El Gobierno Nacional respondió a una de las rusas detenidas y aclaró que no puede intervenir en la causa judicial
El Gobierno nacional respondió al planteo realizado por Elena Makarova, una de las ciudadanas rusas detenidas en el marco de la investigación por una presunta secta en San Carlos de Bariloche, y dejó en claro que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en un proceso judicial en curso.
La contestación fue emitida por la Dirección Nacional de Integración a las Víctimas y Atención a la Justicia, luego de que el presidente Javier Milei recibiera una carta firmada por Makarova el pasado 10 de noviembre, en la que la mujer solicitaba una medida concreta dentro del expediente.
En su presentación, Makarova pidió ser excluida de la lista de damnificados de la causa y cuestionó el accionar de la fiscalía, a la que acusó de “inventar argumentos” para sostener su detención. Además, sostuvo que fue tratada de manera “injusta” por el Estado argentino.
El escrito incluyó un relato que forma parte del análisis judicial del caso. Si bien negó considerarse víctima, Makarova describió situaciones que la investigación evalúa como indicios de posible vulnerabilidad: afirmó que estuvo retenida en un lugar del que no podía salir, que no hablaba español y que solo tenía permitido comunicarse con su madre durante breves lapsos diarios. Cabe recordar que Elena posee un canal de You Tube donde comunica las denuncias contra el proceso judicial argentino.
Ante este planteo, el Ministerio de Justicia respondió con una postura institucional y citó la Constitución Nacional para fundamentar que ni el Presidente ni los funcionarios del Poder Ejecutivo pueden intervenir en el accionar de fiscales ni influir sobre causas judiciales en trámite.
En ese marco, se le indicó que, en caso de considerar que existieron irregularidades o mal desempeño, puede presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de evaluar la conducta de jueces y tramitar acusaciones cuando se detectan posibles faltas, según lo que publicó el sitio lu17.com.
La causa judicial continúa abierta y se centra en una presunta organización vinculada a delitos de explotación sexual y reducción a la servidumbre en Bariloche, que tendría como principal imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, actualmente detenido en el penal de Rawson con prisión preventiva hasta abril de 2026.
Desde el Gobierno nacional remarcaron que la definición de fondo del caso —la existencia de delitos, la condición de las personas involucradas y las responsabilidades penales— es una cuestión exclusiva de la Justicia, mientras que el Ejecutivo se mantiene al margen del proceso y remite los reclamos a las vías institucionales correspondientes.