Le asestó 21 puñaladas y le golpeó la cabeza hasta matarlo: cuatro años de prisión

David Francisco Ancapichun aceptó la propuesta de acuerdo pleno de juicio abreviado que planteó el fiscal Francisco Arrien. Así, a partir de su confesión, resultó condenado a la pena de cuatro años de prisión por un homicidio simple, mediando circunstancias especiales de atenuación, en torno al control que tenía de su conducta al momento de los hechos.

El acusado se encontraba internado como una medida de seguridad provisional en el área de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche, tras un hecho ocurrido el 22 de mayo de 2021 en una vivienda de El Bolsón, en la que se encontraba reunido con otras personas.

En esas circunstancias y por motivos que aún hoy no se conocen, el sujeto comenzó una discusión y una pelea a golpes con Arturo Martín Albornoz. La situación se trasladó al exterior de la vivienda en donde valiéndose de un elemento romo que no fue encontrado, le provocó dos lesiones severas en la región frontal y 21 heridas cortantes con un cuchillo, una de ellas atravesó el corazón y provocó la muerte de la víctima en pocos segundos.

De acuerdo a diversos informes reunidos en el legajo judicial, el sujeto tenía una capacidad disminuida al momento de los hechos, como derivación de una adicción crónica al alcohol y a las drogas y en la actualidad continúa con asistencia permanente ante un trastorno de ansiedad y un deterioro de la conciencia.

La propuesta del fiscal Arrien fue acompañada por el defensor oficial Marcos Ciciarello, quien remarcó que durante la etapa de investigación trabajaron arduamente en conjunto con la fiscalía para determinar la capacidad de su asistido y que a partir de las diversas pericias realizadas, se abría paso a la imposición de una sanción por debajo del mínimo legal, considerando la capacidad mental disminuida del acusado.

En la sentencia, se dispuso librar oficio al Hospital Zonal, a los fines de informar si se dispone el alta médica de Ancapichun, en cuyo caso deberá el nombrado ser trasladado al EEP N° 3 o al centro de detención que el Servicio Penitenciario considere apropiado, según dispusieron los jueces Marcelo Álvarez Melinger, Juan Martín Arroyo y Marcos Burgos.