Habilitaron investigación privada: lo acusaron por quedarse con todos los bienes de un anciano enfermo

Aunque la fiscalía había desestimado habilitar una pública tras la denuncia presentada, la querella logró reconvertir la acción pública en privada e impulsa de manera autónoma la investigación contra un sujeto acusado por los delitos de abandono de persona y circunvención de incapaces. Un juez aceptó la formulación de cargos y otorgó plazo de investigación hasta marzo de 2025.

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Alejandro Arévalo quedó formalmente bajo una investigación judicial, de carácter autónomo, impulsada por los abogados querellantes Luis Botbol y Juan Manuel Rugli, que le atribuyeron los delitos de circunvención de incapaces, abandono de persona y hurto. El juez Juan Pablo Laurence, que ya había aceptado la conversión de la acción pública en privada, tras la negativa fiscal a investigar el caso, ahora otorgó el plazo de rigor para la etapa penal preparatoria pero desestimó el último de los delitos reprochados, por lo que el caso avanzará únicamente por los primeros dos.

En concreto, Arévalo es señalado por un sobrino de la víctima, por haber aprovechado el estado físico y mental de un adulto mayor, para quedarse con todos sus bienes muebles e inmuebles.

Según plantearon los acusadores, Alejandro Arévalo apareció en la vida de Roberto Degl'Inocentti alrededor del año 2016, tras el fallecimiento de la compañera del anciano, y rápidamente ganó su confianza aprovechando la vulnerabilidad de sus 80 años y de una serie de padecimientos físicos y psíquicos, para cercarlo, alejarlo de otras personas del entorno y con el correr del tiempo lograr administrar todos sus bienes.

Una vez fallecido el adulto mayor, salió a la luz que tiempo antes había firmado ante un escribano público, sendas escrituras en las que donó su vivienda y otra propiedad con renta permanente, además de un vehículo todo terreno. Los acusadores señalaron que todo quedó para Arévalo, quien se quedó no solo con las viviendas y el vehículo, sino también con todo el mobiliario y las pertenencias del anciano, así como también maquinaria que pertenecía al fallecido y que guardaba en un taller de su propiedad. . , y también sus ahorros.

Según aseguraron, además, el acusado obtuvo un poder casi total sobre la vida del anciano, al punto tal de tener la posibilidad de decidir sobre su vida o su muerte. Según argumentaron, en el caso de que por los mismos padecimientos la muerte se tornara inevitable y solo pudiera sostenerlo con vida por medios mecánicos, el acusado tenía potestad de definir su desconexión.

En los documentos públicos en los que se materializaron las donaciones, fue vital la participación de un escribano público que apareció como protagonista en varios legados judiciales en el último tiempo y que además fue mencionado reiteradamente en otros procesos por conflictos similares.

Lo curioso es que no se dejó reserva de usufructo en esas donaciones, una práctica habitual en casos en los que por ejemplo un padre hereda a sus hijos antes de morir, pero se reserva el usufructo del bien mientras esté con vida. Es decir, la donación corre a partir del fallecimiento y no antes. En el caso en cuestión, ello no ocurrió.