Confirmaron condena a una banda dedicada al narcotráfico

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la revisión que intentó la defensa y confirmó la condena de siete personas que fueron halladas culpables de integrar una organización dedicada al tráfico y el comercio de estupefacientes. Operaban desde el Norte del país, e inclusive países limítrofes, hasta Bariloche y la región.

Los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmaron la sentencia que condenó a siete integrantes de una banda narco que estaba en plena actividad en Bariloche. Habían sido condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, casi seis años después de que la banda sea desbaratada. Dentro de la misma investigación hubo derivaciones para dos acusados que accedieron a una suspensión de juicio a prueba por el delito de tenencia simple de estupefacientes, mientras que otros dos no se habían presentado al juicio. Uno de ellos ya fue juzgado y condenado mientras el último vinculado al caso permanece prófugo.

En el contexto de la investigación iniciada por la Policía Federal de Bariloche el 23 de julio de 2008, se logró individualizar a varios sujetos que integraban una organización que enviaba y recibía encomiendas a Bariloche y El Bolsón, conteniendo gran cantidad de droga, para luego distribuirla a otras personas que finalmente completaban la venta al menudeo en Bariloche.

Según la imputación de la fiscalía, aun habiendo sido sorprendidos con droga algunos integrantes de la organización, el resto continuó con el negocio, lo que fue considerado un agravante al momento de fijar las penas que requirió Mónica Belenguer.

Según relató la representante del Ministerio Público Fiscal, la organización tenía los roles claramente definidos. Consideró que Cardozo y Molina eran los proveedores; Giacobone, Amado y García Eguiguren, luego Ribulgo y Bistagnino, eran los responsables de la venta al menudeo. Todos los involucrados intercambiaban llamados encriptados entre sí y además realizaban giros de dinero a Héctor Díaz Machado, un hombre de Apóstoles, Misiones. En todos los pedidos de condena, la fiscalía acusó por la misma calificación legal: tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercio.

Los condenados fueron Ernesto Alberto Cardozo (59), alias “Tío”, a la pena de siete años de prisión y tres mil quinientos pesos de multa; Raúl Antonio Maza (55), alias “Gordo”, cinco años y seis meses de prisión más una multa de dos mil pesos; Cintia Yanet Maza (25), dos años y seis meses de prisión en suspenso y multa de mil pesos; Fernando Luis Ribulgo (30), seis años y seis meses de prisión y una multa de mil quinientos pesos; Jorge Samuel Molina (44), alias “Profe”, siete años de prisión y tres mil quinientos pesos de multa; Leonardo Daniel Amado (36), alias “Leo”, seis años de prisión y mil pesos de multa y Mario Bistagnino (58), siete años de prisión y multa de tres mil quinientos pesos.

También estuvieron vinculados al proceso Nahuel Federico Fariña (29), nacido en Lanús, y Nicolás Vule Cháves (36), nacido en Neuquén. Ambos compartían una vivienda en el barrio Hipódromo de Bariloche y en su poder tenían pequeñas cantidades de droga por lo que fueron imputados por tenencia simple de estupefacientes, aunque no llegaron al juicio por ser sometidos a una suspensión de juicio a prueba que cumplen en la actualidad.

Más tarde, fue detenido y juzgado Gustavo Alejo García Eguiguren (43), alias “Alejo”, oriundo de San Isidro, provincia de Buenos Aires. También resultó condenado. En tanto Jorge Daniel Giacobone Martín (37), alias “Lembo”, nacido en Córdoba capital, permanece prófugo.

Entre los diversos procedimientos que se desplegaron en el marco de la investigación, en distintos domicilios de la ciudad, cocheras, vehículos y otras instalaciones, las autoridades federales habían logrado decomisar una importante cantidad de kilos de marihuana, cocaína, LCD y éxtasis, además de confiscar varios automóviles, camionetas, motocicletas, equipos de electrónica, balanzas y otros elementos presumiblemente utilizados para asegurar los fines de la organización delictiva.

La Cámara de Casación Penal, rechazó los planteos de las defensas de los acusados y confirmó las condenas y la confiscación de todos los elementos secuestrados, ya que al igual que el tribunal de juicio, entendió que todos esos bienes no provenían de un lucro generado por la actividad laboral de los acusados, sino más bien, de la actividad ilícita que desarrollaban.