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LOS SORPRENDIERON CON COCAÍNA Y MARIHUANA

04/01/2019

Dos condenados por tenencia y comercio de drogas en Ingeniero Jacobacci  

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca dispuso la condena de dos sujetos oriundos de Ingeniero Jacobacci, a quien las autoridades policiales habían sorprendido con varios gramos de cocaína y marihuana con destino al comercio en esa localidad. Aunque las penas aplicadas fueron menores, uno de ellos ya registraba antecedentes e irá a prisión.

Aldo Néstor Rosales y Mario Nelson Rosales, hermanos de 56 y 58 años de edad y domiciliados en Ingeniero Jacobacci, resultaron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, por los delitos de tenencia simple de estupefacientes, tras haber sido sorprendidos en el marco de un allanamiento practicado en su vivienda, con un total de 40 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana.

Según la imputación formal que realizó la fiscalía, se les imputó a los hermanos el haber tenido la cantidad total de 41,4 gramos de cocaína y 109 gramos de marihuana conforme test y pesaje de campo efectuados por la prevención, en un procedimiento llevado a cabo en el domicilio de la calle Rodhe N° 2168, por parte del personal de la Policía Federal Argentina que actuó bajo órdenes del Juzgado Federal local.

En el marco de un juicio abreviado los dos acusados, su defensor particular José Gabriel Pérez y el fiscal federal Alejandro Moldes, acordaron la calificación legal del hecho y la sanción punitiva a aplicar, acordando en definitiva la pena de dos años de prisión en suspenso para Aldo Néstor y de un año de prisión para Mario Nelson, quien por haber registrado una condena previa, acordó la acumulación de ambas condenas y la aplicación de una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Los dos acusados prestaron su conformidad respecto de la existencia de los hechos atribuidos, la participación en el mismo, la calificación legal que el representante de la vindicta pública formulara al proponer el trámite, a las penas requeridas y a las formas de cumplimiento. Asimismo las partes acordaron en la audiencia la imposición de 225 pesos en concepto de multa para y las costas del proceso para cada uno de los acusados.

En relación al acuerdo y los hechos atribuidos, el juez Alejandro Silva apuntó que “El suceso quedó fehacientemente acreditado a partir del resultado de la diligencia de allanamiento del domicilio en el que se encontraban los imputados”. Según describió el magistrado al repasar la prueba reunida en el expediente, la causa dio inicio a partir de una denuncia anónima efectuada al servicio 0-800 drogas dependiente del Gobierno provincial.

Al respecto señaló el juez que “No se han demostrado causales que disminuyan sus responsabilidades o que de algún modo hayan viciado sus voluntades. Por todo lo cual resulta claramente acreditada la participación y responsabilidad penal de los encausados. Sobre todo por la cantidad de la droga secuestrada que excede completamente las unidades módicas o mínimas que revelarían el exclusivo uso personal”.

Señaló además que la prueba reunida no alcanzaba para confirmar “la hipótesis sostenida durante el transcurso de la investigación conforme la cual los imputados comercializaban estupefacientes a en el domicilio de calle Rodhe nro. 2168, sustentada a partir del material arrojado por las transcripciones telefónicas y seguimientos realizados, no alcanza a conformar una evidencia necesaria para agravar su conducta, teniendo presente que la instrucción no determinó claramente el propósito de alguna hipótesis prevista en el art. 5 de la ley de estupefacientes”.

Al dictar sentencia, el juez Silva evaluó “como agravantes comunes, que se trata de adultos mayores de edad, también computo las circunstancias y características que rodearon a los hechos que aquí se le reprochan y el peligro producido al bien jurídicamente protegido, en atención a la cantidad de material estupefaciente incautado. Y en particular que Mario Nelson Rosales registra una condena firme. Como atenuantes comunes, sus condiciones personales, especialmente su bajo nivel de instrucción, su precaria situación económica, así también que han reconocido sus responsabilidades en el hecho que se les imputa, entonces los montos punitivos acordados lucen ajustado a derecho”.

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