Tiroteo en el Este: prisión preventiva para un joven por un enfrentamiento entre dos familias en Bariloche

Un hombre quedó en prisión preventiva en Bariloche luego de un enfrentamiento entre dos familias que derivó en la intervención policial. Durante la audiencia de control de detención y formulación de cargos, el juez César Lanfranchi también ordenó su internación provisoria durante cinco días para que se evalúe su estado de salud mental.

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Este miércoles Agustín Emiliano Roa fue imputado por portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de armas. Según expuso la Fiscalía, los llamados de vecinos se registraron entre las 7.20 y las 8.20 de este martes, en el barrio San Francisco IV. Cuando el personal policial llegó al lugar, se encontró con un escenario de conflicto entre dos familias y al acusado con un arma de fabricación casera en la mano. El arma estaba cargada y lista para ser usada.

La detención se produjo en ese contexto y fue declarada válida por el juez. Durante la investigación, se realizaron allanamientos en las dos viviendas, debido a que se había informado sobre disparos desde ambos lados. Según lo expuesto en la audiencia, no se encontraron otras armas.

La Fiscalía presentó certificados médicos, fotografías del arma y un informe sobre la existencia de una cámara de seguridad cuyo registro daba cuenta del enfrentamiento entre las familias. También informó que había una mujer lesionada, que se encuentra recuperándose y a la espera de brindar su declaración.

La reconstrucción presentada por la acusación indicó que el hombre se habría dirigido a la casa de la otra familia mientras arrojaba piedras. Luego, varias personas salieron a perseguirlo, por lo que se refugió en su vivienda y buscó el arma.

La defensa presentó una versión diferente. Sostuvo que la madre del imputado también había sido agredida y que él intervino para defenderla. El propio acusado manifestó durante la audiencia que el conflicto había comenzado la noche anterior y que, por la mañana, habían golpeado a su madre y lo habían herido en un brazo.

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El fiscal Facundo D'Apice solicitó un plazo de cuatro meses para investigar y pidió que permaneciera detenido con prisión preventiva. Argumentó que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a que las familias involucradas viven a menos de 200 metros de distancia, y que era necesario proteger a las víctimas.

La defensa, a cargo de Vigueras, no se opuso a que se iniciara la investigación, pero cuestionó la necesidad de mantener al acusado detenido. Señaló que había certificados médicos que acreditaban lesiones en su mano derecha y en el antebrazo izquierdo, incluida una fractura expuesta, y pidió que se le practicara un examen médico.

El defensor señaló que uno de los llamados al 911 había sido realizado por una enfermera del centro de salud de la zona, quien informó sobre un joven agredido que atravesaba un brote psicótico y estaba acompañado por su madre, que no podía contenerlo. Para el abogado, la información sobre la salud psicofísica de Roa, en particular sobre su estado de salud mental, era “sumamente trascendental” para el proceso penal.

También indicó que el acusado recibe tratamiento de salud mental desde los 12 años y que toma medicación cuatro veces al día. Según explicó el acusado, cuando no recibe la medicación, sufre episodios en los que pierde el control. La defensa afirmó que durante la detención no se le había suministrado su tratamiento habitual y solicitó que se evaluara una posible internación.

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Al resolver, Lanfranchi consideró que existían elementos suficientes para habilitar la investigación y que, por la gravedad del episodio y la cercanía entre los domicilios, era necesario garantizar el proceso y la protección de las víctimas.

El juez dispuso la prisión preventiva, pero también ordenó una internación provisoria por cinco días para que profesionales de la salud evalúen el estado del acusado, ante la posibilidad de que no se encontrara estabilizado. Cumplido ese plazo, deberá ser trasladado a la Unidad 80.