Los integrantes del Cabildo no querían saber nada con deponer a Cisneros y dejar sin efecto a la Junta que se había elegido tres días antes. Al final, cedieron ante la amenaza de usar las armas.

El 25 de mayo de 1810 el Cabildo no quería aflojar un ápice. Tres días antes, el cuerpo había elegido al “señor Hidalgo de Cisneros” como autoridad. Entonces, temprano, concurrió “una multitud de gentes” al edificio, según consignan las actas capitulares. Ingresó en la sala de acuerdos un grupo de delegados para expresar que “el pueblo se hallaba disgustado y en conmoción” porque, además, el exvirrey retenía el mando militar. Señalaron que “para evitar desastres que ya se preparaban según el fermento del pueblo, era necesario tomar prontas providencias”.

Pero alcaldes y regidores no querían saber nada. Después de calmar aquellos ánimos, resolvieron no innovar, aunque tomaron la precaución de consultar nuevamente a los comandantes de los cuerpos militares, que el 24 de mayo se habían comprometido “a sostener la resolución”, es decir, la continuidad del representante del rey. A las 9.30 de la mañana, se hicieron presentes los jefes de Artillería, de Ingenieros, de Dragones, del II Batallón de Patricios, de Montañeses, de Arribeños, de Granaderos de Fernando VII, de Naturales, de Artilleros de la Unión, de Andaluces, de Húsares del Rey, del Segundo Escuadrón de Húsares, del Tercer de Húsares, de Migueletes y de Quinteros.

Cuando el síndico procurador Julián de Leiva preguntó “si se podía contar con las armas de su cargo para sostener el gobierno establecido”, los jefes de los tres primeros cuerpos permanecieron en silencio. El resto argumentó que “el disgusto era general en el pueblo y en las tropas”, que ambos “estaban en una terrible fermentación” y que “era preciso atajar este mal con tiempo”. Fue en ese instante clave que se oyeron fuertes golpes en la puerta y voces “que querían saber lo que se trataba”. Salió a calmar la efervescencia el teniente coronel Martín Rodríguez, comandante de los Húsares del Rey y futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Fue al testear el estado de ánimo de los jefes militares que los cabildantes entendieron que Cisneros debía renunciar, porque no quedaba otra si se quería evitar violencia. En forma simultánea a estos acontecimientos, se barajaban los nombres que integrarían la nueva Junta de Gobierno y los revolucionarios fueron por más. El acta dice: “había el pueblo reasumido la autoridad que depositó en el Excelentísimo Cabildo (el 22 de mayo anterior), y no quería existiese la Junta nombrada, sino que se procediese a constituir otra”.

Los capitulares intentaron una última resistencia y reclamaron que esa petición se formulara por escrito “sin causar el alboroto escandaloso que se notaba”. Quiere decir que buena parte de las alternativas que reconstruimos, se comunicaron a los gritos. Finalmente, los vocales de la Junta partidaria del rey renunciaron y después de “un largo intervalo de espera” llegó el texto que se había pedido.

Se encabezó así: “Los vecinos, comandantes y oficiales de los cuerpos voluntarios de esta Capital de Buenos Aires que abajo firmamos, por nosotros y a nombre del pueblo”. El texto reseñaba los últimos acontecimientos que justificaban el petitorio y después, seguían las firmas: eran apenas 411 que se distribuyeron en 23 fojas. Para hacer número, nueve vecinos repitieron sus nombres. Antonio Luis Beruti y Domingo French, dos de los más enérgicos revolucionarios, firmaron así: “Por mí y a nombre de seiscientos”.

El cuerpo no se dejó correr con la vaina y pidió pruebas porque “el Cabildo para asegurar la resolución, debía oír del mismo pueblo si ratificaba el contenido de aquel escrito”. Varios de sus integrantes salieron al balcón y el síndico procurador apenas si notó “un corto número de gentes”, entonces preguntó “dónde estaba el pueblo”. La gritería volvió a estallar y las amenazas pasaron a mayores.

Los revolucionarios argumentaron “que si hasta entonces se había procedido con prudencia por que (para que) la ciudad no experimentase desastres, sería preciso ya echar mano de los medios de la violencia; que las gentes, por ser hora inoportuna, se habían retirado a sus casas; que se tocase la campana del Cabildo y que el pueblo se congregaría en aquel lugar para satisfacción del Ayuntamiento, y que si por falta de badajo no se hacía uso de la campana, mandarían ellos (los partidarios de la nueva Junta) a tocar generala, y que se abrirían los cuarteles, en cuyo caso sufriría la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evitar”.

Ante esa posibilidad, los cabildantes se dieron por vencidos “y en visto de todo acordaron que sin pérdida de instantes se establezca nueva Junta”. Poco después, sus integrantes juraron y cuando finalizó el acto, Saavedra exhortó a guardar el orden y el respeto, inclusive -ahora sí- “a la muchedumbre del pueblo que ocupaba la plaza”. Después, flamantes presidente, vocales y secretarios se dirigieron “a la Real Fortaleza por entre un inmenso concurso, con repiques de campanas y salva de artillería en aquélla”. Esa noche, comenzaron su azaroso camino las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Para la confección de esta nota el autor consultó “Campañas militares argentinas. La política y la guerra”, de Isidoro Ruiz Moreno (Emecé 2005).