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En los tiempos de Lorenzo Winter, los jueces de paz parecían sus empleados. El primer juez letrado renunció al año de su designación, a raíz de los permanentes conflictos.

Cuando se creó el Territorio Nacional de Río Negro en 1884, “fue el juzgado de paz de Viedma quien detentó la jurisdicción de toda la superficie territorial mientras permaneció como único juzgado”. Hay que recordar que entre la actual capital provincial y Bariloche median aproximadamente 700 kilómetros. Sin embargo, “entre 1886 y 1887 se le suman juzgados de las localidades de Pringles (Guardia Mitre), General Roca, Conesa, Bariloche y el departamento 9 de Julio, cuyas jurisdicciones ahora serán departamentales”. ¡Ay de los diferendos que surgieran en el Nahuel Huapi en esos tres años!

La historiadora Graciela Noelia Sánchez contribuyó al conocimiento de los primeros pasos que se dieron para administrar justicia en la jurisdicción antecesora de la provincia en el artículo que tituló “La Justicia Letrada: su organización y funcionamiento en el Territorio de Río Negro, 1879-1915”. Su aporte se publicó en “Horizontes en perspectiva. Contribuciones para la historia de Río Negro. 1884-1955 Volumen I”, libro que publicaron en 2007 la Fundación Ameghino en colaboración con la Legislatura de la provincia.

Las cosas estuvieron complicadas durante varios años más. “Aunque en algunos departamentos no se habían cubierto los cargos de juez de paz, hubo juzgados que debieron atender asuntos de otras circunscripciones, como el caso de Viedma, que recibía denuncias de hecho producidos en Castre (Chubut) o el juzgado de Pringles, que atendía los asuntos del departamento de Choele Choel”, reconstruyó la autora.

Además, como “en Río Negro los núcleos urbanos en su mayoría no sobrepasaban los mil habitantes, los nombramientos de jueces de paz continuaron siendo facultad del gobernador, aun después de constituido el Territorio de Río Negro”. La primera elección, de voto calificado, se hizo a fines de 1886, en Viedma. Como era de esperar, “durante esos años se destaca la amplia injerencia del gobernador en las actuaciones de los jueces de paz, tal como lo testimonian las comunicaciones intercambiadas entre dos autoridades: el gobernador invariablemente impone exigencias, transmite órdenes, dispone sobre los asuntos a atender e, incluso, desautoriza, mientras que el juez de paz es quien siempre consulta”. Ningún equilibrio de poderes.

En efecto, “estas intervenciones están presentes aún en las actividades más corrientes del juzgado, por ejemplo, en el nombramiento del comisario de Policía para suplir el interinato del juez, en lugar de designar al secretario, como correspondía”. Esa actitud se fundamentó “en el desorden atribuido a éste (el secretario) cuando intervenía en temas policiales. Otro ejemplo lo constituye la recomendación al secretario del juzgado -ahora autorizado a actuar como juez- de consultar al gobernador, ante cualquier duda que se le presente”.

Según Suárez, “esta influencia en asuntos judiciales e intromisión en las actuaciones de los jueces por parte de la autoridad política del territorio, dejará una impronta que influirá en las relaciones posteriores entre el poder político y el judicial, dificultando la concreción de un campo autónomo judicial, sobre todo en la etapa inicial de implementación de la justicia letrada en el territorio”.

En particular, la investigadora se refería a “los graves conflictos que el juez letrado tendrá con el gobernador Lorenzo Winter. Este funcionario, a cargo del Poder Ejecutivo territorial en ese período inicial de la justicia y también durante los primeros años de la justicia letrada, formó parte del grupo de gobernadores de extracción militar que gobernó el territorio hasta 1898”. La convivencia debió resultar compleja porque el primer juez letrado, Jorge Giménez, asumió en marzo de 1887 y en agosto del año siguiente, renunció.