2020-11-03

AUNQUE ESTÁ DEMORADA LA MEDIDA

Defensa de comunidad que ocupa en Villa Mascardi apelará la orden de desalojo

Mientras la concreción del desalojo fue demorada por el propio pedido de la querella, el Obispado de San Isidro, la defensa apelará la decisión adoptada por el juez de Garantías Juan Martín Arroyo. Habrá una audiencia este viernes y el magistrado a cargo será Bernardo Campana.

Apenas semanas atrás el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella y tras imputar formalmente a varios integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, ordenó la restitución del predio a sus propietarios. Pero unas horas después, el mismo Obispado de San Isidro pidió diferir el cumplimiento de la medida cautelar hasta tanto estén garantizadas las posibilidades de realizarla de forma pacífica y sin violencia.

Mientras se busca encausar la medida hacia los carriles del diálogo sin que hasta el momento hayan surgido avances, el defensor oficial Nelson Vigueras apelará la medida y la audiencia fue fijada por la Oficina Judicial para este viernes 6.

En el caso están imputadas María Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi, aunque la fiscal Betiana Cendón había pretendido imputar a otras personas que para la audiencia de formulación de cargos no habían sido debidamente notificadas. En esa lista aparecían los nombres de  Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan y Gonzalo Coña, todos nombres que surgieron a partir del cruzamiento de datos con los expedientes tramitados en la Justicia Federal.

Según la acusación, son los responsables de haber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales.

Según describió la fiscalía, el CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) dijo que no tenía ningún relevamiento sobre la comunidad por presuntos hechos de violencia. Desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) también ratificaron que no pudieron concretar el relevamiento y expresaron la irregularidad de la lof.

Mariano Colombo

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