El ajuste no debe llevarse por delante los derechos de la niñez

Los ajustes que plantean los partidarios de la economía ortodoxa siempre se llevan por delante derechos concretos. La situación que enfrenta la Argentina requiere de desafíos y decisiones valientes, si es que se quiere garantizar, entre otros, el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el planteo que hizo conocer UNICEF Argentina a comienzos de la semana que se va.

La filial local del organismo pasó las cosas en limpio, a partir de los propios anuncios del Ministerio de Hacienda, en el marco de sus negociaciones con el FMI. Se hizo público que, para 2018, hay que aguardar una contracción del PBI del 2,4 por ciento y del 0 por ciento para 2019. Para el año en curso, la inflación será del 42 por ciento. En ese contexto, las metas fiscales apuntan a lograr un déficit primario del 0 por ciento en 2019 y un superávit del 1 por ciento en 2020.

No hace falta abundar demasiado: la creciente inflación y la caída en la actividad impactan de lleno en los salarios reales. La combinación afecta el poder adquisitivo de las familias y atenta contra su bienestar, en especial, el de aquellos hogares que cuentan con niños y niñas. La situación se puede tornar dramática en los casos de aquellos que ya se encontraban en situación de pobreza antes de la megadevaluación, con bajos ingresos o empleos informales.

En el país donde gobierna Cambiemos hace poco menos de tres años, la pobreza afecta a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes. Hay que recordar que la proporción pobre de la población en general asciende al 25,4 por ciento. Salvo que se padezca de algún tipo de amnesia, argentinos y argentinas saben que las crisis económicas implican severas consecuencias para la niñez y la adolescencia. Entre ellos, el abandono de la escuela.

La desescolarización es la excusa para procurar un rápido ingreso al ámbito laboral, que no siempre se produce. Por otro lado, la pobreza incluye la disminución en la cantidad y calidad de alimentos que consume la niñez, además de restricciones en los servicios de salud. Como se recordará, en situaciones como las de hoy, suelen generalizarse violencias hacia niñas, niños y adolescentes, al desencadenarse la degradación social.

Frente a las necesidades del sector público, hay que recordar que garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes no es solamente una responsabilidad ética y legal, además tiene implicancias en las políticas económicas y sociales, al igual que en la asignación y distribución de los recursos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los gobiernos deben asegurar que, ante cada disposición, ha de prevalecer la mejor opción para la niñez.

El mismo instrumento obliga al Estado a asignar los recursos materiales y económicos que garanticen a la niñez el goce de sus derechos “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. En épocas de crisis, no se pueden adoptar medidas regresivas que pongan en riesgo a la infancia. Más bien es a la inversa… Sin ir más lejos, el Comité de Derechos del Niño recomendó al país proteger los recursos que se habían asignado a la niñez y asegurar que se ejecuten de manera completa y eficiente.

Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional y los gobiernos provinciales frente a la situación económica ponen a prueba estos compromisos. El Presupuesto 2018, en cuanto a políticas y acciones en áreas sensibles para niñas, niños y adolescentes, todavía evidencia la intención de llevar adelante una agenda favorable para la niñez. Incluso, el acuerdo que firmó Nación con el FMI contempla el compromiso de no reducir las partidas de políticas sociales. No obstante, muchas de esas iniciativas presentan hoy importantes niveles de subejecución. En el contexto que mencionábamos más arriba, no sería extraño que el presupuesto específico sufriera recortes.

Entonces, UNICEF Argentina instó al gobierno nacional a proteger a la niñez y adolescencia, ante los previsibles efectos de la situación económica. En el marco de la discusión sobre el Presupuesto 2019 y el cumplimiento de las metas fiscales, es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia, es decir, proteger, ampliar y aumentar las prestaciones del sistema de protección de ingresos para las familias con niños en situación de pobreza.

Asimismo, es imperioso asegurar que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a la canasta básica alimentaria; mantener el flujo de atención y suministros en la salud pública; blindar el presupuesto de los centros de cuidado infantil; y garantizar servicios educativos universales. La inversión con mayores retornos que se puede hacer en tiempos de austeridad es proteger el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia.