JUSTICIA
Enriquecimiento ilícito: vence el plazo para que Adorni justifique su patrimonio
Manuel Adorni, destacado ex jefe de Gabinete de ministros de la Nación, enfrenta en estos días una prueba crucial al tener que justificar la notable evolución de su patrimonio desde su presencia en la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023. Con el reloj en cuenta regresiva, Adorni debe presentar una respuesta convincente ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, intentando esclarecer cómo su robusto patrimonio se incrementó de manera meteórica en tan poco tiempo.
La génesis del problema radica en un informe detallado, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que ha puesto bajo la lupa las declaraciones juradas del ex funcionario, en un exhaustivo documento de 207 hojas.
En diciembre pasado, la defensa de Adorni había solicitado una prórroga para acceder a evidencias, la cual fue concedida por el juez federal Ariel Lijo. Este respiro le permitió al entorno del ex jefe de Gabinete analizar de cerca las pruebas recopiladas y preparar un contraargumento sólido y sostenible. Sin embargo, esta semana marca el cierre definitivo del plazo para presentar esas explicaciones, dejando a Adorni atrapado entre la presión mediática y sus posibles argumentos jurídicos.
Entre los múltiples interrogantes sobre los que tendrá que arrojar luz, se encuentra el desbalance registrado en sus finanzas. Entre finales de 2023 y mediados de 2026, Adorni y su grupo familiar habrían registrado ingresos en pesos que apenas alcanzan los 229,7 millones, mientras que sus gastos se dispararon hasta unos 272,8 millones. La diferencia de 43,1 millones es ahora foco de sospecha e interés judicial. Por otro lado, el origen y destino de aproximadamente 402.578 dólares, obtenidos a través de diversas operaciones, tampoco concuerdan con sus declaraciones patrimoniales.
El origen, uso y disposición de estos dólares es un capítulo especialmente problemático para el ex funcionario. Declaró que provinieron de ventas de activos que más tarde rectificó en sus declaraciones juradas. Los detalles específicos sobre estos activos, sus compradores y la ruta del dinero están en el centro de los requerimientos del fiscal. Sumado a esto, la compra de propiedades y remodelaciones, como la famosa urbanización Indio Cuá, levanta más sospechas. En particular, los pagos a Matías Tabar, el contratista responsable de las remodelaciones, por un total de 245 mil dólares en efectivo.
El desfile de adquisiciones cuestionadas incluye también un departamento en la vibrante zona de Caballito y el lujoso mobiliario asociado a esa propiedad. Una parte de las erogaciones han sido rastreadas a su esposa, Bettina Angeletti, sugiriendo una posible vinculación financiera más profunda que deberá explicar.
Préstamos familiares, la compra de una Jeep, y gastos inusitados durante viajes internacionales, todos estos aspectos añaden complejidad al caso. De igual manera, las sospechas sobre honorarios vinculados a transacciones inmobiliarias aún no controlados, se suman a la serie de explicaciones exigidas por la ley.
Un nuevo ámbito de incertidumbre es decir, está relacionado con activos de criptomonedas. Sus interacciones con diversas plataformas y el origen de fondos que declararía a lo largo de su carrera pública previa, son piezas clave de un problema financiero complicado, el cual aún necesita constatar ante la justicia.