El juez Campana confirmó imputación y restitución del predio al Obispado de San Isidro

El juez de revisión Bernardo Campana rechazó los planteos del defensor oficial Nelson Vigueras y confirmó la validez de la formulación de cargos contra cuatro mujeres y la orden de restitución que había dictado el juez de Garantías Juan Martín Arroyo.

Tras rechazar los planteos del defensor oficial Nelson Vigueras, el juez de revisión Bernardo Campana confirmó la formulación de cargos contra María Nahuel, Betiana Colhuan, Johana Colhuan y Jéssica Bonnefoi por la usurpación del predio Hueche Ruca perteneciente al Obispado de San Isidro y también confirmó la restitución del mismo a su propietario, tal como lo reclamaron el abogado querellante Ernesto Saavedra y la fiscal Betiana Cendón.

En una audiencia realizada vía Zoom, Campana ratificó la decisión tomada por el juez de Garantías Juan Martín Arroyo el pasado 22 de octubre. Según argumentó el magistrado, no existe en la legislación vigente la posibilidad de impugnabilidad objetiva de la formulación de cargos y concluyó que no se demostró un acto jurídico aberrante ni un gravamen irreparable.

El defensor formuló reserva de apelar la decisión de Campana y cuestionó también la decisión de desalojo, apuntando que no existía el peligro en la demora que argumentaron los acusadores, teniendo en cuenta que el hecho por el que acusa la fiscalía había ocurrido en el mes de abril y afirmó que no hubo una fundamentación razonada y legal de la decisión.

Para el defensor los acusadores hablan de daño y de robo, pero no hay absolutamente ningún elemento en el caso que atribuya a María Nahuel, a Jéssica Bonnefoi o a las hermanas Colhuan, la responsabilidad sobre algunos de esos hechos que calificó como "manifestaciones".

La fiscalía y la querella contestaron pidiendo el rechazo y afirmaron que por estas horas los informes policiales constataron la presencia de un mayor número de personas que las que se tenía conocimiento.

A su turno, el querellante Ernesto Saavedra hizo mención al pedido que habían realizado oportunamente de garantizar que el desalojo se concrete sin violencia y explicó que esa posición no significaba que la medida debía cancelarse o suspenderse eternamente, sino que la posición era que se realice de todos modos, siempre apelando a una solución pacífica.

El magistrado indicó que quedará a criterio de la fiscalía el momento en que se desarrollará la medida, ponderó la posición querellante de que se concrete sin violencia o con la menor violencia posible y concluyó que para "ello es necesario que quienes aparecen aquí como acusados, reconozcan la autoridad judicial".

Mariano Colombo