Juicio oral: cobró el IFE siendo concejal y renunció a su sueldo para no perder los beneficios de ANSES

En la provincia de Salta, se lleva a cabo una megacausa judicial contra quienes cobraron ayuda del Estado, mediante el IFE, al comienzo de la pandemia en Argentina, teniendo ingresos o siendo trabajadores del Estado.

Luego de las denuncias, la mayoría de los acusados buscó una solución alternativa para no ser condenados, renunciaron y devolvieron el dinero; otros quedaron sobreseídos porque no llegaron a cobrar, en una decisión apelada ante la Corte Suprema, y otros ocho legisladores comunales llegaron a juicio oral.

Entre ellos, se encuentra el caso de Nicolasa Maras, representante comunal de la localidad salteña de Los Toldos. Para ella, el fiscal federal Ricardo Toranzo, a cargo del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, pidió esta semana una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con el incumplimiento a los deberes de funcionario público.

En el juico oral que comenzó en febrero pasado se escucharon las pruebas y los testimonios que, a criterio del fiscal, acreditaron que "los imputados tenían pleno conocimiento de que el beneficio que el Estado implementó para paliar las circunstancias devenidas de la pandemia, no los comprendían, en tanto, el decreto que lo implementó establecía fehacientemente el sector al cual estaba dirigido: el más vulnerable de la población, personas que tenían trabajos informales".

Pero en el juicio se analizó la situación de cada uno de los involucrados y llamó especialmente la atención el caso de la ex concejal de Los Toldos. ¿Por qué? Porque el IFE era asignado de manera automática para quienes tenían la Asignación Universal por Hijo y Nicolasa Maras cobraba ese beneficio por su hija que cumplió 18 años durante la pandemia. Para la fiscalía, sin embargo, se trataba de funcionarios públicos electos y ya existía un vínculo laboral con el Estado provincial. Es decir: no sólo no les correspondía el IFE sino que tampoco debían percibir AUH, un beneficio para personas desempleadas.

Según se comprobó en el juicio, la mujer se presentó en las oficinas de ANSES UDAI Salta para consultar respecto del beneficio IFE, contó que era titular de AUH y que había renunciado a su dieta de concejal porque el monto del sueldo era inferior a la asignación. Lo confirmó como testigo Virgilio Mendoza, intendente de Los Toldos. "No le convenía blanquearse con un sueldo en efectivo para no perder los beneficios sociales", dijo. Además era beneficiaria de una beca de estudios para su hija, la que corría el riesgo de perder de no haber renunciado a la dieta, describió.