La sentencia publicada por el Poder Judicial identificó al acusado como G. L. J., un empleado de la Policía de Río Negro nacido en Ingeniero Jacobacci, que se declaró culpable y fue condenado por abuso sexual simple agravado por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad en cumplimiento de sus funciones. Se le impuso además una inhabilitación especial perpetua para realizar tareas de custodia o cuidado de personas de sexo femenino y portar armas de fuego, debiendo circunscribir sus funciones únicamente a tareas administrativas.

El caso fue presentado por el fiscal Guillermo Lista ante el juez Marcos Burgos y contó con el consentimiento expreso de la abogada querellante Ana Vera, el propio acusado y los defensores particulares Horacio Brucellaria y Marcelo Scodellaro.

De esa manera, mediante un acuerdo pleno de juicio abreviado, se puso fin al trámite del caso con la condena del sujeto a la pena de tres años de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento de una serie de pautas de conducta de rigor, entre las que destacan la obligación de realizar un tratamiento psicológico para control de los impulsos, de incorporarse al dispositivo de Violencia contra la Mujer que disponga el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y abstenerse del acercamiento y contacto por cualquier medio respecto de la víctima.

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2019, en horas de la madrugada, cuando alrededor de las 3 de la mañana, el acusado cumplía funciones de guardia dentro del Establecimiento Penal 3 de Bariloche e ingresó a la celda 18 habitada por mujeres, para aprovechar que una de ellas dormía profundamente por haber ingerido un medicamento recetado para tratar su insomnio.

En esa circunstancia, tras pedirle a otra interna que se retire, abusó sexualmente de la detenida besándola y manoseándola en distintas partes de su cuerpo y se retiró ante la resistencia de la víctima, profiriendo amenazas para no ser denunciado.

El fiscal Lista detalló la prueba colectada en el legajo y planteó que además de la condena, el acuerdo alcanzado entre las partes implicaba la aplicación de la accesoria de inhabilitación especial perpetua, por la cual el acusado deberá además abstenerse dentro de la fuerza de seguridad de vestir el uniforme y portar arma reglamentaria, como así también de tener a su cuidado individuos de la población carcelaria tanto femeninos como masculinos, debiendo circunscribir su actividad únicamente a tareas administrativas.