Imputaron a seis personas por los saqueos en el Chango Más

El fiscal Sergio Pichetto readecuó la acusación al nuevo sistema Procesal Penal y formuló cargos contra seis acusados de participar de un saqueo “organizado” al hipermercado Chango Más, ocurrido en diciembre de 2012. Fue el puntapié de una jornada que dejó un sinnúmero de comercios damnificados. Les atribuyó el delito de robo en poblado y en banda.

Catalina Lineros (33), José Paredes (40), Haydeé Grande (36), Gisele Poblete (29), Estela Grande (30) y Miguel Mansilla (43), además del prófugo Javier Nis, fueron acusados de haber participado de un robo en poblado y en banda, perpetrado contra el hipermercado Chango Más en diciembre de 2012, en el marco de una jornada histórica de saqueos a diversos comercios de Bariloche, que luego se diseminaron por distintas regiones del país.

Para el fiscal, los nombrados y otro numeroso grupo de personas que no logró ser identificado, actuaron de manera organizada en una actividad ilícita que en todo momento estuvo encabezada por Miguel Ángel Mansilla, conocido como “El Mohicano”. Tras distraer a los empleados de seguridad del comercio y amenazar con el hecho que finalmente se concretó algunos minutos después, se apoderaron de una enorme cantidad de elementos de electrónica, electrodomésticos, indumentaria y alimentos.

Según la teoría acusatoria, todo se inició de manera premeditada cuando Haydeé Grande ingresó al comercio con intenciones de detectar cuál era la cantidad de empleados de seguridad en el recinto y captar su atención. Así, guardó varios elementos en un bolso que portaba e intentó transgredir la línea de cajas sin pagar. Luego de la intervención de dos agentes de seguridad, se la trasladó hasta el baño de mujeres, captando además la atención de una mujer que se desempeñaba como jefa del área.

Luego ingresaron otras dos mujeres y reforzaron la discusión con los custodios del comercio, captando por completo su atención. Mientras ello ocurría en el exterior del recinto y en los alrededores, diversas personas se comenzaban a agrupar e inclusive llegaban a bordo de vehículos en grupos.

Mientras las discusiones continuaban y las mujeres comenzaban a anunciar lo que estaba por pasar, ingresaron Mansilla y Paredes y pidieron hablar con el gerente para requerir la entrega de mercadería, advirtiendo que en caso contrario en menos de diez minutos serían saqueados.

Las discusiones continuaron ya en la parte externa del comercio, mientras un grupo había montado una barricada con carritos en el acceso a la playa de estacionamiento para impedir que ingresen clientes. En un momento determinado, según la acusación del fiscal Pichetto, Mansilla hizo un ademán e invitó a todos los que estaban afuera a ingresar.

Acto seguido un importante grupo de personas ingresó al comercio y arrasó con lo que encontró en el camino y trasladando la mayoría de los elementos en los carritos del propio establecimiento comercial sobre el que inicialmente habían controlado el ingreso y luego al salir, doblegaron el accionar del escaso personal policial que había llegado.

La situación se mantuvo al límite durante largas horas, generándose destrozos por doquier, ataques y contraataques y nuevos intentos de saqueos, cuando en la ciudad ya reinaba el caos y eran múltiples los comercios arrasados.

Tanto la fiscalía como las defensas, tendrán a partir de ahora un plazo de cuatro meses para definir el resultado final del caso, luego de que la jueza Martini habilitara la investigación preliminar por ese plazo.

Desestimaron los planteos defensivos

Antes y después de la formulación de cargos realizada por el fiscal Pichetto, la defensora particular Marina Schifrin y el defensor oficial Marcelo Álvarez Melinger intentaron una vez más el cierre definitivo del proceso y el sobreseimiento de sus asistidos. Pero los planteos fueron desestimados por la jueza de Garantías Romina Martini.

Schifrin destacó que sus pupilos habían pasado hasta ocho meses detenidos y que bajo el viejo sistema procesal habían sido indagados, procesados y requeridos a juicio, aunque luego la fiscalía requirió la nulidad de su propia acusación y no realizó ningún movimiento en la causa durante dos años. Señaló que al pretender readecuar el caso al nuevo sistema procesal vigente se violaba la garantía del doble juzgamiento.

Álvarez Melinger recordó que sus asistidos llevan cinco años, cuatro meses y diecisiete días bajo sospecha en el marco de una investigación que a su criterio superó todo plazo razonable y sumado ello al tiempo que pasaron tras las rejas, habían sido suficientemente castigados.

Sin embargo la jueza Martini opinó que para que haya afectación a la garantía del doble juzgamiento debe existir previamente una sentencia condenatoria o un sobreseimiento, que no ocurrió en el caso en tratamiento. En tanto que en relación al plazo razonable destacó una serie de aspectos del trámite de la causa que indicaban que todavía existía un interés legítimo del Estado de perseguir a los responsables de un hecho que tuvo una enorme gravedad, causó un serio conflicto social y destacó que se trataba de un caso por demás complejo.

Tras la resolución y luego de escuchar la versión de la fiscalía, los defensores realizaron nuevamente planteos para intentar eximir a sus pupilos de la continuación del proceso y finalmente, solicitaron la aplicación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba, para lo que la fiscalía deberá contactar a la víctima a efectos de conocer su posición ante esa posible resolución del conflicto.

Inicialmente los sujetos individualizados habían estado tras las rejas con prisión preventiva durante ocho meses, pero el trámite de la causa se perdió en la maraña judicial y pareció haberse diluido.