Dos empleados policiales bajo la lupa de la Justicia

En los próximos días la jueza Romina Martini deberá definir el destino de una causa en la que se acusa a dos sargentos ayudantes de la Policía de Río Negro, por una serie de delitos contra la administración pública. Estos ponen en juego su permanencia dentro de la fuerza por un pedido de inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública, además de una posible pena de cinco años de prisión. Se trata de una audiencia de Control de Acusación en la que deberá resolverse si hay elementos suficientes para incriminarlos en un juicio o, por el contrario, el caso se queda en el camino.

El fiscal Guillermo Lista acusa a Andrea de las Nieves Melin y Alfredo Pedro Millanao de ser coautores de los delitos de defraudación a la administración pública, agravada por ser ambos funcionarios públicos, malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado de servicios, falsificación de instrumento público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, en relación a tres hechos que fueron nominados como primero, segundo y tercero. A la mujer, además, le atribuyeron el delito de portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, al secuestrarse en su domicilio una escopeta calibre 32 de la que no era legítima usuaria.

Días atrás, Lista se presentó ante la jueza Martini con la intención de controlar la acusación y requerir la habilitación de la instancia de juicio oral, pero a partir de una serie de observaciones de la defensa, la audiencia fue postergada y se otorgó un plazo al fiscal para que readecúe la acusación en función de una serie de aspectos formales, según apuntaron fuentes del Ministerio Público.

La acusación que presentó Lista contra Melin (39) y Millanao (42), ambos de la Comisaría 42, describe que los dos realizaron traslado de valores para la empresa "Diarco" en horario de servicios, incumpliendo con lo estipulado por la normativa policial y a sabiendas de la ilegalidad en que incurrían y además señala que lo hicieron con el inequívoco propósito de percibir dinero a su favor.

El documento firmado por Lista también detalla que los involucrados percibieron dinero en concepto de combustible por el uso de sus vehículos particulares y que falsearon documentos para disimular las cuestiones referidas anteriormente, que contrarían la normativa que regula el funcionamiento y comportamiento de los miembros de la fuerza.

Según la descripción del hecho, a raíz de la conducta desplegada, la Unidad Fiscal Temática pudo determinar que en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 28 de febrero de 2018, Melin y Millanao percibieron más de 40 mil pesos cada uno en forma indebida en concepto de traslados de caudales en horarios en que debían estar prestando servicios dentro de la Unidad 42. A ello se sumó más de veinte mil pesos cada uno en concepto de combustible por poner a disposición sus vehículos particulares.

Apuntó Lista en su pedido de Control de Acusación que Melin y Millanao percibían triple pago. En primer término por encontrarse de servicio. En segundo lugar, por el pago en razón del traslado de valores y, finalmente, por la percepción de dinero en concepto de "combustible", actividad que no se encuentra permitida por reglamentación policial.

La fiscalía planteó una pretensión punitiva provisoria de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para cada uno de los acusados, habida cuenta la multiplicidad de graves delitos cometidos durante el ejercicio de funciones para la Policía de Río Negro.

De todos modos, la acusación debe ser planteada y superar el control de la jueza Romina Martini. Pero además la defensa ya adelantó argumentos para cuestionar la solidez de la acusación y en los próximos días podría definirse el destino final del caso.

Mariano Colombo/ Foto: Facundo Pardo