EN UNA MARCHA EN CONGRESO
Avanza la investigación de la represión contra la niña rociada con gas pimienta
El fiscal federal Eduardo Taiano ha iniciado las primeras acciones en su investigación sobre la represión que sufrieron una niña y su madre durante una marcha en el Congreso de Buenos Aires.
Este incidente ha generado gran preocupación y controversia desde su ocurrencia el 11 de septiembre, como resultado del veto presidencial por parte de Javier Milei al aumento de jubilaciones. Las acciones de Taiano buscan esclarecer los hechos y identificar a los responsables del posible uso excesivo de la fuerza policial.
Uno de los elementos claves en la investigación es identificar a los efectivos que estuvieron presentes durante la marcha. Taiano ha solicitado a la Policía Federal un informe detallado sobre el operativo realizado ese día, con un enfoque especial en el agente Rivaldi. Rivaldi es señalado como el policía que roció gas pimienta en los rostros de Carla Marina Pegoraro y su hija, Fabrizia Pegoraro de 10 años, quien participaba en la manifestación pacífica.
La versión de Carla Pegoraro postula que, sin previa provocación, las fuerzas de seguridad avanzaron contra los manifestantes, acción que resultó en el uso de gas pimienta a pocos centímetros de distancia, causando severas repercusiones físicas y emocionales en ambas.
Las redes sociales han ardido con imágenes y videos que parecen respaldar las acusaciones de Carla Pegoraro. Un video específico muestra a un oficial rociando gas pimienta directamente en la cara de la niña, intensificando la indignación pública. Dichas pruebas serán fundamentales en la investigación, ya que ponen en duda las declaraciones oficiales del Gobierno sobre el incidente y fortalecen la denuncia de Gregorio Dalbón, el abogado de la familia.
Dalbón ha acusado también a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tener responsabilidad en el operativo represivo, invocando los artículos 248 y 45 del Código Penal. Estos artículos estipulan penas para los funcionarios que formulen o instiguen acciones ilegales. Esta acusación refleja la gravedad del caso, que no solo se centra en el accionar individual de Ribaldi, sino que extiende la responsabilidad a los niveles más altos del comando de seguridad.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, bajo la dirección del juez Luis Rodríguez, ha recibido la denuncia y se encargará de las futuras diligencias. Hasta ahora, la calificación del hecho como “violencia institucional” señala un serio incumplimiento de los derechos humanos, además de una violación clara de la Convención sobre los Derechos del Niño.