Caso Lucas Muñoz: Creen que falsas acusaciones motivaron varios allanamientos

Casi dos años después de la desaparición de Lucas Muñoz aún no hay resultados concretos sobre lo que ocurrió con el joven oficial. Denuncias anónimas y testigos de identidad reservada que impulsó la querella, pero no acompañó la fiscalía, habían dado una posible línea de investigación que motivó una serie de allanamientos con resultados totalmente negativos. 

La versión denunciaba una organización criminal con participación policial, dedicada al tráfico de drogas y mujeres, pero a pesar de la investigación en varios frentes, nada pudo ser confirmado.

El 14 de julio de 2016 Lucas Muñoz no se presentó a tomar la guardia de la comisaría 42 del barrio 2 de Abril. Casi un mes después su cadáver fue hallado en un descampado y al día de hoy no se pudo determinar qué fue lo que ocurrió con el joven oficial. La investigación manejó varias hipótesis sin lograr confirmar ninguna, quedando como la principal, la posibilidad de un secuestro extorsivo. A partir de testigos de identidad reservada y denuncias anónimas, la Policía de Río Negro, fuerzas federales y hasta el Juzgado Federal de Bariloche, investigaba a dos jefes policiales y a un dirigente vecinal como presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al comercio de estupefacientes y trata de personas. Pero nadie halló un mínimo elemento que permita confirmar esa hipótesis y todo lo actuado no generó más que ruido. En el predio y los numerosos edificios instalados allí no se halló drogas, ni armas, ni siquiera elemento alguno que permita vincular a los ocupantes del lugar con la desaparición y posterior crimen de Muñoz.

Fuentes muy cercanas a la investigación, aseguran que todo fue urdido por altas esferas provinciales y policiales, calificando lo actuado como “vergonzoso”. Los querellantes fueron “usados”, aseguran.

Cuando la querella realizó esos planteos, el fiscal del caso, Martín Govetto, afirmó que manejaba esa hipótesis desde el comienzo de la investigación, cuando Lucas Muñoz aún era un desaparecido, aunque consideró que no había elementos suficientes para ordenar los allanamientos y aunque analizaba las versiones, descreía de su entidad y requirió que se intervengan las líneas telefónicas de los nombrados por treinta días para asegurar la producción de prueba que avale el carácter excepcional de la violación de domicilio y privacidad que implica un allanamiento.

Un día después la querella insistió con el pedido urgente de allanamiento sin más dilaciones y el juez Bernardo Campana le otorgó el permiso para requisar todo el predio, que luego se repitió en dos ocasiones con presencia de canes rastreadores.

Sergio Herrero estuvo sospechado. Su participación en el crimen o en una supuesta banda delictiva fue una de las hipótesis que manejó la fiscalía y con mayor énfasis la querella, aunque ni en los informes de las fuerzas que actuaron ni en el marco del expediente que se tramitó en sede del Juzgado Federal, lograron avanzar y realizar una imputación formal. Ni siquiera la parte querellante que impulsó vehementemente esas acciones y entonces aseguró que habían dado con pistas claves y elementos probatorios trascendentes, pidió avanzar sobre esos nombres.

En los allanamientos secuestraron varios elementos que tras ser pesquisados fueron restituidos. En total se analizaron más de cien elementos levantados del predio. Pero Herrero, nunca pasó la barrera de una ligera sospecha, no estuvo ni cerca de ser imputado.

Es más, fue tanta la presión que recibió al quedar públicamente expuesto, que el juez Campana escuchó sus quejas y emitió en diciembre del 2016 un inédito comunicado de prensa en el que procuró limpiar su imagen: “los resultados de las pericias realizadas hasta el momento en el inmueble y sobre los efectos secuestrados, no permiten vincular con prueba objetiva a Lucas Muñoz o al hecho perpetrado en su contra con ese establecimiento” escribió y agregó el magistrado “el fiscal de la causa Martín Govetto no ha formulado ninguna imputación contra Herrero”.

A partir de septiembre de 2017, con patrocinio letrado de Lucas Jankovic, el propio Herrero se presentó ante el fiscal Govetto y ante la Oficina de Gestión Judicial y por su intermedio ante el juez Campana, poniendo énfasis especial en las sospechas que se cursaron en su contra, calificándolas como “disparate de acusación” que fue fogoneado por los medios de prensa que concurrieron al domicilio y que informaron extensamente sobre su presunta vinculación con el caso, generándole diversos perjuicios tanto morales como económicos.

En ese sentido en sus escritos resaltó que “resulta necesario para mi parte contar con todas y cada una de las constancias, pruebas, datos, testimonios y toda otra evidencia que haya servido a formar la convicción del juez para arribar a la resolución que autorizó el allanamiento, a fines de ejercer las acciones tanto civiles como penales que pudieran corresponder en contra de los sujetos o las instituciones que pudieran corresponder, por cuanto en la investigación penal más resonante de la ciudad en muchos años, se me involucró falsamente en ella incluso sindicándome como miembro de una banda delictiva”. Argumentó en sus presentaciones a los actores judiciales que “el resultado final de las medidas adoptadas por el juez a raíz de –entre otras supuestas pruebas- los testimonios reservados fueron absolutamente nulos, puesto que todo lo declarado terminó siendo una falsedad rotunda. Ello implica que los temores que pudieran o no haber influenciado en la decisión de reserva de la identidad no son reales sino imaginarios o directamente falsos, lo que redunda que la reserva es injustificable”.

Y culminó “Puesto que se les estaría reconociendo judicialmente un fuero de impunidad para declarar falsamente a sabiendas de no tener ninguna consecuencia ni criminal ni patrimonial, privilegio repugnante a la garantía de igualdad ante la ley”.

Los pedidos fueron escuchados parcialmente ya que le adelantaron parte de toda la documentación requerida, con algunas dilaciones. En concreto, Herrero aún reclama conocer la identidad de las personas que bajo reserva de identidad lanzaron duras acusaciones en su contra, que a casi dos años, no pudieron ser ni siquiera respaldadas por alguna sospecha.

Campana se excusó de levantar la medida porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal el expediente tramitaba en fiscalía, pero el fiscal Govetto corrió vista a la parte querellante, recibiendo una respuesta negativa de parte de Karina Chueri, señalando que abundante jurisprudencia establece que la privacidad de los testigos debe mantenerse al menos hasta la instancia de juicio oral.

Querella pidió urgente allanamiento

Cinco días después del hallazgo del cuerpo de Lucas Muñoz, los abogados de la familia de la víctima, Jorge Pschunder y Karina Chueri, solicitaron en carácter de urgente un allanamiento del domicilio y rastrillaje del predio “Cabaña Nahuel Hue”, perteneciente al dirigente vecinal Sergio “Chupete” Herrero, en el que además habrían estado alojados los subcomisarios José Jaramillo (Unidad 42) y Rodolfo Aballay (Unidad 28).

Argumentaron los abogados que a través de la red social Facebook, Javier Muñoz había recibido información de un perfil falso en el que se le indicaba el lugar en el que estaba el cuerpo y quienes eran las personas implicadas. Además, por WhatsApp, recibió la misma información de un supuesto integrante de la Brigada de Investigaciones rionegrina. La versión fue confirmada a través de dos testigos de identidad reservada.

El fiscal en desacuerdo con allanamientos ya manejaba hipótesis

“Esta fiscalía conoce la posible vinculación de Herrero y al menos Aballay en la presunta venta de estupefacientes, ya que esta información fue brindada por el fiscal Bagur Creta el 27 de julio cuando nos entrevistamos con él y tuvimos acceso a la causa Fgr 1216/2016 iniciada el 2 de marzo de este año, en la cual aún no se había podido confirmar estas sospechas. Cabe aclarar que la investigación se inició en función de un anónimo que fuera en primera instancia examinado por la comisaría 28 y luego de un tiempo derivado al Juzgado Federal. Es por ello que es esperable que muchos empleados policiales de la Policía de Río Negro sepan esta situación y la comenten entre ellos”, escribió el fiscal Govetto al contestar la vista que le corrió Campana respecto al pedido de allanar el complejo del barrio Malvinas por parte de la querella.

En el mismo escrito afirmó que la situación estaba siendo examinada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y apuntó que previo a la realización de un allanamiento en sus domicilios, deberían llevarse adelante otras diligencias, como la intervención de dos líneas de telefonía fija y otras dos móviles de Herrero, una de Aballay y otra de Jaramillo.

La negativa del fiscal fue sólida y contundente: no participó en persona de las pesquisas desarrolladas. Pschunder, fiel al estilo histriónico que lo caracteriza, lanzó duras acusaciones públicas contra Govetto y presentó un pedido de recusación para que sea apartado, aunque ello nunca ocurrió y el fiscal siguió investigando.

El auto interlocutorio que autorizó el allanamiento

Tras repasar los planteos de las partes, el juez Campana adelantó que haría lugar y apuntó los motivos. También hizo lugar en la misma resolución al pedido del fiscal de intervenir las líneas telefónicas de los sospechados por treinta días.

Primero reseñó el relato del oficial de policía Luis Daniel Irusta, quien afirmó que Aballay y Jaramillo pertenecían a una organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y en la que también habría tenido participación el comisario inspector Manuel Poblete. Sospechó el sujeto que Muñoz escuchó algo en la comisaría 42 y por eso lo asesinaron. A la postre Irusta resultó condenado a una pena de prisión en suspenso por realizar un allanamiento ilegal en el domicilio de Lucas Muñoz, como una pata más de una investigación paralela que habían montado miembros de la fuerza policial sin la participación de las autoridades judiciales.

Luego que un testigo de identidad reservada declaró ante el juez y manifestó la misma vinculación, esgrimiendo que los jefes policiales establecían zonas liberadas, en jurisdicción de ambas comisarías de las que aquellos eran subjefes y que “allí circulaba de todo, falopa, mujeres, etc”. El testigo afirmó que Muñoz le confió esa información y que mientras le contaba el descubrimiento que había hecho le indicó “son unos hijos de puta”. Ese mismo testigo señaló que Muñoz sin explicación alguna luego de ese descubrimiento, había comenzado a tener excedentes de dinero.

El segundo testigo de identidad reservada sostuvo que policías en actividad le afirmaron la misma vinculación entre los dos subcomisarios y Herrero, añadiendo que a su entender el secuestro y homicidio del joven oficial pudo haberse consumado en las cabañas de propiedad del empresario.

El juez Campana analizó que “Para tres personas que no tienen contacto entre sí, dos de ellas muy cercanas a la víctima, lo ocurrido con Muñoz tendría estricta relación con la actividad ilícita que realizarían Herrero, Jaramillo y Aballay”, añadiendo que un informe de la PSA revelaba que en 2012 los tres sujetos vinculados habían viajado juntos a Cuba. Otro informe de la Brigada de Investigaciones ratificaba esas sospechas y los vinculaba a los nombrados con Boris Hermosilla, un sujeto ligado a varios procesos penales, cuya vivienda fue allanada en el marco de la investigación y un vehículo de su propiedad fue secuestrado y requisado.

“Opino que le asiste razón a la querella, hay motivos fundados para presumir que en los domicilios que se encuentran en el predio ‘Cabaña Nahuel Hue’ pueden ser habidos elementos, rastros o incluso datos informáticos que permitan avanzar en la investigación”, subrayando que tanto la desaparición como el posterior hallazgo del cadáver ocurrieron en jurisdicción de la unidad 42, “lo que abona la versión del primer testigo de identidad reservada en el sentido de que Aballay y Jaramillo liberaban zonas para las operaciones delictivas”.

Resaltó que como mínimo Aballay y Jaramillo frecuentaban el predio de Herrero y que resultaba coincidente que Jaramillo había sido imputado en ese entonces por la adulteración del libro de guardia de la comisaría 42. “Resulta que Muñoz habría sido ultimado varios días después de haber perdido la libertad. Pues bien, es lícito concluir que uno de los lugares en donde podría haber estado cautivo es aquel que pertenece a Herrero, quien según Irusta y los dos testigos de identidad reservada sería el jefe de la organización delictiva”, concluyó Campana quien advirtió que “la medida debe ser ordenada y cumplida a la mayor brevedad”, descartando esperar los resultados de la intervención telefónica que autorizó en el mismo interlocutorio, por “el riesgo que se pierdan los indicios que hayan subsistido hasta el momento”.

En esa línea, ordenó al jefe de la PSA el registro del inmueble, a efectos de “constatar e incluso secuestrar elementos de prueba que guarden relación con la presente investigación y llevar adelante las pericias que sean necesarias a fin de verificar si existen elementos y/o evidencias que den cuenta de la presencia de sangre humana, y demás indicios de haber estado allí depositado el cuerpo de Lucas Muñoz y en caso de ser necesario incluso pericia de luminol y/o acreditar su presencia en el lugar con anterioridad al hallazgo de su cuerpo, como así proceder al secuestro y posterior examen de computadoras portátiles, fijas, celulares y todo otro elemento electrónico cuyo estudio pueda arrojar datos útiles para esclarecer el presente caso. Se autoriza no solo el registro de todo el predio, de las moradas que allí se encuentren, sino de todas sus dependencias. También requisa de automotores que allí estén e incluso de las personas que en su caso pretendan ocultar o nieguen la entrega de efectos de interés para la causa”.