Cerca de treinta personas acusadas por millonaria estafa telefónica

Llamaron a un barilochense que vendía un automóvil y lo engañaron de tal manera que terminó aportando detalles de sus cuentas bancarias, las de un amigo y las de su suegro. Todas las cuentas resultaron vaciadas con un perjuicio de más de cuatro millones de pesos. Habrá una investigación de trámite complejo, por el plazo de un año, contra un total de 27 personas que en su mayoría residen en diversas ciudades de Córdoba, otro puñado en San Juan y uno en Corrientes.

El juez de Garantías Juan Pablo Laurence, habilitó formalmente la investigación de una compleja causa de estafa en la que tres barilochenses resultaron perjudicados, al creer en los reiterados engaños telefónicos de un supuesto interesado en adquirir un vehículo y de otras personas que se hicieron pasar por empleados de distintas entidades bancarias y que colaboraron con un aceitado mecanismo criminal.

Los fiscales Tomás Soto y Gerardo Miranda lograron presentar los cargos con material probatorio que permitió habilitar la instancia de investigación formal de los hechos, que involucran a unas veintisiete personas radicadas en diversas localidades de la provincia de Córdoba, de San Juan y de Corrientes.

No obstante los esfuerzos realizados por los representantes del Ministerio Público Fiscal, a la audiencia convocada por la Oficina Judicial no se presentaron varios de los sospechosos, por lo que se reprogramará en su caso la formulación de cargos, bajo apercibimiento de ordenar la rebeldía y captura en caso de que no respondan a las próximas citaciones judiciales.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó la fiscalía y que admitió investigar el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, los hechos comenzaron a ejecutarse el 18 de agosto de 2020, momento en el que personas ignoradas hasta el momento se pusieron en contacto con un barilochense que ofrecía a la venta en la red social Facebook, un Renault Megane.

Las diversas maniobras de engaños se extendieron hasta el 31 de agosto de 2020, momento en el que se produjo la última transferencia y despojo patrimonial, ocasionando un perjuicio de patrimonio superior a los 4 millones de pesos, que afectó al vendedor del vehículo, a un amigo y a su suegro.

Según la acusación fiscal, el barilochense había publicado la venta de un vehículo en la suma de 380 mil pesos y recibió la comunicación a través de sistema de mensajería de la red social Facebook de un supuesto interesado de nombre Ismael, quien le solicitó el contacto telefónico y a partir de entonces las conversaciones fueron por esa vía.

A través del teléfono el supuesto interesado se identificó como Hugo Darío Inostroza, quien dos días después le comunicó al vendedor que había transferido 80 mil pesos como seña y le aportó un comprobante de transferencia bancaria. Ese mismo día el vendedor recibió el llamado de una persona que se identificó como empleado del banco, que le indicó que para que el dinero sea “definitivamente depositado” en su cuenta, le debía informar la clave de home banking, clave de cajero y clave token, información que el denunciante aportó.

Apenas horas después el supuesto empleado bancario se comunicó nuevamente y le informó que habían surgido algunos inconvenientes y que debía aportar otra cuenta bancaria para realizar la transferencia y así fue cómo el vendedor del vehículo aportó los datos y las claves de otra cuenta bancaria.

Más tarde el supuesto interesado en el vehículo se comunicó con el vendedor diciendo que su dinero le había sido restituido pero que seguía interesado en el rodado y le ofreció subir el valor del rodado a 400 mil pesos, que al día siguiente transfirió en partes iguales a las dos cuentas bancarias que había aportado el vendedor.

A partir de entonces el vendedor recibió el llamado de un supuesto empleado de uno de los bancos, indicándole que, para acreditar las transferencias, debía dirigirse al cajero y efectuar algunas gestiones que fracasaron. Poco después, el mismo supuesto empleado bancario le dijo que como había dos transferencias simultáneas a dos cuentas de una misma persona, se requería una autorización especial del Banco Central y que la cuestión podía zanjarse si aportaba otra cuenta de algún amigo o familiar que le hiciera el favor de prestarle la cuenta para el envío del dinero.

De nuevo, siguiendo las directivas de los supuestos empleados bancarios, el amigo que prestó la cuenta bancaria colaboró con los interlocutores y facilitó sin saberlo, el acceso de los delincuentes a su dinero.

Las comunicaciones fueron dilatándose, hasta que finalmente confirmaron que no solo el vendedor del automóvil no había recibido ninguna transferencia, sino que, a su amigo, le habían retirado todo el dinero correspondiente a una indemnización que acababa de cobrar tras ser despedido de su empleo.

Pero el asunto no quedó allí, ya que las víctimas desesperadas creyeron nuevamente en otro engaño de los estafadores y con el pretexto de que el Banco Central retuvo toda la indemnización del amigo, más los 400 mil pesos transferidos por el supuesto comprador del vehículo, aportaron otra cuenta para zanjar la situación. Así fue como al suegro de una de las víctimas también le sustrajeron cerca de 70 mil pesos.

Los fiscales Soto y Miranda lograron acreditar con documentación fehaciente que todos los involucrados tuvieron una participación en el caso, ya sea como partícipes de la estafa o como encubridores de la misma, recibiendo, transfiriendo o gastando con pagos electrónicos, el dinero perteneciente a las víctimas, por lo que se reservó el derecho de modificar la calificación legal escogida según corresponda a cada caso.

Según el detalle, en cuestión de minutos, el dinero circuló y trianguló entre diversas cuentas de las más variadas entidades bancarias, hasta desaparecer en su totalidad, despojando así a los barilochenses que cayeron repetidamente en los engaños de lo que aparece como una aceitada organización criminal.

El detalle de los imputados

Los imputados son los siguientes: Alexis Maximiliano Verón; Milena Luján Viera y Valeria Cecilia Irusta, todos con domicilios en Villa María, Córdoba. Jonatan Frega; Noelia Karina Colli; Gastón Ismael Barroso; María Soledad Barroso; Paola Raquel Gómez; Jairo Matías González, Rocío Belén Moreno y Franco De Pascuale, todos con domicilios en la localidad de Río Cuarto, Córdoba. Marta Liliana Bustamante; Julio Adrián Banega; Julio César Cainzo; Federico Cainzo; Fernando Cainzo; Rubén Darío Astudillo Escobedo; Lucas Damián Santillán; Cynthia Carolina Jodar; Carlos Rafael Yanicelli y Romina Lorena Maidana, todos de Córdoba Capital. Martín Gabriel Pezzani, domiciliado en la localidad de General Deheza, Córdoba. Además, aparecen entre los acusados Ricardo Emanuel Núñez Olivera; César Daniel Reina; Jonatan Emanuel Díaz Díaz y Matías Alexis Castro Carabajal, todos con domicilio en la provincia de San Juan y finalmente Guillermo Romero, radicado en la localidad de Goya, Corrientes.