EL LUGAR NO TENÍA HABILITACIÓN
Imputaron a los propietarios de una residencia geriátrica por lesiones a una adulta mayor
La fiscala Alejandra Bartolomé imputó formalmente a Alejandro Iwanow y Yésica Gómez Torres, ambos con residencia en Portugal, como autores del delito de lesiones leves culposas. La acusación se dio luego de un proceso frustrado de conversaciones entre las partes para buscar una salida alternativa al proceso, que por ahora avanzará hacia la instancia de Control de Acusación.
Bartolomé imputó a los nombrados como propietarios y máximos responsables de la residencia para personas mayores La Araucaria, que funcionaba sin las habilitaciones correspondientes en la zona Oeste de la ciudad y lo hizo en relación al caso de una adulta mayor que fue retirada del lugar por familiares y trasladada a una clínica, tras ser encontrada en un delicado estado.
De acuerdo al relato que apoyó la parte querellante a cargo de Mercedes González, la mujer llegó caminando al hogar el 10 de agosto de 2023. Sus familiares documentaron fotográficamente la secuencia. Destacaron que si bien necesitaba asistencia y acompañamiento permanente, todavía podía movilizarse por sus propios medios.
Los días que siguieron la encontraron notoriamente desmejorada. Hasta que el 3 de septiembre, ante la negativa de la propia Gómez Torres de convocar a una ambulancia, las hijas de la anciana tomaron la decisión de retirarla en silla de ruedas hasta su vehículo particular y trasladarla a un centro asistencial en donde se constataron lesiones, compatibles con golpes o compresiones muy fuertes.
La fiscalía, sostuvo que el lugar no estaba habilitado y ni siquiera reunía las condiciones exigidas por las normativas aplicables. Pero además remarcó que en un allanamiento buscaron documentación que debió estar allí y no estaba y que el propio acusado se comprometió a aportar pero no lo hizo.
La audiencia fue desarrollada este miércoles mediante la plataforma Zoom, dado que ambos acusados residen en Portugal y fue la segunda oportunidad en la que la fiscalía intentó formalizar la investigación, dado que la anterior terminó con un cuarto intermedio buscando una solución pacífica al conflicto.
No obstante la parte querellante señaló que la voluntad de la familia era únicamente aceptar una salida alternativa en la que se establezca una compensación económica para afrontar los gastos que demandó el tratamiento de la mujer afectada y que tras el lamentable deceso, esa posibilidad quedó carente de sentido y remarcaron que en todo el tiempo que transcurrió, los acusados ni siquiera tuvieron la deferencia de pagar lo que la familia había abonado por anticipado, teniendo en cuenta que fue retirada del lugar apenas 20 días después de su ingreso.