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En septiembre de 1976, un operativo policial se llevó 207 títulos de la Biblioteca Sarmiento, en cumplimento de decretos que emitía la Junta Militar. Se persiguió a una bibliotecaria.

Hubo decretos específicos y secretos para prohibir la circulación de determinados libros durante la última dictadura militar, entre ellos, “Mascaró. El cazador americano”, de Haroldo Conti o los títulos de la Editorial Odal en su totalidad. También corrieron la misma suerte varios de los autores publicados por la prestigiosa Siglo XXI, entre muchísimos otros escritores y editoriales. Bariloche no fue la excepción.

Cuando una comisión policial se llevó 207 libros de los estantes de la Biblioteca Sarmiento, la comisión directiva de entonces procuró adjudicar la presencia de títulos incómodos a las gestiones de una bibliotecaria, que había comenzado a trabajar en 1973, después de la asunción del último gobierno peronista. Entonces, quiso establecer la procedencia de cada volumen, pero la tarea que se asignó se tornó tortuosa.

“Del control realizado surgió que muchos de los libros secuestrados habían sido donados y que sólo en algunos casos las bibliotecarias al momento de inventariarlos habían especificado el origen de la donación. Otros ejemplares estaban asentados en el inventario, pero sin que existiese la precisión acerca de si habían sido adquiridos o donados, mientras que en otros cuatro casos no coincidía el título con el número de inventario”, dice una investigación posterior al suceso.

Tan espinosa trama puede seguirse en las páginas de “Entre libros y sueños. Historia de la Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche. 1928 – 2008”, trabajo conjunto que acometieron la historiadora Laura Méndez y de la bibliotecaria Julia Vives. Ante las presiones castrenses, los integrantes de la comisión se preocuparon por eludir responsabilidades y sindicar como “culpable” a la bibliotecaria Noelia Bellora de Platero.

“En la pesquisa se comprueba que el 19 de diciembre de 1974, la señora de Platero había realizado una compra para la Biblioteca –en la Feria del Libro que se llevara a cabo en el salón de lectura- adquiriendo 82 volúmenes. Muchos de ellos publicados por el Centro Editor de América Latina, figuraban entre los requisados y no existían registros de pago de su compra. Frente a esta situación la Comisión Directiva decidió citar a la Sra. de Platero a una reunión”, reconstruye la investigación de Méndez y Vives.

“Ante la interpelación la señora de Platero inició su descargo”, aporta el libro de la Biblioteca. “Entre los argumentos que sostuvo figuró el hecho de que los libros de la feria del año ’74 habían sido adquiridos por la Biblioteca a cambio del uso del salón de lectura por el organizador de la Feria y figuraban como donados habida cuenta de que no se había desembolsado dinero. Aclaró que las fichas faltantes habían sido entregadas al comisario durante el procedimiento y que 100 de los libros que figuraban en la lista de la Policía y que no habían podido ser ubicados debido a que faltaban las fichas correspondientes, no tenían entrada porque su trabajo de clasificación no había llegado hasta esa estantería”, se excusó la acusada.

Pero “a la comisión no le satisfizo esa explicación. Ninguno de sus miembros recordaba haber visto ni uno sólo de esos títulos cuando, un mes atrás, se había procedido a contar todos los ejemplares inventariados y retirado de las estanterías aquellos que no cumplían esos requisitos. Los miembros asistentes a la reunión acordaron que el salón de lectura permanecería cerrado hasta que se verificase todo el inventario. Una carta de carácter urgente dirigida a la directora de Cultura de la Provincia pedía el traslado de la bibliotecaria Noelia de Platero. Era la noche de los libros”, consideraron Méndez y Vives.

El afán persecutorio se profundizó. “El 20 de septiembre de ese año, con la presencia del señor Fábrica, oficial de la Policía local, se procedió a controlar los libros que habían quedado en (una) caja sellada bajo custodia de la Biblioteca. La señora de Platero debió tomarse una licencia obligada mientras que desde Provincia delegaban en la Comisión Directiva el control de los bibliotecarios, aunque la instaban a pagar las horas extras adeudadas a la bibliotecaria”.

Bajo el subtítulo “¿Libros peligrosos o libros en peligro?”, las autoras del volumen se preguntaron “¿qué tan ‘peligrosos’, ‘adoctrintantes’ y ‘politizantes’ eran los libros secuestrados? Uno de ellos, al menos, no mucho. El libro secuestrado por el coronel Castelli, Los Maestros Soviéticos, fue reclamado por el señor Lázaro Canonich, de Cipolletti, quien solicitó a la Biblioteca que se le devuelvan los libros de ajedrez no vendidos, que, en cantidad de 34, había dejado en comisión en la última feria del libro”. Peligrosos y muy resultaron aquellos que se consagraron a secuestrar libros. No solamente…