El Municipio y la CEB abren una tregua de 90 días para auditar la deuda por el alumbrado público
En un paso clave para destrabar un diferendo institucional complejo en San Carlos de Bariloche, representantes de la Municipalidad y de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) acordaron congelar las acciones judiciales y administrativas vigentes por un plazo de tres meses. La medida, consensuada en el ámbito de la Comisión de Transacciones, rige desde este martes 1 de septiembre hasta el próximo 30 de noviembre.
El entendimiento abre una ventana de tiempo destinada a poner orden en la información técnica, financiera y patrimonial relativa al servicio de Alumbrado Público y a los Tableros Comunitarios, además de pausar el reclamo por la deuda judicializada que contrapone a ambas entidades.
Transición técnica y toma de conocimiento
El Director General de Relaciones Institucionales del Municipio, Antonio Zidar, se refirió al alcance del acuerdo y enfatizó que esta pausa se pautó de común acuerdo antes de que se conociera el reciente fallo de la Justicia.
“Básicamente, en estos tres meses se va a continuar con el proceso de toma de conocimiento de todo el sistema de Alumbrado Público”, explicó el funcionario en diálogo con El Cordillerano.
Durante el encuentro de este lunes, las autoridades de la CEB hicieron entrega de documentación clave. Este paso resulta indispensable para dimensionar la infraestructura física del sistema —que comprende luminarias, vehículos y equipamiento operativo— y fue el motivo central por el cual no se pudo concretar el traspaso en la fecha prevista originalmente del 1° de septiembre.
Auditoría de números y reclamos cruzados
Respecto del reclamo monetario promovido por la cooperativa, desde la Comuna aclararon que las cifras expuestas serán sometidas a una revisión exhaustiva.
Al respecto, Zidar explicó que si bien la cooperativa habla de una cifra puntual, el Municipio cuenta con elementos para contraponer. “Hay que trabajar en el detalle, puede que esos montos no terminen siendo tales, pero hay mucho para contraponer del lado del municipio, hasta puede ser que sean inversas las obligaciones”, reflexionó.
Desescalar el conflicto institucional
Desde la Municipalidad destacaron la trascendencia de bajarle la tensión al choque entre dos entidades de fuerte peso específico en la comunidad. El objetivo de las mesas de trabajo que se desarrollarán durante los próximos meses es evaluar si el Municipio asumirá finalmente la responsabilidad directa sobre el Alumbrado Público —modalidad vigente en numerosas ciudades del país— o si se acuerda otro esquema.
“Se puso un freno al conflicto entre dos instituciones muy importantes para la ciudad y su comunidad. Estamos contentos con la determinación que se tomó porque estamos convencidos de que, en estos 90 días, se va a poder dialogar de todos los temas y llegar a buen puerto”, señaló Zidar, remarcando que si al llegar a una cifra final hay que pagar o cobrar, se hará.
Para finalizar, el Director General de Relaciones Institucionales felicitó a las autoridades de ambas entidades, destacando que “entendieron el peso específico del momento y supieron proponer el diálogo antes de avanzar en sus justas y legítimas miradas sobre los distintos problemas planteados”.
El fallo
Este lunes por la tarde, se conoció el fallo judicial que resolvía llevar adelante la ejecución en contra del Municipio condenándolo a pagar la suma de $ 3.903.588.550,77 en concepto de capital reclamado, más intereses y costas de acuerdo a la liquidación final.
Además, se libraba un oficio a instancias del ejecutante al registro de Embargos Judiciales sin afectación de los recursos transferidos por el gobierno nacional o provincial destinados al cumplimiento de programas especiales o que tenga un destino específico.
Este martes, comenzó el plazo de 3 meses de diálogo para acordar cifras finales relacionadas con la deuda citada por la CEB y con el traspaso del Servicio de Alumbrado Público al municipio.