Hoy declaran los jefes policiales acusados por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco  

El tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riat y Juan Lagomarsino comenzó este lunes el esperado juicio contra los jefes y empleados policiales, además del entonces ministro de Seguridad, por el triste saldo que dejó la sangrienta represión desatada por la Policía de Río Negro en los fatídicos hechos del 17 de junio de 2010.

La primera jornada sirvió para conocer la acusación completa contra los imputados y para que las defensas realicen varios planteos preliminares. Se espera que este martes declaren todos los acusados. La seguridad, en las adyacencias estuvo a cargo de la policía rionegrina, en tanto que en el interior del recinto esa tarea la cumplieron efectivos de la Federal.

Con una demora de varios minutos y con algún momento de nerviosismo inicial, comenzó el juicio contra el exministro provincial de Seguridad y Justicia, Víctor Cufré; el exjefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova; el exjefe de la Unidad Regional Tercera, Argentino Hermosa, el entonces segundo jefe de esa dependencia, Edelmiro Fidel Veroiza, el excomisario de la Unidad 28 del Alto, Jorge Raúl Carrizo, y los empleados policiales Víctor Pil, Marcos Epuñan, Víctor Sobarzo.

Todos ellos están imputados con distinto grado de responsabilidad y participación por la violenta represión policial que derivó en las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, además de las lesiones de Lucas Gallardo, Jorge Marillan, Patricia Santos, Jonathan Oses, Felipe Fusiman, Héctor Riquelme, Yamila Muena, Franco Saldivia, Rubén Mena, Sandro Bonnefoi, Ruth Mariqueo, Ramón Fernández y Matías Iberra.

Según la imputación los hechos se sucedieron en la tarde del 17 de junio de 2010, en el marco de una revuelta popular derivada de la muerte del adolescente Diego Bonnefoi en manos del cabo policial Sergio Colombil, en la madrugada de ese mismo día.

Apenas conocida la noticia de la muerte del adolescente, fusilado por la espalda en una supuesta persecución policial, grupos de vecinos comenzaron a salir a la calle a manifestarse en repudio a lo ocurrido y entre otras situaciones, provocaron la destrucción de la Unidad 28 de la Policía de Río Negro, arrojando piedras y otros elementos contundentes para luego lanzar un ataque incendiario que terminó por destruir las instalaciones.

La respuesta policial no se hizo esperar, con refuerzos que llegaron de todas las unidades, comenzó una cacería que ocasionó las dos muertes y las lesiones de varias personas que según la acusación, nada tenían que ver con la protesta.

Para la parte acusatoria, el procedimiento policial fue desmedido, sin control ni respeto por los reglamentos y protocolos de actuación, desarrollado por personal que no estaba capacitado y hasta estaba desbocado, sin una cabeza precisa que dirigiera o controlara la actuación del personal, que actuaba uniformado o de civil, disparando postas de goma o proyectiles de plomo, sin distinción. Los disparos eran a mansalva, al bulto y la mayoría de los lesionados, fueron heridos por la espalda, lo que demuestra claramente lo tumultuoso de la situación.

El inicio del juicio estuvo signado por una serie de planteos preliminares que realizaron los defensores Sebastián Arrondo (defensor particular que representa a la mayoría de los acusados) y Marcos Cicciarello (defensor oficial que representa únicamente a Veroiza), en relación a distintas cuestiones.

Arrondo, solicitó ayuda del tribunal para la citación de los testigos que ofreció, debido a que le habían asignado la carga y tenía dificultades para concretarla, porque la mayoría de sus testigos no residen en la ciudad. El planteo fue aceptado.

Luego, realizó una presentación para que sus asistidos sean juzgados con la ley más benigna. En tal sentido trazó diferencias entre el viejo y el nuevo Código Procesal Penal y pidió que el juicio se desarrolle de acuerdo a los preceptos de la Ley 5.020 (el nuevo Código). Este planteo fue rechazado inmediatamente por el tribunal, señalando que correspondía la aplicación de la Ley 2.107, es decir, el viejo Código Procesal Penal de la provincia.

Finalmente, remarcó que el actual fiscal Martín Lozada había actuado en las primeras instancias de la causa como juez de Instrucción y que en virtud de ello, correspondía que sea inhabilitado para participar del juicio. Recordó que en su accionar como juez, Lozada había sido apartado de la investigación por ser parcial. Su planteo encontró eco en el defensor oficial Marcos Cicciarello, pero un fuerte rechazo por parte de la fiscalía y de las querellantes Marina Schifrin y Natalia Araya. Finalmente, tras un largo cuarto intermedio, el tribunal rechazó de manera unánime el planteo.
Además, los dos defensores realizaron otra serie de planteos de menor entidad que fueron aceptados por el tribunal, dando paso así a la lectura de la acusación contra cada uno de los acusados. Lo farragoso del expediente y la acumulación de cuerpos y fojas, motivó que solamente se leyera la parte fáctica de los hechos atribuidos. Aun así, se trató de una larga y tediosa lectura a cargo de los secretarios del tribunal.

De la imputación fiscal, que correspondía a dos causas distintas que luego fueron unificadas, se desprenden algunas precisiones que abruman. Nicolás Carrasco murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Zonal, ya en la madrugada del 18 de junio. Tenía cuatro heridas de bala y todas las recibió por la espalda. Dos de ellas, dañaron órganos y arterias y resultaron mortales. Sergio Cárdenas, no resistió. Una bala le alcanzó un pulmón y arterias vitales y falleció en escasos minutos.

Mientras los jefes policiales y el entonces ministro Cufré abandonaban Bariloche para trasladarse a El Bolsón, pese a lo alarmante de la situación, efectivos policiales de distintas unidades eran enviados al lugar de los incidentes, que podría circunscribirse en un rectángulo ubicado entre las calles Pablo Mange y Padre Guillelmo y Onelli y Elordi, aunque hubo algunos heridos que sufrieron la agresión policial fuera de ese perímetro.

Uniformados y de civil, encapuchados o con rostro descubierto, efectivos policiales de todas las dependencias, sin tener preparación como escopeteros, manipulaban escopetas calibre 12/70 y 12/76, con munición antitumultos (postas de goma) y de propósitos generales (balas de plomo), indistintamente. Inclusive, buscaron más municiones en instituciones públicas y privadas (como Prosegur), a medida que la necesidad lo exigía. No faltaron las granadas de gas lacrimógeno. El descontrol y la falta de directivas precisas de los superiores fue tal, que entre las víctimas, se destacan varios que ni siquiera estaban manifestándose en las protestas acaecidas ese día.
El propio Sergio Cárdenas no participaba en los reclamos. Lucas Gallardo, un joven que fue herido en la puerta de su casa, había observado los incidentes desde el interior y abrió la puerta cuando frente a su domicilio cayó herido Nicolás Carrasco. Fue alcanzado por varios proyectiles. Ese fue también el caso de Patricia Santos, una mujer que ayudaba a los heridos en la Parroquia Medalla Milagrosa, o de Jonathan Oses que fue herido mientras observaba la cacería desatada por la Policía de Río Negro.

Similar fue lo ocurrido con Sandro Bonnefoi, otro de los que resultó herido aquel día. Una comisión policial se presentó frente a su domicilio y disparó contra la vivienda, siendo la víctima alcanzada en uno de sus ojos por los vidrios de una ventana que estallaron por los proyectiles. Yamila Muena, sufrió varias heridas por disparos que recibió por la espalda.

Los jefes policiales Veroiza y Carrizo fueron imputados por deliberadas omisiones funcionales y ausencia de estrategias para encausar el accionar policial. Cufré, Villanova y Hermosa fueron acusados por abuso de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, todo ello, con responsabilidad directa en el homicidio culposo de Cárdenas y Carrasco y las lesiones de una decena de personas.

Además, Pil, Epuñan y Sobarzo, fueron imputados como responsables directos de las agresiones sufridas por las víctimas, en consecuencia, les atribuyeron los delitos de homicidio y lesiones en agresión.

La continuidad del proceso

Las cuestiones preliminares que planteó la defensa y la lectura de la acusación contra los enjuiciados, demandó una gran cantidad de tiempo, por lo que el presidente del tribunal, Marcelo Barrutia, dispuso la realización de un cuarto intermedio hasta la mañana de hoy, momento en el que comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados.

El defensor Arrondo, adelantó que inicialmente brindarán una mínima declaración, sin contestar preguntas del tribunal ni de la parte acusadora y que al final del juicio, seguramente podrán utilizar el derecho a declarar más ampliamente sobre los hechos atribuidos.

Está previsto que mañana miércoles, comiencen a desfilar los testigos citados por las partes para aportar luz sobre los hechos investigados. Sobre este punto vale mencionar que la fiscalía ofreció achicar el número de testigos convocados (de 200 a poco más de 60), pero para ello requirió que las declaraciones que no se den frente al tribunal, puedan ser incorporadas por lectura porque se trata de testigos que ya han podido brindar un relato ante la justicia durante la etapa de Instrucción del caso.

Sensaciones tras la primera audiencia

Carmen Curaqueo, madre del adolescente fallecido, aceptó brindar unas palabras ante la consulta periodística. “Hasta ahora no tenemos respuestas de nada y encima pasan estas cosas que te hacen dar más bronca todavía. Mi familia no puede estar, hay familiares directos que no pueden estar. Hasta en el último día tienen miedo”, declaró.

También cuestionó el pedido realizado por la defensa para que los acusados que no residen en Bariloche puedan ausentarse en alguna de las audiencias para visitar a su familia. “Angustia, tristeza, ganas de llorar, no puede ser que hayan tardado ocho años para esclarecer la muerte de Nino”.

Previo al inicio de la audiencia, la suegra de Sergio Cárdenas se acercó hasta la cinta que divide el espacio destinado al público y la prensa y exclamó a viva voz “Miren para acá manga de asesinos” y les reclamó por haber dejado a sus pequeños nietos sin padre. Luego, más calmada y acompañada por familiares se sentó y observó el juicio con tranquilidad.