atrás y la fiscalía y la querella insistieron en la prórroga de las medidas cautelares, que vencían este miércoles 6. Además, la defensa también insistió en el pedido de ingreso de víveres y abrigo a los miembros de la autodenominada comunidad Lof Quemquemtreu que permanece dentro de un campo en la zona de Cuesta del Ternero reclamando la propiedad ancestral de la tierra.

Los defensores oficiales Marcos Miguel y Blanca Alderete pidieron que se deje sin efecto la formulación de cargos aceptada por el juez de Garantías Sergio Pichetto el pasado 24 de septiembre. Señalaron que la fiscalía no apostó al diálogo para lograr la pacificación ciudadana y la solución al conflicto primario. Entendieron que debía convocarse a una mesa de diálogo amplia, con todos los actores interesados, para buscar una solución política y no judicial.

Además reclamaron que se permita el ingreso de alimentos, abrigo y otros enseres esenciales para las personas que permanecen dentro del predio en conflicto con el privado que denunció la usurpación.

La fiscalía y la querella, a cargo de Betiana Cendón y Ernesto Saavedra, respectivamente, rechazaron los planteos defensivos destacando diversos ribetes de la causa judicial que se inició promediando el mes de septiembre, cuando comenzó la ocupación del lote en cuestión.

Vale recordar que los imputados en el caso son Mauro Javier Vargas, Alejandro Javier Morales Godoy, Juan Cruz Baeza y Lautaro Cárdenas Despo. Todos ellos resultaron detenidos dentro del predio cuando autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal se presentaron en el lugar con el objeto de identificar a los ocupantes y los nombrados se negaron a revelar su identidad. Tras ello fueron acusados de usurpación y se les impuso una restricción de acercamiento hacia la víctima.

La fiscal Cendón remarcó que en los días que siguieron al inicio de la usurpación, los fiscales se presentaron en al menos seis ocasiones en el lugar, para intentar entablar un diálogo con los ocupantes, pero fueron agredidos física y verbalmente.

Recordó también que el mecanismo previsto en la ley para el reconocimiento de las comunidades y su territorio comunitario, exige un relevamiento técnico jurídico, un informe sociocultural, otro étnico antropológico y un dictamen jurídico previos a la resolución administrativa y en tal sentido remarcó que: “La pretensión de ir por las vías de hecho a ocupar un predio, colgar carteles y banderas, de manera alguna salvan los requisitos que establece la Ley”.

También argumentó que desde el inicio del conflicto se presentaron seis habeas corpus a favor de los ocupantes, para que se permita el ingreso de alimentos y abrigo y en todos los casos, fueron rechazados por distintos magistrados.

Para el juez Bernardo Campana, en la presentación defensiva no se “atacó la descripción del hecho, un error en la calificación legal ni que el juez fue arbitrario, absurdo, o subjetivo, no hubo ningún ataque a la decisión judicial en esos aspectos. Lo único que se dijo es que el Ministerio Público debió haber agotado la vía del diálogo. Pero lo cierto es que la fiscalía nos contó que el Ministerio Público se acercó sin ningún tipo de resultado positivo y por el contrario recibió agresiones e insultos y la defensa no lo negó”.

En su resolución, Campana destacó que en su resolución no entraba la discusión de quién era el propietario de la tierra, si de Rolando Rocco, que ocupa el predio hace treinta años y desarrolla una explotación agropecuaria o de la comunidad que pudo haber ocupado el territorio históricamente. Siguiendo las consideraciones del juez de Garantías que admitió la formulación de cargos, reseñó que en primera instancia aparece verosímil la comisión del delito de usurpación por el que fueron imputadas varias personas.

Al mismo tiempo que confirmó la formulación de cargos y con ello la apertura formal de la investigación del delito, Campana aceptó extender la medida cautelar dispuesta en el sentido de prohibir el acercamiento de los imputados hacia la víctima, su propiedad, su familia o sus bienes y al disentir con su colega Calcagno que por la mañana había rechazado la petición. Resumió que “los jueces podemos y debemos disponer medidas cautelares en protección de la víctima a pesar de que los acusados o imputados no hayan concurrido a las audiencias”, subrayando que no fueron encontrados en sus domicilios.

Para Campana, las medidas requeridas “no son irracionales bajo ningún punto de vista”, por lo que decidió revocar la decisión de Calcagno y extender hasta el 6 de noviembre las medidas de protección que se dictaron oportunamente hacia la víctima.

En otro punto, el magistrado rechazó el ingreso de alimentos, bebidas y abrigos para los ocupantes, señaló que “las personas que están allí no están autorizadas, ninguno está detenido o privado de su libertad, podrían retirarse y valerse de todos los medios para abastecerse” y remarcó: “No va a ser adentro del predio, no voy a permitir esto, porque Rocco no los autoriza a estar a allí, están sin su consentimiento”.

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