Qué cambios proponen para las personas en situación de calle en la nueva Carta Orgánica de Bariloche
La Mesa de Trabajo Participativa para el Diseño de Iniciativas Estatales sobre la Problemática de Personas en Situación de Calle de San Carlos de Bariloche presentó un documento con propuestas para incorporar esta problemática a la reforma de la Carta Orgánica Municipal. La iniciativa busca que la nueva normativa reconozca derechos, establezca compromisos institucionales y garantice políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo.
Carrera anual de "La calle no es un lugar para vivir" una actividad de visibilización que muestra la problemática. Foto: Euge Neme
El espacio, conformado en abril de 2024, reúne a personas que están o estuvieron en situación de calle, organizaciones sociales, dispositivos municipales, instituciones de salud e investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, entre otros actores. Su objetivo es aportar al diseño de políticas públicas a partir de la experiencia territorial, la articulación institucional y la participación de quienes atraviesan esta realidad.
La propuesta se inscribe en el proceso de reforma de la Carta Orgánica, sancionada en 2007, que actualmente no contempla de manera específica la situación de calle. Para la Mesa, la actualización representa una oportunidad para incorporar los avances de la legislación nacional y provincial y fortalecer las respuestas del Estado municipal.
El documento toma como referencia la Ley Nacional 27.654, de Situación de Calle y Familias Sin Techo, sancionada en 2021, y la Ley Provincial 5614, de 2022, que creó el Sistema de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle.
Entre sus principales planteos, propone reconocer a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo como sujetos de derechos, garantizar el acceso a la salud, la vivienda, el trabajo y la educación, y desarrollar mecanismos de prevención y acompañamiento que no se limiten a la atención de emergencias.
Ocho ejes para una política integral
Las propuestas se organizan en ocho áreas: reconocimiento y protección de derechos; salud, cuidados y acompañamiento; hábitat, vivienda y alojamiento; acceso a la Justicia y documentación; trabajo, educación e inclusión; espacio público y convivencia; participación; e información, presupuesto y continuidad de las políticas.
Dos muchanos del Hogar Emaús, mostrando donde se hacían un lugar para pasar las noches en la calle. Foto del Libro detrás de la Postal, Euge Neme
En materia habitacional, la Mesa plantea promover alternativas de vivienda y alojamiento seguras y accesibles, prevenir la pérdida de la vivienda y contemplar las distintas composiciones familiares, evitando respuestas que impliquen separar a sus integrantes.
En salud, propone garantizar el acceso sin discriminación a los servicios sanitarios y de salud mental, fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y asegurar la continuidad de los acompañamientos. También destaca la necesidad de contemplar las particularidades de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y diversidades sexuales y de género.
Otro de los puntos centrales es el derecho al uso de los espacios públicos. El documento sostiene que la situación de calle no debe constituir, por sí misma, un motivo para restringir el acceso a espacios, servicios e infraestructura públicos, y plantea evitar políticas de convivencia y seguridad que criminalicen o estigmaticen a esta población.
La propuesta también incluye medidas para favorecer el acceso al empleo digno, la formación, la documentación y la asistencia jurídica, además de mecanismos de producción de información y recursos presupuestarios que permitan sostener las políticas más allá de los cambios de gestión.
La participación como principio fundamental
La Mesa considera que la situación de calle es una problemática compleja y multicausal, que no puede abordarse exclusivamente como una cuestión habitacional o asistencial. Por eso, propone incorporar esta perspectiva de manera transversal en las políticas municipales de salud, cuidados, vivienda, hábitat, trabajo, educación, participación y protección de derechos.
En ese marco, uno de los principios fundamentales es garantizar la participación de las personas que están o estuvieron en situación de calle en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas que las afectan.
La Mesa Interdisciplinaria de Políticas Públicas para Personas en Situación de Calle en el Concejo Local. Foto: Euge Neme
El documento plantea que esa participación debe ser efectiva y accesible, con modalidades, tiempos y espacios adecuados a las distintas condiciones de vida. También propone reconocer sus experiencias y saberes como aportes fundamentales para la construcción de respuestas públicas.
La Mesa cuenta con una trayectoria de articulación comunitaria e institucional que incluye el trabajo conjunto con la Fundación Emaús Bariloche, el Hogar Emaús, el equipo de acompañamiento del Centro de Prevención de Adicciones (CPA), la Mesa sobre Tuberculosis del Hospital Zonal y equipos de investigación de la UNRN, entre otros actores.
En 2025, su labor fue declarada de interés municipal y comunitario por el Concejo Municipal, a partir de una iniciativa de la concejala Roxana Ferreyra, del bloque Nos Une. En 2026, el espacio recibió además un diploma de honor del Senado de la Nación.
Una oportunidad para sostener las políticas en el tiempo
El documento aclara que los aportes no constituyen un texto definitivo ni implican que todas las medidas deban resolverse exclusivamente mediante la Carta Orgánica. Algunas propuestas requerirán ordenanzas, programas específicos, presupuestos y acuerdos con organismos provinciales y nacionales.
El objetivo es establecer un marco institucional que reconozca derechos, oriente la acción estatal y permita sostener políticas integrales, participativas y coordinadas, sin que dependan exclusivamente de las prioridades de cada gobierno municipal.
La Mesa resume su planteo en tres principios: reconocer a las personas en situación de calle como sujetos de derechos, garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos y asegurar su participación en las decisiones que las afectan.