Karen Atala estudió abogacía e ingresó al Poder Judicial para ejercer como jueza. En el 2001 se separó de su marido de manera amistosa y se llevó a sus tres hijas con ella. En el 2003 inició una relación sentimental con una mujer, razón por la cual su exmarido le inició una demanda con el argumento que “la convivencia lésbica con otra mujer estaba produciendo (…) consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores". Las sentencias de primera y segunda instancia le dieron la razón a la madre, pero la Corte Suprema fue implacable, “[ella] ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de éstas". El padre se quedó con la tenencia.

No le quedó otra opción que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes hicieron una serie de recomendaciones al estado chileno. Como no cumplieron se inició un juicio en el 2010. En el 2012 la sentencia fue contundente, abalando el derecho a la igualdad y en contra de toda discriminación: "Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios", señaló el fallo.

Hoy recuerda que “en el juicio tenía que demostrar que el lesbianismo no me volvía mala madre”. La justicia demoró tanto que sus hijas se hicieron mayores de edad, momento en que decidieron irse a vivir con su madre. Un alto costo que sienta jurisprudencia para que otros casos similares no sean postergados.