Toma de la terminal: se van en 48 horas o los desalojan por la fuerza

El juez de Garantías Juan Pablo Laurence, hizo lugar al planteo de los fiscales para restituir el predio ocupado al municipio y otorgó un plazo de 48 horas para que la salida sea voluntaria. En caso contrario, autorizó a los fiscales a intervenir con el menor uso de la fuerza pública posible, para respetar la integridad y los derechos de los involucrados.

El magistrado señaló varios elementos que tuvo en cuenta para tomar la decisión, entre los que destacó la inmediata denuncia del municipio, en ejercicio de sus derechos posesorios y al tiempo que citó doctrina legal, resumió que “la víctima es el dueño, viva o no viva, lo ocupe o no, y mantiene la posesión salvo que voluntariamente renuncie a ella”.

En tal sentido Laurence recordó que no se discutió que un numeroso grupo de personas irrumpió en el predio y que ese número fue incrementándose con el correr de las horas, aprovechando la ausencia del propietario. También destacó que “los imputados sabían y saben que no tienen derecho sobre el predio” y remarcó que “no basta con la excusa de la necesidad”. En la misma línea concluyó que “no sería válido que cada persona que justifique una necesidad haga justicia por mano propia, no es el medio ni el modo para reclamar el derecho”.

Laurence subrayó que la medida cautelar de menor impacto que se fijó, “claramente no funcionó” y ofició al municipio y a Desarrollo Social de la Provincia a fin de que dialoguen y articulen para arbitrar los medios para brindar una solución, además de requerir la inmediata intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en el lugar, tal como lo había requerido la defensora de Menores Victoria Allen.

El magistrado resumió que la medida cautelar estaba supeditada a la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y que ambos extremos estaban acreditados y que se imponía hacer cesar los efectos jurídicos del despojo para volver las cosas a su estado natural.

En conclusión, dispuso Laurence el abandono voluntario en 48 horas y en caso contrario autorizó al Ministerio Público Fiscal a desalojar el predio, aunque observando, si esa medida es necesaria, “un marco de razonabilidad y respeto de la dignidad de las personas y la protección que sus derechos merecen”.

Para ello, deberán participar de ese procedimiento los organismos pertinentes, la SENAF, Defensoría de Menores, funcionarios judiciales, fiscales, defensores y el Consejo Provincial de la Mujer. Laurence, dispuso “regular el uso de fuerza pública, con mayor cuidado de la integridad física, identificación exacta de las personas que efectúen el desalojo”, que deberá concretarse en horario diurno, con luz solar y buen clima.

La medida tendrá efecto devolutivo, es decir que por más que la defensa apele la decisión, la misma no será suspendida. Además, prolongó la medida de no innovar que había dispuesto oportunamente hasta tanto se concrete la restitución del predio. Eso implica que no podrán ingresar personas, no podrán ingresar materiales o artículos de construcción y no podrá volver a turbarse la posesión del predio.

La defensa planteó una revocatoria a la decisión del juez en relación al efecto devolutivo, pidiendo que sea con efecto suspensivo. Es decir, que quede sujeto al proceso de apelación. Pero el planteo fue rechazado.

La posición de los fiscales

Para los fiscales Tomás Soto y Gerardo Miranda, se agotó la búsqueda de una salida pacífica, luego de que según describieron, se presentaran en el lugar y hablaran con los ocupantes, después fracasó una audiencia porque no asistieron los involucrados y finalmente en un tercer encuentro acudieron algunos representantes del grupo, pero mostraron una posición inflexible.

Según Soto, el municipio explicó la realidad a los ocupantes y manifestó que no podría dar soluciones en el corto plazo y que cualquier solución posible sería a largo plazo. Pero los ocupantes respondieron que no se irían del lugar sin un papel firmado que les garantice el acceso a un pedazo de tierra. “Es difícil encontrar diálogo, cuando la respuesta es una sola”, fulminó el fiscal.

Al mismo tiempo detallaron que de los ocupantes del predio solamente cuatro personas están en el registro de demanda del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social y castigaron: “No hicieron nada. No hay situación de riesgo. Se trata de personas jóvenes, de 25 años promedio”.

Los fiscales también aludieron a que en audiencia de formulación de cargos varias personas denunciaron domicilios en barrios residenciales de la ciudad y cuestionaron que “las vías de hecho no se justifican y no las vamos a avalar de ninguna manera”.

Los fiscales describieron también un audio que se viralizó días atrás, en el que reconocieron la voz de Agustín Sánchez Álvarez (uno de los imputados), “no hay ninguna duda de que es él”, dijo el fiscal, cuestionando que no respetaron la medida de no innovar que se dispuso. Plantearon que el audio no habla de necesidad, sino de “terrenos chetos”.

Describieron también los dos fiscales varios hechos ocurridos en las últimas horas, con el intento de ingreso al predio por parte de diversas personas.

En total resultaron detenidas ocho personas intentando ingresar al predio y se secuestraron varios autos -una Suran, una Ford Ranger y un Fiat Siena- y una motocicleta.

Soto y Miranda detallaron que ingresó más gente al predio, incumpliendo la medida de no innovar y que el peligro de consolidación de la toma es alto.

El fiscal Miranda señaló las manifestaciones que se desarrollaron en la jornada del martes, a favor y en contra de la ocupación. “No hay forma de pacificar este conflicto que no sea la salida de estas personas del lugar, si no se hace lugar, no se va a pacificar, sino que se van a manifestar incidentes y mayor violencia”, enfatizó.

Los fiscales pidieron un plazo de 48 horas para que se despliegue un desalojo voluntario, si no, se aplicará el protocolo diseñado y usado en otros casos similares de las últimas semanas, con participación de la SENAF, Ministerio de Seguridad, Salud y emergencia.

El defensor oficial Marcos Ciciarello, pidió el rechazo al desalojo y cuestionó que se trata de un “cuadro de criminalización de la pobreza” y enfatizó que se trata de derechos constitucionales y convencionales que no se están respetando. Apuntó que el diálogo no llegó a ningún lado porque “el Instituto dice que no tiene nada para ofrecer” y remarcó que entre los acusados no hay personas con antecedentes, son trabajadores que están dispuestos a pagar y están pidiendo ayuda.

La defensora de Menores Victoria Allen, solicitó al juez Juan Pablo Laurence la inmediata intervención de la SENAF en el lugar, para verificar el estado y las necesidades de los menores que permanecen en la toma hace una semana, independientemente de lo que se resuelva en la medida cautelar solicitada.

Mariano Colombo