Manejaba alcoholizado, chocó una moto y dejó dos víctimas con lesiones gravísimas: reformularon los cargos
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 20 de julio de 2025, entre las 3 y las 3:30 de la madrugada, sobre calle Beschted, luego de la intersección con Mascardi. En ese momento el imputado circulaba en dirección sur–norte cuando la motocicleta se incorporó desde Mascardi y comenzó a transitar por la misma arteria en igual sentido.
La Fiscalía sostuvo que el conductor del automóvil colisionó desde atrás a la motocicleta al conducir de manera negligente, imprudente y antirreglamentaria. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, lesión considerada grave por el tiempo de recuperación superior a treinta días.
La acompañante presentó fractura expuesta en un miembro superior, una lesión vascular con abundante pérdida de sangre y la amputación infrapatelar de su pierna izquierda, lesiones calificadas como gravísimas.
De acuerdo con la acusación, el imputado no respetó las normas de tránsito al no circular con el cuidado y la prevención exigidos ni mantener el dominio del vehículo. Además, conducía con un nivel de alcohol en sangre superior a un gramo por litro, conforme al test de alcoholemia practicado, y a una velocidad mayor a la permitida.
El hecho fue encuadrado como lesiones graves y gravísimas culposas agravadas, por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, por existir más de una víctima lesionada, por el exceso de velocidad y por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido.
Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal manifestó que no formularía objeciones a la reformulación de cargos ni al plazo de investigación solicitado.
En ese marco, el Juez de Garantías tuvo por reformulada la acusación conforme a la calificación expuesta por la Fiscalía y dispuso prorrogar la investigación penal preparatoria hasta el 13 de abril de 2026.
La defensa indicó además que se encuentra trabajando para abordar una salida alternativa al conflicto y señaló que los reclamos vinculados con la reparación económica de los daños deben canalizarse en el ámbito civil. En ese contexto, la defensora propuso la suspensión de juicio a prueba, con reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias no remuneradas.
La propuesta fue rechazada por el magistrado, luego de que la Fiscalía y la querella que representa a una de las víctimas manifestaran su oposición al planteo realizado por la defensa.