El 23 de mayo se conocerá la sentencia sobre la vigencia de la acusación en megacausa "Techo Digno"

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro escuchó todos los argumentos de las partes para sostener o revocar un fallo en el que el Tribunal de Impugnación de la provincia anuló las formulaciones de cargos que recayeron sobre varios exintendentes municipales rionegrinos y empresarios vinculados al programa de viviendas Techo Digno.

El fiscal general Fabricio Brogna, había planteado este martes su recurso de queja y el mismo fue admitido de manera unánime por el máximo tribunal rionegrino, habilitándose una nueva audiencia que se desarrolló este miércoles, para que las partes pronuncien sus alegatos en relación a la confirmación o la revocatoria del fallo que anuló las formulaciones de cargos contra intendentes de varias localidades rionegrinas.

Ahora el máximo tribunal rionegrino pasó a deliberar y emitirá su resolución el 23 de mayo próximo.

La cuestión de fondo es la vaguedad del reproche fiscal -a criterio del Tribunal de Impugnación- que ameritó la anulación de la formulación de cargos -en algunos casos- y el dictado de sobreseimientos -en otros-. Para la fiscalía el fallo en cuestión impide completar una investigación penal y consagra la impunidad y la corrupción y para las defensas se trata de maniobras políticas sin sustento legal, que generan alto impacto social, pero que a la luz de los elementos reunidos en el expediente, se trata de un excesivo sometimiento a un proceso penal que ya lleva varios años sin haber logrado demostrar nada de lo que se acusa.
La fiscalía indica que intendentes recibieron y dispusieron fondos provenientes del programa, conforme a las certificaciones de avance de obra que eran apócrifos y así se logró destrabar fondos para la continuidad del programa. Las acusaciones pesan sobre intendentes de Cervantes, Campo Grande, Sierra Grande, Fernández Oro, Choele Choel, Godoy, Conesa, Viedma, Cipolletti, Roca y varias otras localidades.

Según apuntó el fiscal general Fabricio Brogna, en el caso se investiga la actividad de intendentes que "sacaron dinero con la tarjeta de débito y no sabemos para qué la usaron. Intendentes que constituyeron plazos fijos y no sabemos dónde están los intereses. Intendentes que sacaron dinero y después lo devolvieron sin explicación alguna".

Sin embargo, los defensores recordaron que todas las causas se iniciaron por las denuncias que radicó Mónica Marchisella, del Ministerio de Planificación Federal, al asumir el gobierno de Mauricio Macri. Los defensores remarcaron que todo recayó en el juzgado del exjuez Claudio Bonadio, que inmediatamente dio curso a las denuncias y ordenó una batería de medidas que causaron un gran impacto mediático. "Son jugadas políticas que las ve cualquier vecino", concluyó uno de los letrados.

Otro de los defensores cargó contra la fiscalía señalando que "le vendió a la sociedad una película de terror que ahora no puede pasar. Les dice a ustedes -a los jueces- que si no fallan como reclama la gente va a pensar que sus voluntades están compradas pero hace cinco años que tienen la causa y ahora viene a decir que no lo dejan investigar. ¿Quién paga esta fiesta?"

Cabe recordar que una decena de gestiones locales, en su mayoría de fuerte impronta kirchnerista, llegaron a esta causa, señaladas por presuntos manejos irregulares de los fondos económicos millonarios que giraba Nación directamente a los municipios para la ejecución de planes de viviendas. En síntesis, en la voluminosa causa el Ministerio Público planteó que existían diferencias entre los avances físicos, de ejecución de obra y el avance financiero. Las defensas de los acusados plantearon siempre que el dinero que giraba Nación iba a los planes de viviendas y se veía reflejado en las casas ejecutadas. 

El año pasado el Tribunal de Impugnación (TI), dejó sin efecto las formulaciones de cargos dictadas en Roca y dictaminó sobreseyendo a los acusados de Viedma. En ambos casos se involucraba a políticos y empresarios por las presuntas irregularidades en el manejo de los Fondos Nacionales para construcción de viviendas, entre los años 2013 y 2015.

El trámite en análisis abarca solo aquellas acusaciones realizadas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, aunque los procesos se extendieron y repitieron, con idénticas acusaciones, en las Cuatro Circunscripciones de la provincia, incluso motivaron palabras de los defensores que castigaron señalando que se trató de un amplio ejercicio del "copiar y pegar".