No habrá desalojo pero se dictó una medida de no innovar y mesa de diálogo por seis días

Los fiscales Tomás Soto y Gerardo Miranda formalizaron la acusación contra catorce personas a las que atribuyen el delito de usurpación al haber ingresado al predio de la futura Terminal de Ómnibus, con intenciones de afincarse. Pidieron un mes de investigación y el juez de Garantías Juan Pablo Laurence lo concedió. Hubo un acuerdo para iniciar una mesa de diálogo con los organismos necesarios, suspendiendo momentáneamente un pedido de desalojo por seis días, con el compromiso de los ocupantes de no consolidar la toma a través de una medida de no innovar hasta el 28. En caso de que se rompa la medida de no innovar y se termine el diálogo, el desalojo a cargo del ministerio público fiscal está autorizado y deberá desarrollarlo según el protocolo de actuación que se fijó en casos similares de los últimos días.

La audiencia desarrollada este jueves por la tarde, evalúa extender la imputación a otros siete jóvenes que violaron el cerco perimetral montado por la policía y se introdujeron al predio corriendo y a otras personas que ingresaron y salieron del predio pese al cerrojo policial establecido en el lugar.

En la toma, hay varios niños y bebés e incluso algunas de las mujeres presentes están embarazadas. Los imputados participaron de la audiencia vía Zoom desde el predio en conflicto, a través de un teléfono celular de la defensora adjunta Paola Del Río.

Del número original de personas involucradas en el hecho inicialmente, quedó la mitad porque varias desistieron de permanecer y otras tantas salieron a trabajar y no se les permitió el reingreso.
Entre los acusados, la enorme mayoría son hombres y mujeres de entre 20 y 30 años.

Los imputados son Néstor Orlando Cano, Tamara Belén Castéx (27), Luis Segovia (34), Edith Yolanda Collueque, Agustín Álvarez (26), Braian Roberto Vera (22), Barbara Ayelén Vera (28), María Macareana Vera (25), Julia Gómez Astudillo (30), Patricia Cristina Ruíz (59), Estefanía Sawczuk Wierienicz (20), Adriana Magdalena Collueque (36), Solange Jeannette (26), Facundo Ariel Catricheo (25).

A todos ellos les atribuyeron haber ingresado al predio el día miércoles al mediodía, demarcando los terrenos y desmalezando el lugar con cuchillos y machetes, para instalar carpas y toldos con fines de despojar de la posesión al municipio local, que pretende destinar el predio a la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus.

Según la teoría fiscal, eran treinta los adultos que ingresaron al predio, con niños y bebés, aunque algunos de ellos salieron por diversas circunstancias y no lograron reingresar a partir del cordón policial montado en el lugar por orden de la fiscalía. La fiscalía se reservó el derecho a formular cargos nuevamente en caso de identificar a otras personas.

Para la fiscalía, los acusados despojaron del derecho real de posesión al municipio local, ya que se negaron a retirarse. Según la argumentación, en esa negativa materializaron el hecho violento, pues la única opción para la víctima "es repeler el accionar violento con los mismos medios violentos" y remarcó que si el municipio pretende recobrar la propiedad, se ve obligada a ejercer la violencia.

La fiscalía destacó diversos actos posesorios del municipio, sobre la parcela de unos 31 mil metros cuadrados, entre las que mencionó especialmente la licitación pública del pasado 19 de octubre sobre el casino de Bariloche, que incluye el compromiso de la construcción de la terminal por 4 millones de dólares.

El defensor oficial Marcos Cicciarello, destacó que los acusados son "ciudadanos argentinos, gente de trabajo y sin antecedentes, que tienen necesidades que reflejan la falta de respuestas de organismos que deberían brindar las soluciones". A su criterio, se trata de la "criminalización de los conflictos sociales".

A partir de la posición defensiva, el fiscal Soto requirió un cuarto intermedio a fin de dialogar con la defensa y evaluar la medida cautelar de desalojo que inicialmente iba a requerir, con el objeto de lograr la pacificación social y la solución del conflicto primario que el mismo Código Procesal Penal obliga a los funcionarios a perseguir.

Así, las partes ratificaron el acuerdo ante el juez Laurence, de impulsar una mesa de diálogo amplia, con los organismos que hagan falta, para que las personas involucradas puedan acceder a una solución habitacional. Se dictó una medida de no innovar por el plazo de seis días, durante los cuales los imputados no podrán consolidar la toma ni alterar las condiciones del terreno ni aumentar el número de personas usurpando el lugar. Cualquier incumplimiento, dará por terminado el diálogo y dará lugar a la fiscalía para que solicite el desalojo inmediato.

Falta de trabajo, voluntad de pago y necesidad

Entre los acusados varios aceptaron brindar su versión de los hechos y dijeron tener necesidad. Repitieron la falta de trabajo, mencionando reiteradamente la emergencia sanitaria, la voluntad de pagar por la tierra y la necesidad de darle un lugar donde vivir a los niños.

En las indagatorias se quejaron por el frío y las necesidades que están atravesando al convivir en las condiciones precarias en las que decidieron instalarse y entre llantos se ampararon en los niños que están padeciendo la situación.

"Nos dejaron solos acá", se quejó una de las imputadas, "estoy enojada porque no nos dan una solución", siguió y reclamó que les den una ubicación en otro sitio si el terreno en cuestión ya tenía destino para la terminal.

Ante preguntas de la fiscalía y la intervención defensiva, quedó claro que las personas involucradas estarían dispuestas a abandonar el lugar si el municipio les garantiza una ubicación en la que puedan construir sus viviendas.

Entraron corriendo

Otras nueve personas que pretendían ser imputadas, no fueron formalizadas por la negativa de la defensa al no haber podido verificar los elementos reunidos hasta el momento, tal lo que resolvió el juez de Garantías Juan Pablo Laurence.

Según la fiscalía, otras 9 ingresaron por la fuerza, aún con la negativa de la policía, corriendo hacia el predio, aunque dos, se retiraron momentos después. Los que quedaron en el predio son Antonella Miranda (20), Sofia Ailén Cano, Milagros Miranda, Facundo Leonardo González (28), Rodrigo Guillermo Díaz (19), Federico Manuel Ampuero (31) y Gabriel Vergara (26).

Fijó domicilio en otra toma

Al momento de que las personas se presentaron ante el juez Juan Pablo Laurence, que comandó la audiencia virtual, una de las imputadas al dar sus datos personales, fijó su domicilio en otra toma del barrio San Francisco, en calle La Habana. Como contrapartida, tres personas - dos de ellas hermanas - señalaron que vivían en barrios de los kilómetros 5.500 y 6, lugares de viviendas que denotan un buen pasar.

Mariano Colombo/ Foto: Facundo Pardo