Revocaron sobreseimiento de exfuncionaria local sorprendida en vehículo oficial con tres millones de pesos

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los planteos del fiscal federal y tras anular el sobreseimiento de Verónica Olea Picapietra, remitió nuevamente el expediente al Juzgado Federal de Bariloche para que continúe el trámite de la investigación del caso que involucra a la exfuncionaria de la Secretaría de Energía de Río Negro, sorprendida en un vehículo oficial con más de tres millones de pesos.

El hecho investigado ocurrió el 7 de noviembre del 2020, en horario nocturno, cuando regían las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y además existían restricciones de circulación, para evitar la propagación del virus del Covid-19. Sobre un control de tránsito que realizaba personal del Escuadrón 34 Bariloche en Dina Huapi, se detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux blanca con ploteo de la Secretaría de Energía de la provincia.

El vehículo era conducido por una joven que no poseía el permiso requerido para manejar vehículos oficiales, pero a su lado viajaba Verónica Andrea Olea Picapietra, quien se identificó ante los uniformados como directora de Energía, dependiente de la Secretaría de Energía de Río Negro y explicó que viajaban desde Paso Flores hasta Bariloche.

Además de revisar la documentación del vehículo y verificar que las personas contaban con un permiso que las habilitaba a circular en las especiales circunstancias que regían durante la pandemia, los gendarmes advirtieron que entre la carga de la camioneta, había un paquete que resaltaba, pues era el único distinto al resto.

Cuando consultaron, Picapietra explicó que trasladaba dinero que no le pertenecía, pero tampoco pudo justificar su procedencia. Se dispuso una requisa y se contabilizó un total de tres millones sesenta mil pesos.

Se labraron las actuaciones de rigor y la situación derivó en una investigación por presunto delito contra el orden económico y financiero. Pero más tarde, en septiembre del 2021, el Juzgado Federal de Bariloche, por entonces a cargo de la jueza Domínguez, dispuso el sobreseimiento de la mujer y su hijo.

Pero la fiscalía no conforme con la resolución apeló y llevó el caso a la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, que rechazó sus argumentos y confirmó la decisión. La fiscalía llevó el caso ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que admitió el recurso del Ministerio Público Fiscal y anuló las resoluciones impugnadas.

En su resolución, ordenó remitir el expediente de nuevo al Juzgado Federal de Bariloche, para que reanude el trámite de la causa.

El foco de la discusión estuvo puesto en la validez del procedimiento desplegado por personal de Gendarmería y si con su accionar vulneraron el derecho a la intimidad de la mujer.

Entre los fundamentos del fallo de la Cámara de Casación, se estableció que en el vehículo “se encontraba presente una funcionaria pública que invocó el carácter de tal, de manera tal que a su respecto regían especiales deberes y pautas de comportamiento ético –entre las que se encuentran las obligaciones de fundar sus actos, de mostrar mayor transparencia y de proteger y conservar la propiedad del Estado y emplear sus bienes solo con los fines autorizados-, como así también parámetros diferentes en lo que a su esfera de privacidad se vincula” y en consecuencia, la intervención de Gendarmería Nacional no resultó “ni arbitraria ni en contradicción con las normas que regulan su actuación. En virtud de las pautas señaladas, los funcionarios no incurrieron en ninguna irregularidad”.