Un año y seis meses de prisión en suspenso para el hombre que hostigó y amenazó a la jueza Pájaro

El juez Marcos Burgos lo había declarado responsable al dar crédito a la teoría acusatoria, ahora, impuso una pena de cumplimiento condicional a Sebastián Escalada (53), un hombre que protagonizó diversos episodios con la por entonces jueza de Familia, María Marcela Pájaro. Fue condenado por amenazas reiteradas y desobediencia a una orden judicial.

Al término del juicio oral y público contra Sebastián Escalada, el juez Marcos Burgos consideró que los hechos investigados habían sido acreditados con certeza y declaró responsable al sujeto por los delitos de amenazas reiteradas (dos hechos) y desobediencia a una orden judicial.

Ahora, tras el juicio de cesura, emitió el veredicto final con la imposición de la pena y una serie de pautas de conducta que el sujeto deberá respetar si quiere permanecer en libertad y no convertir la pena en una de cumplimiento efectivo.

El caso comenzó en el año 2017, cuando la madre de las dos hijas del acusado retiró a las niñas del establecimiento educativo al que asistían y se trasladó a los Estados Unidos de Norteamérica con un permiso de viaje por 90 días y sin derecho a cambio de radicación. No obstante lo anterior y las distintas intervenciones de las autoridades argentinas, las niñas se afincaron junto a su madre y Escalada jamás volvió a verlas.

En ese escenario, el acusado protagonizó diversos hechos que involucraron directamente a la entonces jueza de Familia, María Marcela Pájaro, quien, de acuerdo al criterio del juez Burgos, fue víctima de un acoso y hostigamiento de parte de Escalada.

Burgos consideró que todos los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, en el que Escalada se reunía con otros hombres para realizar diversas manifestaciones y hostigar a la jueza, lo que consideró, colocó a Pájaro en una situación de desprotección, vulnerabilidad y desigualdad frente a quienes llevaban a cabo las protestas.

El primero de los hechos reprochados importó el delito de amenazas y ocurrió un día que la magistrada se presentaría en un local de la UnTER para brindar una charla en un panel. Pero en la previa, Escalada se presentó en el lugar, dialogó con varias personas y autoridades del gremio docente y se mostró amenazante, según lo determinó Burgos.

Según los testimonios recogidos, el día del hecho ante la falta de respuestas, Escalada se preguntó “¿Qué tengo que hacer, matar a la jueza para que me escuchen?”.

De acuerdo a lo relatado por la propia jueza Pájaro, tras el robo de sus hijas, Escalada iba muy frecuentemente al Juzgado de Familia a buscar ayuda, pero se presentaba muy ofuscado. Pájaro empezó a sentir miedo, sufrió problemas de hipertensión, modificó sus rutinas, requirió custodia policial, presentó una licencia psiquiátrica y atravesó situaciones de pánico.

Escalada, en paralelo, radicó diversas denuncias contra Pájaro en el Consejo de la Magistratura, aunque todas fueron desestimadas. Sin las respuestas que buscaba, comenzó distintas campañas en redes sociales y sitios web, ploteó un vehículo con inscripciones que describían su caso y logró reunir adhesiones de otras personas que también sufrieron por el impedimento de contacto con sus hijos.

En ese contexto se produjo una convocatoria en la puerta del Juzgado de Familia que dirigía Pájaro, cuando un puñado de padres se presentaron para reclamar por cada una de sus causas. Pero cuando Escalada quiso acercarse al edificio, fue abordado por personal de seguridad y visiblemente alterado preguntó “¿Qué tengo que hacer para que me atiendan, volar el edificio?”.

Tanto en el caso del hecho ocurrido en un salón de la UnTER como en aquel ocurrido en las puertas del Juzgado, para el juez Marcos Burgos las dos expresiones tuvieron entidad y seriedad suficientes para inducir al miedo a Pájaro, por lo que consideró probados ambos hechos bajo la figura de amenazas reiteradas (dos hechos).

Pero además, lo encontró responsable de un tercer hecho, ocurrido a partir de la prohibición de acercamiento y de cualquier acto de hostigamiento hacia la jueza Pájaro, que el juez Pichetto le impuso a Escalada.

Según Burgos, el hecho de haber circulado a bordo de un vehículo ploteado con inscripciones dirigidas hacia la jueza, terminó verificando el incumplimiento a aquella orden judicial y por tanto el delito de desobediencia.

Al momento de evaluar el monto de pena, el juez Burgos consideró objetivamente el hecho de que Escalada “no ha visto personalmente a sus hijas desde hace más de cinco años, situación que a todas luces le ocasiona una inconmensurable angustia y dolor como padre” y que al decir de los testigos se trataba de una persona “con educación, emprendedora, afecta a los deportes, oportunamente dedicado a sus hijas y la falta del contacto aludido lo afectó en su salud y forma de vida”, lo que imponía tener en vista “principios de humanidad, proporcionalidad y racionalidad de la pena” para ponderar ese elemento a su favor “más allá de no justificar ni exculpar penalmente sus conductas”.

“En consecuencia -dijo el juez Burgos-, luego de valorar las referidas circunstancias estimó justo imponer a Sebastián Escalada la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional”, a lo que agregó además de pautas de conducta de rigor, la obligación de incorporarse al dispositivo sobre perspectiva de género del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y abstenerse de tomar contacto o acercarse a la jueza Pájaro.