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IMPUTARON A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE

16/09/2019

Ordenaron el desalojo y restitución a su propietario del terreno en cerro Ventana

Ordenaron el desalojo y restitución a su propietario del terreno en cerro Ventana
En el final de la audiencia se vivieron momentos de tensión. (Foto: Tonny Romano)
Por: Mariano Colombo / Fotos: Tonny Romano

El juez de Garantías Sergio Pichetto, aceptó la formulación de cargos que presentó la Fiscalía contra ocho personas acusadas por usurpar un predio en disputa entre un privado e integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo y otorgó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, ordenó el desalojo de las tierras ubicadas al pie del cerro Ventana. Si no se retiran voluntariamente, el desalojo será compulsivo, dentro de las 72 horas posteriores a que la resolución quede firme. La defensa, se reservó el derecho de impugnar.

Los fiscales Martín Lozada, Gerardo Miranda e Inti Isla, formularon cargos por el delito de usurpación contra Ramiro Buenuleo (43), Rosa Buenuleo (37), Lucas Dinamarca (22), Sandra Ferman (33), Nahuel Maliqueo (18), Mauro Millan (49), Nicolás Quijada (18) y Claudio Raile (34). La acusación describió los elementos probatorios reunidos a la actualidad y solicitó un plazo de cuatro meses para investigar. Además, pidieron el desalojo de la tierra y la restitución al denunciante.

En su alocución, los fiscales destacaron que “los derechos no se toman por asalto” y que todos los intentos por mediar y lograr una solución pacífica habían fracasado, pero que además los acusados no habían respetado acuerdos verbales y luego de las entrevistas mantenidas, continuaron ingresando materiales de construcción y elementos a la propiedad en disputa, construyendo un pequeño refugio para las personas que allí estaban.

El hecho según la versión acusatoria ocurrió el 10 de septiembre por la mañana, cuando Ramiro Buenuleo ingresó al predio a bordo de una camioneta Ford F-100 y por otros accesos entraron al predio el resto de los mencionados, dirigiéndose directamente al lugar en el que el privado había construido una vivienda.

Para el fiscal Miranda, se acreditó la violencia desplegada por los imputados a partir de ingresar en gran número a la propiedad y lo hicieron en clandestinidad.

Según describió, el ya fallecido Antonio Buenuleo había firmado en 2001 un boleto de compra y venta con Claudio Thiek, quien a su vez, en el año 2009, le vendió a Friedrich. Para documentar todo, el propio Buenuleo concurrió a una escribanía a certificar su firma.

La abogada Laura Zannoni, representante de Friedrich, acompañó la descripción del hecho realizado por la Fiscalía y afirmó que era su intención dialogar. Al mismo tiempo, ofreció testigos para confirmar que su asistido llevaba varios años en el lugar.

Mauro Millan y Claudio Raile, dos de los acusados, dijeron no pertenecer a la comunidad Buenuleo, pero aseguraron que fueron a acompañar, defendieron la acción como un “acto legítimo y democrático” y aseguraron que ya habían abandonado el sitio.

La defensora particular Natalia Araya realizó una serie de planteos que fueron rechazados. En primer término argumentó la incompetencia de la justicia ordinaria para intervenir, al señalar que el predio en cuestión estaba dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y sería potestad de la justicia Federal investigar el hecho.

Pidió además el sobreseimiento de Millan y Raile, destacó que tenía una teoría distinta del caso que planteó la Fiscalía y señaló que se trataba de tierra recuperada y no usurpada. Explicó que la presencia en la zona de la comunidad Buenuleo está acreditada hace mucho tiempo y enfatizó que no hubo nada clandestino porque se había informado a distintos organismos y comunidades de lo que ocurriría.

Además señaló que los integrantes de la comunidad sabían a lo que se exponían y por ello grabaron cada una de las secuencias desde el momento cero de la recuperación y agregó que fueron miembros del grupo los que llamaron a la policía cuando el denunciante y los cuidadores del predio se hicieron presentes.

Para el juez Sergio Pichetto, la descripción del hecho que realizó la Fiscalía resultaba típica y al considerar que reunía todos los requisitos, habilitó la investigación por el plazo de cuatro meses. “Si ocurrió como dice la Fiscalía, hay un posible delito de usurpación”, aseguró.

Superada esa instancia, el fiscal Gerardo Miranda aseguró que el delito se seguía cometiendo y correspondía que la Justicia tome las determinaciones que correspondan para hacer cesar el delito. Así, pidió el desalojo preventivo del predio y la restitución al denunciante. El fiscal adujo que si se dejaba pasar el tiempo cada vez habría más cantidad de gente instalada en el lugar “y después no hay vías para sacarlos, al menos no pacíficamente. No queremos que esto sea otro Rafael Nahuel”.

En ese sentido el juez Pichetto recordó que después de los intentos conciliatorios que desarrolló la Fiscalía, los acusados ingresaron materiales y “consolidaron la toma”, por lo que verificados determinados requisitos legales, ordenó el desalojo, previendo que el mismo se realice dentro de las 72 horas de haber quedado firme su decisión.

En ese sentido destacó que su decisión era revisable y de hecho la defensa dejó asentado su derecho a impugnar el fallo de Pichetto. No obstante, el magistrado puso en cabeza de los fiscales Lozada, Isla y Miranda la concreción de la medida, ordenando que sea realizada en horas del día y con buenas condiciones climáticas, convocando además a todos los organismos proteccionales que correspondan.

En la última parte de su resolución, el magistrado dispuso una orden de no innovar, por lo que ni los integrantes de la comunidad, ni el denunciante, podrán interferir ni realizar ningún tipo de modificaciones en el lote en cuestión.

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