Para pensar otra economía hay que recuperar soberanía

Al terminar el primer mes del año, las tendencias económicas de 2018 cruzaron el límite del almanaque: la inflación está lejos de dejarse domar y la recesión se profundiza, con el consiguiente impacto sobre la mayoría de la población. Los pronósticos auguran un crecimiento en los precios que oscilará entre el 30 y el 35 por ciento, niveles frente a los cuales las recomposiciones salariales, las jubilaciones y los planes sociales continuarán la pérdida de su capacidad adquisitiva, en sintonía con el trienio anterior.

El año pasado, los precios minoristas crecieron 47,6 por ciento, pero los mayoristas treparon un 73,5 por ciento, quiere decir que todavía queda un remanente de incrementos que deberían notarse en los primeros meses de 2019. La consecuencia será una profundización de la desigualdad porque, sobre todo, la inflación implica una transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y cuentapropistas hacia los más concentrados.

Por su parte, los organismos internacionales auguraron una caída de la actividad económica que supera bastante el 0,5 por ciento que previó el gobierno en el Presupuesto, con el aval de bancadas opositoras. La CEPAL avisó que el desmoronamiento será del 1,8 por ciento, más en menos en línea con el FMI, que calculó 1,7 por ciento. Recordemos que 2018 marcó una contracción del 2,2 por ciento. De manera que de los cuatro años de gestión de Cambiemos, tres serán recesivos.

La recesión implica una menor producción de bienes y servicios como consecuencia de la merma en la actividad económica, con sus efectos previsibles en la distribución de la riqueza. La debacle del sector privado se combina con el achique permanente del gasto público en aras de reducir el déficit fiscal, para estar en condiciones de afrontar el elevado endeudamiento que acentuó el gobierno desde que asumió.

La realidad económica recesiva perjudica al 60 por ciento de la población, según estableció el propio INDEC. Es realmente llamativo que frente a tamaño cuadro económico y social, el presidente en ejercicio tenga chances de ir por la reelección, después de redondear su actuación con el peor año desde la crisis de 2001-2002. Sin embargo, existen chances verosímiles de que Macri siga en la Casa Rosada entre 2019 y 2023.

En situaciones más o menos normales, solo cabría esperar el voto castigo y una aspiración mayoritaria a transitar por nuevos rumbos. No obstante, la fragmentación del peronismo puede allanarle la tarea a Cambiemos. Además, desde los grandes medios de comunicación se instaló la idea de una voluntad electoral repartida en tercios, cuando en realidad se trata de meras especulaciones que deberán sortear varios trámites electorales en 2019.

La única candidatura confirmada a nivel nacional es la del presidente, aunque todavía resta para las formalizaciones y se sabe, en la Argentina puede pasar cualquier cosa. En los ámbitos opositores que tienen mayores chances de acceder al poder, abundan las postulaciones previas. El mapa de las confrontaciones todavía no está claro, pero se admite que habrá que concurrir a un balotaje porque según las estimaciones, nadie alcanzará ventajas definitivas en octubre.

Esa indefinición política se traduce en “incertidumbre” para los mercados y una mayor presión de los grupos más concentrados para que no se modifique el rumbo económico, en cuanto al predominio de los intereses del capital en desmedro del trabajo. La espera hacia octubre se matizará con las elecciones provinciales, algunas de las cuales se anticiparán en varios meses, como es el caso de Neuquén y Río Negro. Quiere decir que el debate político de características electorales debería estirarse durante buena parte del año.

Las discusiones entre los representantes de las fuerzas políticas convivirán con la creciente conflictividad social, consecuencia de los incrementos en las tarifas, los recortes en salud y educación, y la pérdida de otros derechos.

De hecho, ya se registraron airadas protestas en Buenos Aires y otras grandes ciudades ante la continuidad de los aumentos en los servicios públicos y los cortes de energía eléctrica.

El movimiento sindical madura las condiciones para un paro general antes de que finalice el verano y hay que recordar que, a escala nacional, ya es tradicional el enfrentamiento entre los gobiernos de las diversas provincias y los gremios docentes. Particularmente agudo resultó durante el año pasado el conflicto en las universidades, ante la considerable retracción presupuestaria y sus correlatos salariales.

Más allá de las urgencias electorales, es evidente que hace falta un gran debate que preceda la elaboración de un programa distinto al que rige, de exclusión, achique, concentración y extranjerización. Por el lado del oficialismo, se querrá avanzar en más reformas laborales y previsionales, según se acordó con el FMI. Una vez más, recuperar soberanía aparece como objetivo válido en términos económicos para la Argentina.