2026-05-29
Causa Vialidad: la Justicia dejó firme el multimillonario decomiso de bienes a Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios y ordenó avanzar con la ejecución de 111 propiedades familiares y de Lázaro Báez.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó de manera definitiva la ejecución patrimonial en el marco de la condena por corrupción en la obra pública. Con el voto de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el tribunal rechazó las presentaciones de las defensas. De esta manera, el Poder Judicial buscará recuperar una suma actualizada de $685.000 millones para resarcir el perjuicio económico causado al Estado nacional.
La resolución otorgó firmeza a la primera etapa de ejecuciones dispuesta originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Al bloquear la vía ordinaria hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la medida de decomiso se mantendrá plenamente operativa. A partir de este escenario, se iniciarán formalmente las tareas de tasación y el posterior remate de los activos.
El listado de los bienes alcanzados por la resolución abarca diferentes categorías patrimoniales:
- Cristina Kirchner: Afecta de forma directa al hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate.
- Máximo y Florencia Kirchner: Incluye 19 departamentos en Río Gallegos recibidos como adelanto de herencia.
- Lázaro Báez: Abarca un total de 80 inmuebles e infraestructura pertenecientes a sus firmas comerciales.
En sus fundamentos, la mayoría del tribunal ratificó que la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la ejecución de activos lícitos o ilícitos mezclados. Los camaristas señalaron que basta con acreditar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable durante el período investigado entre 2003 y 2015. Por su parte, el juez Borinsky votó en disidencia parcial únicamente respecto a las propiedades de los hijos heredadas antes de 2004.
El juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu ya notificó oficialmente a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema. El magistrado solicitó al máximo tribunal definir si destinará parte de los inmuebles recuperados para el uso de la justicia o del Consejo de la Magistratura. El remanente de los fondos obtenidos en las subastas públicas será transferido directamente a las arcas estatales.
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